Las atrocidades del calderonismo, ante la Corte de La Haya

Arturo Rodríguez García

Hace poco más de seis años, a Humberto Moreira se le acusó de operar la maquinaria electoral del magisterio elbista a favor del candidato del PAN Felipe Calderón; como gobernador de Coahuila, osciló entre la crítica acerba y la adulación al presidente. Tras el asesinato de su hijo José Eduardo por presuntos sicarios del narco, el fugaz dirigente del PRI presentó la segunda denuncia en la Corte Penal Internacional contra el exaliado de Elba Esther Gordillo por crímenes de guerra. De esta forma, Calderón se encuentra entre dos fuegos: los señalamientos de miles de ciudadanos y el de un grupo de políticos influyentes.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al desplegar a las Fuerzas Armadas en todo el país para combatir al narco sin seguir los mecanismos constitucionales, Felipe Calderón Hinojosa desató una guerra interna que se convirtió en eje rector de la política nacional durante su gobierno, por lo que el hoy expresidente debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), establece Humberto Moreira Valdés en la denuncia que interpuso ante ese organismo.

Quien fue gobernador de Coahuila y dirigente nacional del PRI, añade que la inconstitucionalidad fue un escollo para que las Fuerzas Armadas combatieran a “los enemigos del Estado”, provocando abusos y violaciones a los derechos humanos, aun contra personas ajenas a los narcos y al “conflicto bélico que prevalece en el territorio nacional”.
Las consecuencias que enumera el documento tienen como fuente informes oficiales y reportes periodísticos: entre 50 mil y 150 mil muertos, al menos un millar de niños asesinados, unos 230 mil desplazados, la desaparición forzada de unas 3 mil personas, cerca de 5 mil denuncias por torturas y tratos crueles e inhumanos cometidos por militares o marinos que, además, incurrieron en desapariciones forzadas.
Entre las investigaciones periodísticas citadas en la denuncia hay varias vinculadas a Proceso: Historias de muertes y corrupción, de su fundador, Julio Scherer García; El México narco, editado por el sello Planeta y coordinado por el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda; la edición especial del semanario titulada El sexenio de la muerte; el libro Fuego cruzado, de la reportera Marcela Turati, y varias notas publicadas en Proceso.com.mx.
La denuncia fue presentada en la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensuda, el 29 de noviembre –penúltimo día de Calderón en funciones–, de acuerdo al acuse electrónico.
El lunes 3, mediante el oficio OTP-CR-355/12, el jefe de la Unidad de Información y Elementos de Prueba, M.P. Dillon, respondió con el acuse formular, el cual indica que se analizará el caso para ver si es admisible conforme al Estatuto de Roma, que rige a la CPI.
Éste es un órgano de justicia internacional de carácter permanente, cuyo propósito es juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tuvo su origen en la aprobación del Estatuto de Roma en 2002 y tiene sede en La Haya, Holanda.
El domingo 16, Humberto Moreira acudió al bautizo de su nieto, Eduardo Humberto Moreira, hijo de José Eduardo, asesinado por Los Zetas en Ciudad Acuña el pasado 3 de octubre.
Afuera de la parroquia del Perpetuo Socorro, en Saltillo, el exgobernador llamó a Calderón “borracho de sangre” y “desequilibrado mental”, anunció que se iría a Estados Unidos a estudiar una maestría, a “sanar el alma” y a escribir tres libros. Uno de éstos, El odio del águila, en el que describirá las “tropelías” del expresidente.
También reprobó el desempeño del gobierno coahuilense, que encabeza su hermano Rubén, en el caso del asesinato de José Eduardo y aseguró que la mayor parte de la investigación la hizo él. Y entonces reveló que interpuso la denuncia en la CPI. Se despidió: “A Felipe Calderón le digo: nos vemos en La Haya”.
La denuncia del priista es la segunda que recibe la fiscalía de la CPI contra Felipe Calderón por crímenes de guerra. Un año antes, el 25 de noviembre de 2011, por iniciativa del abogado Netzaí Sandoval y con las firmas de 25 mil personas, se presentó otra que hasta el momento no se sabe si se admitirá.
