Pemex vs Siemens: misil mal dirigido

Jenaro Villamil

El director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no quería pagar una deuda. Y prefirió destapar la caja de Pandora: organizó una campaña legal y mediática que sacó a la luz la corrupción en la paraestatal durante 12 años de gobiernos panistas. Sin embargo, a causa de errores básicos en las fechas y de acusaciones fuera de lugar, la ofensiva resultó contraproducente y detonó una “crisis de confianza” acerca de la administración peñista: inversores extranjeros no creen que México ofrezca certeza jurídica.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al llegar a la dirección general de Pemex, en diciembre de 2012, Emilio Lozoya Austin se encontró, entre el cúmulo de litigios, deudas y expedientes de corrupción heredados de la anterior administración, uno con carácter de urgente: el pago por 311 millones de dólares al consorcio Conproca (Consorcio Proyecto Cadereyta), formado por la compañía coreana SK Engineering, dueña de 80%; la alemana Siemens AG, con 15% de las acciones, y la mexicana Tribasa.
Su antecesor, Juan José Suárez Coppel, le dejó a Lozoya Austin el pendiente del pago, en cumplimiento del laudo definitivo de la Corte Internacional de Comercio (CIC), con sede en París, que el 11 de enero de 2012 ordenó a la paraestatal mexicana cubrir 282.1 millones de dólares a Conproca, más gastos financieros e impuestos, tras 10 años de litigio entre Pemex y el consorcio.
Asesorado por sus abogados, Lozoya Austin decidió evadir el pago del laudo y comenzar un litigio ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, 11 años después de iniciado el juicio arbitral, y 15 años después de la licitación para remodelar la refinería de Cadereyta, Nuevo León, uno de los proyectos más ambiciosos y costosos de Petróleos Mexicanos.
Pemex decidió demandar al consorcio privado. Argumentó presuntos actos de soborno para obtener el pago de los costos adicionales, incumplimiento en el contrato de remodelación de la refinería y “por transferir millones de dólares a la cuenta bancaria de Conproca en Nueva York”, amparándose en la llamada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que permite resolver hechos de corrupción de empresas radicadas en la ciudad estadunidense.
En cinco meses de desahogo de pruebas y testigos, en vísperas de que el juez neoyorquino decida si hay materia para este juicio –se prevé que será el próximo 23 de mayo–, Pemex arreció su litigio en medios mexicanos, especialmente a través de los espacios informativos de Televisa, reviviendo expedientes de corrupción de Siemens, en 2008, que no estaban relacionados con el caso de Conproca.
Lo anterior provocó una crisis de confianza entre los inversionistas de Alemania por la falta de “certeza jurídica” que ofrece el gobierno mexicano al desconocer el laudo de la Corte de París, y abriendo la caja de Pandora sobre la corrupción dentro de la paraestatal durante los 12 años de gobiernos panistas.
Las acusaciones de Pemex le han resultado contraproducentes, porque ha mezclado expedientes, con confusión de fechas y responsables; revivió un presunto acto de soborno por 2.6 millones de dólares del empresario y consultor Jaime Camil, quien ya había sido exonerado por la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2012 (expediente DE/118/2008/NA/81); involucró al exdirigente nacional panista y exabogado general de Pemex César Nava; a partir del testimonio de un exejecutivo de la empresa alemana, ha filtrado a la prensa documentos para recordar actos de corrupción de altos ejecutivos de Siemens y de la coreana SK Engineering, que no están relacionados con el caso de Conproca y, sobre todo, provocó el contrataque de los alemanes y coreanos.
Para inversionistas y observadores alemanes consultados por Proceso, el caso de Cadereyta ha provocado una “crisis de confianza” con el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto y puede mandar una “muy mala señal” para futuras inversiones alemanas en el rubro automotriz.

