Terrorismo de Estado: 27 mil 586 desaparecidos en México

Hace 1 año, el 4 de diciembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad a superar la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero –ocurrida el 26 de septiembre de ese año en Iguala–, que a la fecha no han sido encontrados.

El boletín de la Presidencia sobre ese discurso refiere que el mandatario pidió hacer un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante “y [que] podamos realmente superar este momento de dolor”.

Peña Nieto dijo, además, que “lo más importante es que se dé aquí, en Guerrero, un clima de armonía social, paz y actitud para superar la adversidad, y de juntos [sic], con gran entereza y con paso firme, sigamos en la construcción de un mejor estado de Guerrero y, con ello, de un mejor país”.

Entonces, como ahora, el presidente olvidó comprometerse con la verdad y la justicia y pronunciarse en contra de la corrupción y la impunidad. Así que, al paso de 12 meses, México no es un mejor país ni Guerrero un mejor estado.

Por el contrario, con esa declaración se preparaba el terreno para presentar su “verdad histórica”, que buscaba cerrar para siempre la investigación por ese crimen de Estado. Casi 2 meses después, el 22 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que los elementos aportados durante la investigación “permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan [en Cocula, Guerrero]. En ese orden.

“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy. Permitiendo el actuar del Ministerio Público de la Federación, que ha solicitado la imposición de las penas más altas que la legislación contempla” (boletín de prensa 017/15, del 27 de enero de 2015).

“Verdad histórica” que acomodó elementos y testimonios al antojo del gobierno para encubrir lo ocurrido. Y así, en ese contexto de descaro, artimañas e impunidad garantizada desde el primer círculo gubernamental –que ha incluido la cerrazón de que los militares sean llamados a declarar como cualquier persona que pueda aportar información–, los mexicanos seguimos siendo llamados a “superar” la masacre.

De forma contundente, el pasado 7 de diciembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desechó la “verdad histórica” del gobierno federal. Pues aquellas horas fatídicas de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre no hubo incendio en el basurero de Cocula, como demuestran las pruebas y estudios meteorológicos y las imágenes satelitales del lugar.

México merece conocer la verdad sobre la desaparición forzada no sólo de los 43 jóvenes estudiantes, sino de cada uno de los desaparecidos en este país. También requiere justicia y un freno a la impunidad.

Y es que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela una terrible realidad: al 31 de octubre de 2015, 27 mil 586 personas permanecen en condición de desaparecidas.

Los datos del Registro indican que en el fuero común obran averiguaciones previas por 26 mil 670 desaparecidos: de éstos, 19 mil 407 son hombres y 7 mil 263 son mujeres.

En el fuero federal obran averiguaciones previas por otros 916 desaparecidos: 745 hombres y 171 mujeres. Estas cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y octubre de 2015, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de octubre de 2015, indica.

En Guerrero los desaparecidos suman 1 mil 81. En el registro del fuero federal esta entidad ocupa el primer lugar, con 222 personas desaparecidas. En el fuero común, el escaño 12, con 859 personas registradas en esa condición.

De acuerdo con los datos oficiales, Tamaulipas es la entidad más golpeada por el flagelo de la desaparición, al sumar 5 mil 708 víctimas: 5 mil 583 del fuero común y 125 del federal.

En segundo lugar se encuentra el Estado de México, con 2 mil 697 víctimas: 2 mil 662 del fuero común y 35 del federal. Le sigue Nuevo León, con 2 mil 248 desaparecidos: 2 mil 224 del fuero común y 24 del fuero federal.

En cuarto lugar está Jalisco, con 2 mil 136 víctimas: 2 mil 113 del fuero común y 23 del federal. Sinaloa se localiza en el quinto sitio, con 1 mil 757: del fuero común, 1 mil 736, y del federal, 21.

En sexto lugar se encuentra Chihuahua, con 1 mil 700 desaparecidos: 1 mil 679 del fuero común y 21 del fuero federal. Le sigue Coahuila, con 1 mil 449: 1 mil 400 del fuero común y 49 del federal.

Baja California se ubica en la octava posición, con 1 mil 261 desaparecidos: 1 mil 255 corresponden al fuero común y seis al federal. En la novena está Michoacán, con 1 mil 60 desaparecidos: 1 mil 19 del fuero común y 41 del fuero federal. Y en la décima posición, Sonora, con 954 víctimas: 933 del fuero común y 21 del fuero federal.

Aunque en este recuento de las 10 entidades más asoladas no se encuentra Veracruz, éste es uno de los estados que más registros tiene de desapariciones del fuero federal sólo por debajo de Guerrero, al sumar 145. Del fuero común registra 520.

Así que no, con mentiras y con tanta impunidad no podemos “superar” este dolor que nos causan nuestros desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Las heridas continúan abiertas y no cerrarán hasta que haya justicia y los verdaderos criminales sean juzgados y condenados. Nada cambiará si el gobierno continúa protegiendo a militares y marinos, y a los verdaderos perpetradores de tantas masacres.

Nancy Flores*, @nancy_contra

Fuente Contralinea