Alfredo Méndez
La Procuraduría General de la República (PGR)
designó a un grupo de peritos especializados en grafoscopía para que
examinen 18 cartas que fueron decomisadas a los mexicanos detenidos en
Nicaragua y puedan certificar si las firmas que aparecen en las mismas
son del vicepresidente de información de Televisa, Amador Narcia,
revelaron fuentes ministeriales.
En días pasados, la fiscalía de Nicaragua solicitó, vía exhorto, al
actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que inspeccionara la
veracidad de esas firmas que aparecen en una serie de documentos que
fueron decomisados a los 18 mexicanos arrestados en agosto pasado,
cuando se movilizaban en seis camionetas con emblemas y documentación de
Televisa que transportaban 9.2 millones de dólares y un fólder que
contenía las cartas supuestamente firmadas por Narcia.Se trata del segundo requerimiento de información que realiza la fiscalía nicaragüense a la PGR, para que realice peritajes dactiloscópicos y grafoscópicos a las firmas de las cartas. Narcia ha sostenido públicamente que la rúbrica no es suya.
El pasado nueve de diciembre Armando Juárez, inspector de la fiscalía nicaragüense, sostuvo durante una entrevista radiofónica que
supuestamente (Amador Narcia) firmó esas cartas en representación de un área de trabajo de Televisa, por lo que
nosotros necesitamos aclararlo básicamente y por eso le volvimos a pedir a la honorable procuraduría mexicana que nos supla ese requerimiento especializado.
La fiscalía de Nicaragua tramita dos expedientes ministeriales
relacionados con el caso Televisa. El primero es la acusación penal; lo
otro, es una denuncia interpuesta por la televisora en contra de los 18
mexicanos detenidos allá por presunto uso indebido de emblemas y
marcas.
El gobierno de Nicaragua solicitó a México el pasado 18 de octubre información sobre la lista de teléfonos a los que los sospechosos llamaron al momento de ser arrestados, así como antecedentes laborales y penales de los detenidos.
Un mes después, la PGR envió a la fiscalía de Nicaragua tres voluminosos folios de documentación, en los que se detalla que los 18 mexicanos no registran números de celular ni inscripciones en el seguro social, que los números a los que llamaron a México son de prepago, y que tampoco tienen relación laboral con Televisa.
Además, la PGR informó a su par nicaragüense que dos de los 18 detenidos, Raquel Alatorre, señalada como líder del presunto grupo criminal, y Cecilio Torres, utilizaban pasaportes mexicanos falsos, según la información proporcionada por la PGR a Nicaragua. Fue Alatorre quien compró las seis camionetas con los emblemas de Televisa que actualmente se encuentran decomisadas.
Cuando fueron detenidos e interrogados los 18 mexicanos dijeron a los fiscales nicaragüenses que trabajaban para Televisa y que su estancia en ese país se debía a una misión periodística. La televisora ha negado que sean sus empleados.
Fuente La Jornada
El gobierno de Nicaragua solicitó a México el pasado 18 de octubre información sobre la lista de teléfonos a los que los sospechosos llamaron al momento de ser arrestados, así como antecedentes laborales y penales de los detenidos.
Un mes después, la PGR envió a la fiscalía de Nicaragua tres voluminosos folios de documentación, en los que se detalla que los 18 mexicanos no registran números de celular ni inscripciones en el seguro social, que los números a los que llamaron a México son de prepago, y que tampoco tienen relación laboral con Televisa.
Además, la PGR informó a su par nicaragüense que dos de los 18 detenidos, Raquel Alatorre, señalada como líder del presunto grupo criminal, y Cecilio Torres, utilizaban pasaportes mexicanos falsos, según la información proporcionada por la PGR a Nicaragua. Fue Alatorre quien compró las seis camionetas con los emblemas de Televisa que actualmente se encuentran decomisadas.
Cuando fueron detenidos e interrogados los 18 mexicanos dijeron a los fiscales nicaragüenses que trabajaban para Televisa y que su estancia en ese país se debía a una misión periodística. La televisora ha negado que sean sus empleados.
Fuente La Jornada
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