La “guerra interna”
La denuncia interpuesta por Moreira Valdés consta de 46 páginas, 15 capítulos y 121 puntos, en los que expone desde el sistema constitucional mexicano hasta los excesos cometidos por militares en la llamada guerra del narco.
Entre los aspectos constitucionales que destaca el documento están las obligaciones de las Fuerzas Armadas y su comandante supremo, el presidente de la República. Y diferencia las funciones de seguridad exterior e interior de las tareas de seguridad pública, con las cuales son incompatibles.
“La Fuerza Armada permanente sólo puede desplegarse en el territorio nacional cuando deba enfrentar invasiones provenientes de potencias extranjeras; cuando por vía de las armas existan amenazas a la paz pública; o cuando se encuentre en riesgo la seguridad interior, como consecuencia de movimientos armados”, afirma en el punto 35.
Este argumento ya ha sido utilizado por juristas y organismos defensores de derechos humanos en México: si el presidente determinó que había una amenaza interior, debió seguir los cauces constitucionales, esto es, declarar la suspensión de garantías.
Al no hacerlo y, en cambio, ordenar el despliegue militar, Calderón motivó la ilegitimidad de las operaciones militares, que se entorpecieron por la ausencia de marco legal. De esta forma la Fuerza Armada incurrió en la violación de derechos humanos de civiles “que realizan su vida normal asumiendo que disfrutan de todos sus derechos, cuando de hecho los teatros de operaciones militares restringían garantías de libre tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio, entre otros”.
Tales condiciones, insiste Moreira, provocan “que las Fuerzas Armadas confundan a los civiles inocentes con enemigos en el fragor de enfrentamientos armados, o lo que es peor, que en algunos casos deliberadamente violen sus derechos fundamentales bajo el pretexto de la necesidad de servicio”.
Tras un recuento de los primeros días del gobierno de Calderón, Moreira recuerda el desastre de las operaciones en Michoacán y la arenga del entonces jefe del Ejecutivo a las tropas el 3 de enero de 2007, cuando vestido con casaca y quepí militares exclamó que el país libraba una “guerra interna”.
En el punto 76 de su denuncia añade: “Cualquier que sea el concepto doctrinal de la guerra, ésta tiene de manera intrínseca una constante: la lucha a muerte. Esa lucha se verifica entre personas que de forma organizada tratan de destruir a su contrincante para imponerle su voluntad”.
En el 88 invoca la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra, pues afirma que esa es la situación en México, aun sin una declaración formal de las partes en conflicto. Y en el punto 95 argumenta que la movilización de tropas y sus operaciones son suficientes para reconocer el estado de guerra interna.
Con base en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que tipifica los crímenes de guerra cometidos en “conflicto armado no internacional”, Moreira denuncia que en México se han cometido estos delitos. Y aunque admite que existe excepción en motines, actos esporádicos y aislados de violencia, dice que en el país se desarrolla un conflicto armado prolongado entre las autoridades y grupos organizados de delincuentes.
El otro referente es el artículo 3, común a los cuatro convenios de Ginebra, mismos que México ha ratificado con excepción del segundo, relativo a la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El precepto común tipifica como violaciones graves los ataques a personas que no participen directamente en hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas o quedaron fuera de combate por enfermedad, herida, detención u otra causa.
Entre esas violaciones graves se enumeran el homicidio, los tratos crueles y degradantes, la toma de rehenes y las ejecuciones extrajudiciales. Además, se recuerda que el numeral 8 del Estatuto de Roma configura otros tipos penales internacionales.
El capítulo XI, el más extenso de la denuncia, se llama “De la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México” y tiene 19 puntos, en los que Humberto Moreira describe la situación que el gobierno de Calderón propició en el país.
