MÉXICO D.F. (apro).- A partir de ahora, el juez Michael P. Shea se
encargará de dar seguimiento a los procedimientos legales relacionados
con la denuncia que enfrenta el expresidente Ernesto Zedillo en Estados
Unidos por el caso Acteal.
Los denunciantes, un puñado de
sobrevivientes y familiares de las víctimas, acusan al exmandatario de
“conspirar” para que se perpetrara la masacre de 45 indígenas tzotziles
el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.
El juez, recién
nombrado en la corte del estado de Connecticut, donde se sigue el
proceso, recibió el caso de manos del juez Alvin W. Thomposn, por lo que
será él quien determine si habrá una audiencia para ventilar los
argumentos de la defensa para desechar el caso, o para que el proceso
continúe hasta que un tribunal mexicano decida si el pedido de inmunidad
del gobierno de México tiene bases legales.
Roger Kobert, uno de
los abogados de los demandantes, explicó que resulta común que a jueces
recién nombrados les sean trasferidos algunos de los casos para aliviar
la carga de trabajo de sus colegas con más antigüedad, aunque no se
conoce el criterio que se emplea.
“Tampoco podría decir si esta
reasignación afectará el resultado del caso o qué efecto podría tener en
los tiempos de cualquier decisión o acción de la corte”, dijo Kobert en
una nota enviada a la agencia Notimex.
En septiembre de 2011, un
grupo de indígenas tzotziles demandó a Ernesto Zedillo por su presunta
complicidad en la matanza de Acteal. Un año después, el gobierno de
México solicitó al de Estados Unidos inmunidad para el expresidente.
Luego
de que la administración de Barack Obama conoció la petición de
inmunidad, el Departamento de Estado consideró que responsabilizar al
exmandatario mexicano por el comportamiento de funcionarios de menor
nivel no era razón suficiente para cuestionar su inmunidad, por lo que
accedió a la petición.
Fuente
Proceso
