#Pemex: corrupción y opacidad compartidas

Arturo Alcalde Justiniani

Si usted pretende conocer la situación sobre el sindicato petrolero y sus relaciones con Pemex, confirmará la extrema dificultad para lograrlo, pues opera un cerco informativo altamente sofisticado difícil de romper. Nos referimos no sólo a la condición financiera del gremio, que es la parte más criticada, sino también a los convenios y acuerdos que dicho sindicato ha celebrado con la empresa y a sus nexos con el gobierno. También con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A pesar de este blindaje informativo deliberado y compartido entre sindicato, empresa y gobierno, ha sido difícil encubrir la corrupción existente, porque ésta no tiene límites. Saltan a la vista hechos tan notorios como el yate en Cancún, el reloj de 200 mil dólares, los viajes a Las Vegas, la hija del líder en avión privado con tres mascotas cómodamente instaladas y los Ferrari, actos que son la punta del iceberg de un modelo que se reproduce en cada una de las 36 secciones
sindicales, a lo largo y ancho del país. Estos hechos han sido del dominio público y no han merecido explicación alguna, simplemente porque a los líderes sindicales beneficiados les tiene sin cuidado la opinión de la sociedad, les importa eso sí, la de la empresa y del gobierno, porque ellos les aseguran impunidad.
La complicidad gubernamental no ha sido privativa del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) cuando estuvo en el poder asumió una actitud similar; basta recordar cómo Vicente Fox, siendo presidente, dejó colgado a Francisco Barrio, entonces contralor federal, cuando éste anunció que caerían peces gordos al tener en sus manos acreditada la entrega de 500 millones de pesos del líder petrolero al candidato presidencial priísta, Francisco Labastida. Simplemente se le paró en seco, en un acto que definió la política a seguir por el gobierno foxista de plena connivencia con las prácticas corruptas que había prometido erradicar. Ahora, de nuevo en la oposición, el PAN propone suprimir los cargos que tiene el sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, como si con esta medida pudiera favorecer el saneamiento al que renunció cuando tuvo posibilidad de hacerlo.
Si observamos las constantes negativas del sindicato para someterse a la ley de transparencia vigente, en relación a los múltiples recursos que recibe de la empresa, presentados de distintas maneras: subsidios, apoyos para eventos, incluso préstamos sin intereses, confirmamos que la negativa inicial a brindar la información proviene de la propia empresa petrolera que otorga los recursos y no del sindicato, aunque sea éste el que haga el trabajo sucio de enredar los procedimientos para sustraerse de una obligación elemental: informar sobre el destino de los recursos públicos entregados para un determinado fin. Por ello, con toda razón, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Gerardo Laveaga, reclama como un punto central en la agenda nacional el tema de la transparencia sindical y su compañero, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar, denuncia la resistencia del sindicato de Pemex a someterse a las reglas mínimas de transparencia. En una frase definió tal actitud: Tiro por viaje, piden amparos.

La impunidad y corrupción del sindicato serían impensables sin la abierta complicidad de la empresa, ya que el apoyo no se limita a la entrega de recursos públicos, se complementa con una serie de acuerdos tanto por la vía del contrato colectivo, como por convenios paralelos que se guardan como secretos de Estado y que históricamente han comprendido la entrega de plazas, la participación en negocios, materia exclusiva de la administración empresarial y el trato privilegiado al grupo designado por la dirigencia sindical.
Cada negociación colectiva se convierte en un misterio que se va descubriendo con los años; en la pasada revisión contractual, por ejemplo, se convino separar el tema pensionario para que éste fuese una negociación posterior al desahogo de la iniciativa de la reforma energética a través de un trato directo entre el sindicato y la Secretaría de Hacienda. En lo que se refiere al personal de confianza, sin decir agua va, simplemente se le dejó fuera de la contratación colectiva como parte de un nuevo trato laboral cuyas características no se explicitan para que no exista por ahora protesta de esos trabajadores.
Es importante aclarar los motivos por los cuales la empresa y el gobierno han apostado a compartir formas de corrupción y opacidad. Un primer motivo deviene del interés por mantener el control de los trabajadores y la subordinación del liderazgo sindical; las rebeldías, como sucedió en el caso de La Quina, se pagan caro. Un segundo motivo tiene carácter político-electoral, ya que se utilizan los recursos entregados al sindicato para el apoyo a las campañas electivas.
Una tercera razón tiene intereses de corte particular y doméstico, existen múltiples negocios en los que están involucrados funcionarios y dirigentes sindicales que requieren un silencio compartido. Cualquiera que tenga relaciones comerciales con esta empresa sabe de los arreglos que es necesario hacer para la contratación de ventas, compras o servicios en la que se debe obtener el beneplácito del líder sindical en la zona aunque nada tenga que ver con su función de representante gremial.
Recordemos los jugosos contratos con compañías extranjeras para la adquisición de barcos o venta de hidrocarburos que nunca fueron debidamente aclarados, para no hablar de la jugosa ordeña de ductos en la que muchos están involucrados.
En este entorno de opacidad y corrupción, se pretende ampliar la participación privada. Si la intención real fuera modernizar Pemex y atender sus problemas estructurales, una tarea inicial sería romper el blindaje informativo que empresa y sindicato han creado para esconder su complicidad. Asimismo, limpiar la casa acabando con este modelo de corrupción y complicidad claramente compartido.
En buena hora, según nos informa el día de ayer en este diario, en su columna Dinero, Enrique Galván Ochoa, un tribunal colegiado le ha hecho un boquete a este cerco informativo.

Fuente La Jornada