El revire contra Pemex

Hasta el pasado 15 de mayo, tanto Siemens México como la empresa coreana SK Engineering habían rechazado hacer pública su posición frente al litigio de Nueva York y dejaron que toda la información publicada proviniera de las versiones filtradas por Pemex.
El miércoles 8, la paraestatal presentó una ampliación de su demanda y afirmó que un exempleado de Siemens relató actos de corrupción que involucraban a cinco exfuncionarios de la petrolera en la aprobación de pagos irregulares y en la presunta recepción de un soborno, en 2004.
Entre esos funcionarios, Pemex señaló a César Nava Vázquez, exdirigente nacional del PAN y abogado general de la compañía entre 2001 y 2003, a quien acusa de ser responsable de la liberación de 17 pagarés por un total de 2 mil 60 millones de dólares a favor de Conproca.
Nava Vázquez afirmó a través de una misiva pública y en distintas entrevistas que su gestión como abogado general de Pemex fue de octubre de 2001 a octubre de 2003, y los hechos que se le imputan se habrían realizado en 2004, “lo que rebasa y contradice la más elemental lógica”.
La respuesta más dura provino de Conproca. En un comunicado de cuatro cuartillas, el consorcio finalmente dio su versión sobre los hechos y acusó a Pemex de haber cambiado sus argumentos “tres veces”:
“Primero habló de sobornos para la obtención de contratos. Después explicó que los sobornos se habían dado durante el proceso legal ante la CCI (Corte de Comercio Internacional) para que la información presentada ante la corte favoreciera a Conproca. Ahora argumenta que los sobornos se dieron durante el proceso de proyecto para que se le autorizaran sobrecostos a Conproca.”
Desde enero de este año, en la primera parte de la demanda de Pemex en Nueva York salió a relucir el nombre del empresario Jaime Camil –contratista y consultor vinculado con Pemex y Siemens– como uno de los presuntos artífices de un soborno por 2.6 millones de dólares a un “alto funcionario” de Petróleos Mexicanos para que autorizara la ampliación de los pagos a Conproca.
El nombre de Camil se mencionó en notas de prensa y de Grupo Televisa a partir de información proporcionada por Pemex. El acaudalado contratista –identificado antes como uno de los amigos más cercanos del presidente Enrique Peña Nieto– es señalado como una de las piezas clave del alegato de la paraestatal.
Extraoficialmente, fuentes internas de Siemens consultadas por Proceso en febrero de este año calificaron como un “método inaceptable” que en medios de comunicación masiva se mezclara el contrato de la empresa alemana con Camil –en fechas distintas al supuesto soborno– con el caso de Conproca.
El miércoles 15, Conproca aclaró públicamente su relación con Jaime Camil: “De acuerdo con Pemex, la alemana Siemens contrató al consultor Jaime Camil, al que pagó 2.6 millones de dólares para que le ayudara a solventar los reclamos de sobrecostos de la paraestatal, argumentando que dicho dinero fue utilizado para ganar la anuencia de funcionarios de Pemex a favor del pago de sobreprecios a Conproca. De acuerdo con la paraestatal, como consecuencia de esto se dio una supuesta instrucción para impedir que Pemex ejecutara cartas de crédito o garantías a su favor, se acordaron convenios para el pago a Conproca por los sobrecostos generados y finalmente se pagaron al consorcio los adeudos por dichos sobrecostos.
“Los argumentos de Pemex no están respaldados en pruebas fehacientes y muestran inconsistencias importantes en las fechas. Siemens hizo pagos a un consultor –respaldados por un contrato y las facturas correspondientes– en octubre y diciembre de 2004, es decir, cuatro años después de que Conproca presentara las pruebas de los sobrecostos, aproximadamente tres años después de que se formalizaran los convenios, que a juicio de Pemex soportaran el pago a Conproca, y dos años después de que Pemex realizara el pago a Conproca de sus adeudos por sobrecostos.”

