Corresponsable de la megadeuda de Coahuila promueve nuevo amparo

MÉXICO, D.F., (apro).- El exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villarreal Hernández, el principal implicado en el sobreendeudamiento en la entidad, promovió un nuevo amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra por el presunto delito de fraude.
De acuerdo con el juez segundo de Primera Instancia en Materia Penal con sede en el Distrito Judicial de Saltillo, Adrián González, en estos momentos están a la espera de lo que resuelva la autoridad federal sobre el amparo presentado hace mes y medio.
“Él firmó su demanda de amparo y la presentó ante un juez de Distrito, que me requirió que rinda un informe y muestre pruebas al respecto y estamos al pendiente que resuelva”, declaró Adrián González.
Añadió:

“Lo que sigue es que la autoridad federal analice la resolución que yo dicté y que la justicia de la Unión determine si le otorga el amparo o no a esta persona”.
Expuso que en un principio se le dictó el auto de formal prisión a Villarreal Hernández por el presunto delito de uso de documentos falsos y equiparado al fraude por simulación de actos jurídicos, pero al presentar un amparo se determinó que sólo hay una conducta delictiva que presupuesta el fraude y no por documentación falsa.
Héctor Javier Villarreal falseó información para obtener un crédito por más de 3 mil millones de pesos durante el gobierno de Humberto Moreira.
En febrero pasado, el juez federal José Daniel Nogueira concedió una suspensión contra el auto de formal prisión en contra de Villarreal Hernández.
Sin embargo, aclaró que esa resolución sólo tenía efectos para el proceso que se le sigue al funcionario por fraude y uso de documentos falsos, delitos del orden común.
En aquella ocasión, Nogueira Ruiz informó que se le otorgó la suspensión para que no se ejecutara la orden de aprehensión en contra del exfuncionario coahuilense y quedara a disposición del magistrado que lleva el caso.
La medida, señaló entonces, tiene el objetivo de que se continúe con el procedimiento penal contra el implicado, a quien se le fijó una garantía por dos millones 500 mil pesos.
También en febrero pasado, Estados Unidos incautó una cuenta bancaria, ubicada en Las Bermudas, a nombre de Héctor Javier Villarreal Hernández.
El fiscal federal Kenneth Magidson, de la Corte Federal en Corpus Christi, Texas, señaló esa vez que la cuenta es del Sun Secured Advantage and N.T. Butterfield and Son Limited, de Bermudas, que al 4 de enero pasado contenía 2 millones 275 mil 544 dólares con 41 centavos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que los fondos de la cuenta bancaria están vinculados con lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos, robo y uso de dinero del erario público para el enriquecimiento personal.
Según el encauzamiento judicial en contra del extesorero conahuilense, entre julio de 2010 y marzo de 2011, Villarreal Hernández realizó tres préstamos fraudulentos en dos bancos mexicanos por 246 millones de dólares.
Estados Unidos calcula que desde abril de 2009 hasta marzo de 2011, Villarreal Hernández y sus socios en los créditos y contratos fraudulentos recibieron más de 35 millones de dólares por medio de transacciones internacionales, y que subsecuentemente con los fondos adquirieron varias propiedades en las ciudades texanas de San Antonio, Brownsville y en la Isla del Padre.
Entre sus “socios” para la apertura de cuentas y contratos, el también exsecretario de Finanzas habría contado con la ayuda de una mujer, identificada por las autoridades estadunidenses como su amante, Altagracia Daniela Rodríguez García, según consta en una demanda civil ante un tribunal de Corpus Christi, señaló el periódico texano San Antonio Express, que también consignó el caso.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusa a Villarreal Hernández de quebranto o perjuicio patrimonial, ilícito contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito y sancionado con prisión de ocho a 15 años y multa de 250 mil a 350 mil días de salario, sin derecho a fianza.

Fuente Proceso