sábado, 24 de agosto de 2013

Acusados de secuestro, arraigan a 17 comunitarios detenidos en Guerrero

Ezequiel Flores Contreras

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- La Procuraduría de Justicia estatal arraigó a los 17 guardias comunitarios detenidos por fuerzas federales hace tres días en las comunidades en las regiones Montaña y Costa Chica de la entidad.
Los inculpados son acusados por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero de secuestro, al igual que la coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida el mismo día y trasladada a un penal de Nayarit por ser considerada como una persona de “alta peligrosidad”.
Al respecto, el abogado del centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que los guardias comunitarios detenidos el miércoles 21 se encuentran arraigados en casas de seguridad de la Procuraduría local en Acapulco y Chilpancingo.

Los 17 guardias comunitarios arraigados y acusados de secuestro fueron detenidos este miércoles 21 en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla y Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac durante una operación realizada por la Policía Federal, la Marina y el Ejército donde fueron liberadas 39 personas acusadas por diversos delitos y que estaban retenidos por la autodefensa.
Mientras que los 12 guardias comunitarios detenidos ayer, también por fuerzas federales, en el poblado de Quiahuitepec, municipio de Ayutla, se encuentran en la sede de la fiscalía regional de la Procuraduría estatal en Acapulco donde se espera que en un plazo de 48 horas se determine su situación jurídica, indicó Rosales Sierra.
El defensor fue entrevistado en la sede del Ejecutivo en esta capital donde se realiza una reunión entre representantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) con autoridades estatales, para analizar los casos y tratar de llegar a un acuerdo para que cese la embestida federal en contra de este grupo de autodefensa
Dicha agrupación decidió armarse para confrontar a la delincuencia y también manifestarse en contra de la política impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Fuente Proceso

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