La exoneración clave

Este semanario tuvo acceso al expediente DE/118/2008/NA/81 de la Secretaría de la Función Pública, en el que se da por concluida la investigación en torno a presuntos sobornos de Siemens a través de su representante Jaime Federico Said Camil Garza.
El expediente, de noviembre de 2012, señala que los 2.6 millones de dólares que Camil Garza recibió como pago “no pudieron ser vinculados a personal alguno de Pemex”.
“No se contó con elementos que permitieran definir quién era el supuesto alto funcionario al que presuntamente Jaime Federico Said Camil Garza le habría entregado parte del dinero recibido por Siemens”, concluyó la SFP.
Pemex reviró el 16 de mayo. Recordó que en 2008 la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) impuso a Siemens una multa por mil 400 millones de dólares, una de las más altas en la historia, por prácticas corruptas en varios países, “incluyendo a México”.
También recordó que el expresidente del Consejo de Administración de la empresa coreana SK Engineering, Chey Tae Won, fue encarcelado en enero último por fraude, y ya antes había estado preso por malversación de fondos.
Pemex aseguró además que Peter Paul Muller, exdirector jurídico de Siemens México, declaró el 6 de mayo ante fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) que la empresa alemana sobornó a personal de la petrolera para cubrir los sobrecostos de Cadereyta. En su declaración, afirmó Pemex, Muller involucró al empresario Jaime Camil como parte de la simulación para ocultar el pago de 2.6 millones de dólares.
Muller dijo que vio los recibos por 2.6 millones de dólares presentados por Camil, autorizados por el entonces director financiero de Siemens México, José Querubín.

El origen del litigio

Desde sus inicios, la licitación para modernizar la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, generó polémica: funcionarios de la paraestatal en el sexenio zedillista fueron involucrados con casos de corrupción.
El 27 de noviembre de 1997, Pemex Refinación entregó a Conproca el contrato para ampliar Cadereyta. Originalmente fue por mil 800 millones de dólares, pero se fue ampliando hasta alcanzar los 2 mil 461 millones de dólares.
El contrato fue firmado por el entonces titular de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, amigo del presidente Ernesto Zedillo, y por Luis Ricardo Bouchot Guerrero, responsable del área jurídica de Pemex Refinación.
Willars Andrade fue investigado por la Secretaría de la Función Pública en el expediente 17/2002 por presuntos sobornos con Servicios Aéreos del Centro S.A., de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif. Al abogado Bouchot Guerrero también se le investigó, vinculándolo con el caso de Cadereyta.
La investigación contra ambos se prolongó hasta febrero de 2007, cuando se determinó que eran culpables de abuso de autoridad. El Órgano Interno de Control de Pemex determinó también que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como “revisor técnico” del contrato en Cadereyta, y Máximo Téllez Rosas, subdirector de proyectos de Pemex Refinación, habían incurrido en abusos de autoridad. Se les inhabilitó por 20 años y les impusieron multas por 106 millones 300 mil pesos.
Conproca trabajó en Cadereyta entre 1997 y 2000 y entregó las obras en el tiempo acordado, “incluyendo un ajuste de menos de un año acordado con Pemex”, según la versión oficial de la empresa.
La disputa en la Corte Internacional de Comercio de París se inició en 2001, cuando Conproca acusó a Pemex de incumplir el pago de los costos adicionales de la obra y cambios en las especificaciones, entre otros.
El litigio en la CIC duró 11 años. Durante este periodo ocurrió el presunto acto de corrupción de César Nava, abogado general de Pemex entre octubre de 2001 y octubre de 2003, quien presuntamente autorizó –de manera ilegal– la liberación de 17 pagarés a favor de Conproca por 2 mil 60 millones de dólares.
El 23 de diciembre de 2011, la CIC determinó que Pemex debe pagar a Conproca 282 millones de dólares (más intereses y gastos) por conceptos relativos a “obras adicionales” e “interrupciones” en la modernización de la refinería de Cadereyta entre 1997 y 2000, y también por la ejecución indebida de garantías, costos financieros y gastos legales de arbitraje. A su vez, Conproca debe pagar 29.1 millones de dólares.
La suma que debe pagar Pemex, de acuerdo con el laudo definitivo de la CIC, asciende a más de 300 millones de dólares.
Mientras tanto, los únicos que han salido ganando son los despachos de abogados externos que han asesorado a la paraestatal, tanto en el litigio ante la Corte de Arbitraje de París como en la de Nueva York.

Fuente Proceso