Operaba desde 1988 red de tráfico de niños en Jalisco; habría dado 240 en adopción ilegal

 

 

Sanjuana Martínez

 

Guadalajara, Jal., 15 de diciembre. A cambio de 3 mil pesos, Elisa Chávez García prestó a su hijo de un mes de nacido durante 15 días para que participara en una campaña de publicidad contra el aborto. Nunca imaginó que el documento que firmó cedía la custodia del menor a una pareja de Irlanda para el inicio de un proceso de adopción.

Yo no sabía, nos engañaron. Nunca pensamos que todo era mentira, dice con tono de lamento Elisa, madre soltera de 21 años, en condición de extrema pobreza, quien fue elegida junto a otras 10 mamás en situación similar, por una red nacional e internacional de adopciones ilegales, cuya estructura sigue funcionando con total impunidad en México, según denuncia Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación Find, organización que se dedica a buscar niños robados y desaparecidos.

Se trata de una red nacional de tráfico de niños. La mayoría de las adopciones de esos menores no corresponde a gente de Jalisco o Colima. Son adoptados por personas de Nayarit, estado de México, Chihuahua, Tijuana... y por extranjeros de distintos países, que vienen a Colima a hacer el trámite. En este momento, Colima es el paraíso de las adopciones ilegales por la laxitud de sus leyes, dice en entrevista.
Nadie sabe con exactitud cuántos niños desaparecidos hay en México, pero Estrada Juárez considera que pueden ser más de 500 mil. Por cada uno –señala– un extranjero paga de 500 mil a 700 mil dólares, y un mexicano hasta medio millón de pesos.
Al no ser un delito federalizado y no existir coordinación entre las procuradurías de Justicia de los distintos estados, es muy difícil saber el número. Cuando se pierde a un menor su caso se va a la agencia de desaparecidos hasta que no se determina que fue robo. Hay manipulación de las cifras y no existen estadísticas confiables; no sabemos a cuántos se han robado, cuántos salieron por supuesta ausencia voluntaria. Las adopciones son legales de forma, pero en el fondo son ilegales y no se está investigando porque representa un gran negocio para los funcionarios corruptos, dice este hombre, que ha dedicado parte de su vida a la defensa de los derechos de los niños.
Con amor: la adopción es la mejor opción para los dos. Sí a la vida, no al aborto, dice el anuncio publicitario de la supuesta campaña para la cual las 11 madres prestaron a sus hijos, con edades que oscilan entre el mes y los dos años.
Los contratos están a nombre de Laura Fabiola Carranza Talamantes, quien entregó a su hijo Alejandro Raúl Carranza Talamantes; Cecila Vázquez Díaz, entregó a Camila Velázquez; Elisa Chávez García, a Ángel Alejandro Chávez García. También, a nombre de los menores Cristian Guillermo Montes González, de dos meses; Eduardo Niño Hernández, de cinco meses; Camila Yaret, de ocho meses; Ángel Chacez García, de dos meses, y Naidedin Brillet Esparza Mendoza, de seis meses.

Enganchadores identificados

Las enganchadoras fueron Silvia Guadalupe Soto y Guadalupe Lizeth Bosques Montaño. Ambas acudieron a la colonia Estancia, una de las más pobres de Guadalajara, para elegir a los bebés y a sus madres. El documento firmado cedía la custodia, por motivos de trabajo publicitario, al despacho jurídico Asociados López y López, representado por Carlos López Valen- zuela y su hijo Carlos López Moreno quienes, a su vez, entregaban la supervisión de los menores a la nana María del Carmen Quiñones Muñoz.

Los niños eran concentrados en el hotel Posada del Marqués, donde los abogados López decidían quién se quedaba, con base en su aspecto y salud. Después se los llevaban al hotel Suites Moravia para entregarlos a los irlandeses: De allí, para no levantar sospechas, se los llevaban a Chapala, concretamente a Ajijic, donde tenían dos casas en renta permanente. Finalmente trasladaban a los bebés y a los irlandeses a Colima para realizar los trámites de la adopción; de allí viajaban al Distrito Federal para luego volver a Irlanda, dice Estrada Juárez con la denuncia presentada ante las autoridades de Colima contra la asociación para la mujer embarazada en desamparo Vida y Familia (Vifac), por su supuesta participación en los hechos.

