La intervención
oficiosa de Enrique Peña Nieto para tratar de frenar los débiles
indicios de verdadero conflicto posterior a los comicios reveló el
carácter pactado (en lo inmediato) y pactista (a mediano y largo plazos)
del reparto del pastel dominical.
No le corresponde al Poder Ejecutivo pretender que no se recorran,
incluso al extremo, los caminos legales establecidos para la impugnación
de procesos electorales, pero aun así el detentador actual de la silla
presidencial se aventuró a establecer, con toda la resonancia mediática
que le acompaña, la obviedad legal de que partidos y candidatos deberían
‘‘acatar’’ los ‘‘resultados’’ (aún preliminares, es decir, indicativos
pero no definitivos, incluso bajo impugnación por errores originales,
como en el PREP de Baja California, y sujetos a eventuales cambios en
sus posteriores fases de valoración y consolidación).Tan pragmática exhortación a aceptar la realidad tal como quedó asentada en precarias actas polémicas significa una convalidación del cochinero (salpicado de sangre en varios lugares, influenciado por cárteles de delincuencia oficial y extraoficial, dominado por el uso del dinero y la fuerza) que se vivió este