sábado, 10 de agosto de 2013

La privatización de la industria petrolera es inaceptable

Enrique Calderón Alzati

Como cada seis años lo han hecho los sucesivos gobiernos neoliberales que hemos padecido desde el sexenio de Miguel de la Madrid, el gobierno actual insiste en la privatización de Petróleos Mexicanos mediante mecanismos accionarios y modificaciones a la Constitución, en esta ocasión con más sagacidad política y con diferentes estrategias que las empleadas en los gobiernos anteriores que, sin lograr el objetivo, le causaron graves daños a Pemex con el afán de atraer inversiones de dudosa utilidad para nuestro país y para la empresa misma.
En este sentido, diversos especialistas y líderes políticos y de opinión, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel Lopez Obrador, han manifestado reiteradamente no sólo las posibles consecuencias de la enajenación, sino también las alternativas que existen para hacer de Pemex una empresa no sólo altamente rentable, sino el centro de un proyecto de desarrollo nacional en
materia económica, de recursos humanos y de tecnología, en oposición a los mensajes oficiales que en esencia nos indican que los mexicanos no podemos ni somos capaces de cambiar el futuro de nuestra industria petrolera, por lo que requerimos de capitales y de tecnología provenientes del extranjero.
Sin mayores pretensiones, escribo este artículo para recordar lo que ha sido el resultado de otras privatizaciones realizadas por los gobiernos anteriores, las cuales, en su momento, nos presentaron como panaceas que mejorarían la economía de nuestro país y nos brindarían un futuro brillante, que hoy no se ve por ningún lado. Unos cuantos casos pueden ser suficientes para este fin, tomando los ejemplos de Teléfonos de México, de los bancos, de las industrias paraestatales, de los ferrocarriles y de Mexicana de Aviación.
En el caso de Telmex, se habló de la necesidad de modernizar las telecomunicaciones para ofrecer mejores servicios y modernizar el sector, con un beneficio directo para los consumidores, palpable en la reducción de sus pagos y el incremento en el número de las líneas de comunicación; los resultados en cambio han sido la conformación de un imperio financiero, la riqueza indiscutible del señor Slim y sus socios encubiertos y servicios telefónicos caros y de mala calidad. ¿Cuántas ciudades del país, supuestamente comunicadas según su publicidad, carecen hoy de cobertura? Yo vivo en Xalapa y tratar de lograr una comunicación aquí con el servicio Telcel resulta más difícil que hacerlo con los ángeles; sin embargo, los miles de usuarios de esta región nos vemos condenados a seguir pagando ante la negativa de la empresa a aceptar la rescisión de los contratos respectivos ante la ausencia del servicio. Sobre este problema dedicaré uno de mis próximos artículos.
En el caso de los bancos, lejos de impulsar el desarrollo que necesitamos y que se ofreció como resultado de su privatización, estas instituciones ahora mayoritariamente extranjeras han hecho de nuestro país un botín del cual extraen sus ganancias, como en ninguna otra parte del mundo, según ellas mismas lo afirman, propiciando no la producción, sino el consumo, haciendo cobros onerosos e injustos a sus usuarios y cargando tasas de interés propias de la usura.
De las ex industrias paraestatales poco se ha permitido saber de ellas, ¿Qué sucedió con Transportadora Marítima Mexicana, con la Fundidora de Acero de Lázaro Cárdenas o con la Minera de Cananea? ¿En qué se utilizaron los recursos de la venta de estas empresas que eran propiedad del Estado cuando Salinas era presidente?
La terrible tragedia de Pasta de Conchos, sacó a la luz pública las inhumanas condiciones y la falta total de seguridad en las que laboran los trabajadores de las empresas mineras, cuyas utilidades superan los miles de millones de pesos anuales ¿Acaso son este tipo de empresas las que el país necesita para asegurar su desarrollo? El asesinato de un hijo de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, nos permitió enterarnos de la participación del narcotráfico en la industria minera de ese estado, dejando un claro indicio de los riesgos que existen cuando se dejan los bienes, patrimonio de la nación, en manos de empresas privadas sin las regulaciones adecuadas, o cuando habiéndolas, las autoridades se convierten en gestores y protectores de esas empresas.
El caso de los ferrocarriles, entregados por el gobierno federal a corporativos foráneos representa otro antecedente importante de las consecuencias que tienen las medidas privatizadoras. Columna vertebral del desarrollo económico mexicano durante la última parte del siglo XIX y más de medio siglo XX, los Ferrocarriles Nacionales empezaron a ser desmantelados por el gobierno a partir de 1960, para instaurar un modelo nacional de transporte, convenido con Estados Unidos, que impulsó a su industria automotriz.
La corrupción del sindicato ferrocarrilero fue un argumento clave de la estrategia gubernamental que llevó a los ferrocarriles a la privatización, como única salida posible, lo cual tuvo como resultado la desaparición del sistema de transporte de pasajeros, que en otras naciones constituye red imprescindible, mientras que el traslado de mercancías por carretera se ha convertido en un serio problema logístico para la vida de las ciudades.
El caso de la aviación es quizás el más emblemático de los riesgos inherentes a las privatizaciones de los bienes nacionales, cuando estas son permitidas por las leyes y puestas al arbitrio de funcionarios corruptos. ¿Qué pasó con Mexicana de Aviación y cuál fue su impacto en el sistema aeronáutico nacional? ¿Acaso ganó algo la sociedad mexicana con la privatización de esa empresa? ¿Cuáles son las garantías de que la entrada de capitales particulares permite y facilite el desarrollo y el crecimiento de una empresa pública? El grupo de inversionistas que se hizo de Mexicana de Aviación sólo tenía un objetivo: quedarse con el botín constituido por los equipos de vuelo y las concesiones que amparaban las rutas donde la empresa operaba, para luego enajenarlo. La quiebra de Mexicana de Aviación conformó un daño patrimonial a la nación, llevó al desempleo a miles de trabajadores y fue causante del desquiciamiento del sistema de transporte aéreo nacional, pues detonó un incremento en los costos que hoy tienen que pagar los viajeros mexicanos, a partir de esa quiebra.
Todos estos son los antecedentes para la restructuración de Petróleos Mexicanos que hoy pretende realizar el actual gobierno como resultado de la reforma energética que propone realizar y que desde luego resulta inaceptable para la gran mayoría de la sociedad.

Fuente La Jornada

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