Según él, desde 2000 recrudeció la violencia entre grupos de narcotraficantes que se disputan las rutas de tráfico de drogas a Estados Unidos. Esa lucha se fue convirtiendo en una guerra interna cuando los narcos empezaron a confrontar al Estado mexicano para imponer su hegemonía en diferentes zonas y apoderarse de la vida económica, política y cultural de las poblaciones.
Añade que las organizaciones de narcotraficantes se caracterizan por su nivel orgánico, con jerarquías y funciones definidas, capacidad logística, poder de fuego y una inmensa capacidad económica.
Después de las operaciones en Michoacán a partir de diciembre de 2006, sin mediar la suspensión de garantías, la ya conocida como “guerra contra el narcotráfico” se extendió a todo el país y actualmente no se ha establecido cuántas muertes ha provocado, pero se calculan entre 50 mil y 150 mil.
“Tampoco es posible conocer con exactitud el número de violaciones a los derechos humanos cometidos por las tropas, toda vez que son pocas las personas que tienen la posibilidad de quejarse ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o ante los organismos internacionales, bien por falta de recursos económicos, lejanía de sus poblaciones, apatía u otros motivos”, dice Moreira.
Su denuncia menciona las 10 recomendaciones generales emitidas por la CNDH, así como las 102 recomendaciones emitidas contra las secretarías de Defensa Nacional y de Marina a partir de la militarización y hasta abril de 2012. Asimismo, remite al informe de Amnistía Internacional de octubre pasado, que documenta 4 mil 841 denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por las Fuerzas Armadas, en casos como los de Valentina Rosendo e Inés Fernández, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel.
Se añaden también la desaparición forzada de unas 3 mil personas y las confesiones obtenidas por militares bajo tortura, como en los casos de José Manuel Esqueda, Gustavo Fuentes y Jethro Ramsés Sánchez Santana.
Para el denunciante, todo esto forma parte de una política que se convirtió en eje rector de la administración de Felipe Calderón, quien impuso prácticamente un estado de excepción al movilizar a 70 mil soldados y marinos.
Deficiencias del sistema mexicano
En la argumentación jurídica de Humberto Moreira, la imposibilidad de enjuiciar a los presidentes en México actualiza la competencia de la CPI en este caso contra Felipe Calderón, ya que la denuncia se presentó cuando él todavía estaba en funciones.
Conforme al artículo 25 del Estatuto de Roma relativo a la responsabilidad penal individual, alega, la inconstitucionalidad en la movilización de tropas y sus consecuencias convierte a Calderón en el responsable directo de los crímenes señalados, por su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
En su punto 113, Moreira cita el artículo 17 del Estatuto de Roma, que enlista los requisitos para que la CPI conozca un asunto:
La fracción 1, inciso a) de dicho precepto establece que se conocerá un caso cuando un Estado no pueda hacerlo por falta de jurisdicción; el inciso b) se refiere a la admisibilidad cuando se carezca de voluntad para enjuiciarlo en el Estado con jurisdicción; y la fracción 3 dice que la Corte conocerá un caso cuando la administración de justicia del Estado en cuestión esté colapsada, se carezca de ella o no esté en condiciones de llevar a cabo el juicio.
Para demostrar la admisibilidad de su denuncia, Moreira cita el artículo 108, párrafo segundo del Código Penal Federal mexicano, donde se estipula que el presidente, en su calidad de comandante supremo, sólo puede ser juzgado por traición a la patria, según el artículo 203 del Código de Justicia Militar. Y como civil, sólo por delitos graves del orden común.
“El Estado mexicano no sólo carece de jurisdicción para conocer del asunto, sino incluso para investigarlo y, por ende, se surten las excepciones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma”, concluye el punto 115 de la denuncia.
Agrega que el sistema jurídico mexicano es defectuoso porque no permite combatir la impunidad de los crímenes graves cometidos contra la humanidad por el presidente de la República, “quien tiene facultades exclusivas para disponer de la Fuerza Armada permanente”.
Ahora, la CPI tendrá que iniciar un procedimiento de análisis del caso y, conforme a las disposiciones del Estatuto de Roma, emitirá un dictamen para decidir si lo admite o no.

Fuente Proceso