Los niños fueron encontrados por las autoridades de Jalisco cuando estaban con las parejas irlandesas: Michael y Anne Marie Maguire, Alan y Martina Mulvey, Eamonn y Karen Byrne, Daragh y Geraldine McCann, Brendan y Caroline Kavanagh, Ciaran y Blanaid Carey, Paul Francis y Elaine Bridget O’Brian, Cathal y Siobhan Temple, John Thomas y Ciara Mary Compton, Abrose y Briugid McGowan, John Christopher y Sinead Scott y Mark Joseph y Grainne Buckley.
La red de tráfico de niños con fines de adopción ilegal finalmente fue descubierta desde enero pasado: los niños fueron retenidos y ocho mexicanos que funcionaban como elementos operativos fueron capturados, pero los culpables intelectuales y financieros del tráfico de menores, que involucra a irlandeses, funcionarios del Registro Civil, jueces y a los abogados López y López, siguen prófugos.
No ha habido justicia, dice el abogado Yuri Márquez, de la Fundación Find. “Aseguraron a 11 menores de 11 madres; se empezaron hacer las indagatorias y en un principio la Procuraduría General de Justicia de Jalisco las presentó como inculpadas, no cómo víctimas. Como si ellas tuvieran la intención de vender a sus hijos; las tenían como sujetos activos del delito de tráfico de menores, pero después de desahogar varias diligencias y de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) atrajo la investigación, comprobamos que ellas fueron víctimas de un engaño. Para las mamás que viven en extrema pobreza, prestar a sus hijos a cambio de una cantidad que iba de 3 mil a 10 mil pesos fue una oportunidad muy grande, porque a veces no tienen ni qué comer”.

Red nacional

Quiero olvidar todo. A mi hijo se lo llevaron cuando tenía un mes y me lo entregan con siete meses. Imagínese como me siento, dice Elisa Chávez García mientras acaricia a Ángel Alejandro, quien fue retenido por las autoridades de Jalisco para entregarlo al Hospicio Cabañas; recientemente fue devuelto a su madre.

No quiero saber nada del asunto; ya tengo lo más importante, que es mi niño y a mis sobrinos Raúl y Dana Karen Carranza Talamantes. Se tardaron mucho en entregárnoslos porque les hicieron las pruebas de ADN para ver si eran nuestros hijos, y luego nos hicieron estudios para ver si podíamos tenerlos. Sufrimos mucho, comenta.
Juan Manuel Estrada Juárez señala que descubrieron que las adopciones se hicieron primero en el registro de Zapopan: Todo se comprobó e interpusimos denuncias en Jalisco y Colima, pero a escala federal la investigación de la Seido no avanza. Primero pusimos al descubierto las adopciones ilegales a escala internacional y ahora estamos denunciando las red que opera mediante dos jueces en el estado de Colima para llevarlas a cabo por conducto de Vifac, que fue nombrada por el gobierno como tutores sustitutos, figura que no está contemplada en la ley y las denuncias no avanzan. Estamos en el limbo. Tenemos a los culpables financieros y no es posible que a estas alturas no se les hayan congelado sus cuentas y se haya hecho otro tipo de investigación para localizarlos.
De acuerdo con el expediente judicial, al que ha tenido acceso La Jornada, en el estado de Colima no ha habido adopciones de niños colimenses en los últimos cinco años, lo cual quiere decir que todas las que se han hecho son de menores de otros estados de la República.
De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Find, esta red en concreto trabajaba desde 1988 y sustraía cinco menores cada seis meses, lo cual quiere decir que ha habido aproximadamente 240 niños mexicanos dados en adopción ilegal.
Para Yuri Márquez lo más sospechoso es que la procuraduría de Jalisco en un principio no quería aceptar que se trataba de una red de tráfico de menores: Argumentaban que era una renta de niños, no una venta, pero les obligamos a retractarse y reconocer el delito. El caso es obvio: tenemos un despacho encargado de promocionar una red de niños mexicanos en adopción en otros países a cambio de una contraprestación económica; una red nacional que sigue funcionando. Existen leyes, el problema es que se mueven cantidades estratosféricas de dinero y los funcionarios se corrompen.

Fuente La Jornada