Las desapariciones forzadas, práctica que resurgió el sexenio pasado: CNDH

 

 

Fernando Camacho Servín

 

Luego de un sexenio en donde el respeto a las garantías individuales se vio gravemente afectado por la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, uno de los principales retos del Estado mexicano es promover un cambio cultural mediante el cual sus instituciones se acostumbren a aceptar las críticas y señalamientos en este sentido.

Así lo afirmó Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien en entrevista con La Jornada realizó un balance de su gestión, y subrayó que el organismo a su cargo no ha sido tibio ni lento en su trabajo, aunque admitió que en algunos temas prefiere pecar de omiso que correr el riesgo de excederse en sus funciones.

Plascencia, abogado y académico originario de Tijuana, llegó a la presidencia de la CNDH el 16 de noviembre de 2009, en sustitución de José Luis Soberanes Fernández, y permanecerá en dicho cargo hasta 2014, con posibilidad de ser relecto para otro periodo de cinco años.
–¿Qué lectura hace del sexenio que acaba de concluir, y de lo que va de su propia gestión como ombudsman?
–En este tiempo casi se duplicó el número de quejas que atendimos y también la gravedad de asuntos que tienen que ver con atentados a la vida, desapariciones forzadas, cateos ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que ha colocado a las fuerzas armadas en el primer lugar de violaciones a derechos humanos, cuando históricamente no estaban en esas posiciones.

El antes y el después

–¿La guerra contra el narcotráfico marcó un antes y un después en materia de violaciones a los derechos humanos?

–Sin duda. En 2005 los tratos crueles y la tortura solamente implicaban un poco más de 400 casos, y terminamos 2012 con un poco más de 2 mil casos al año, esto es, cinco veces más asuntos. Las desapariciones forzadas, que parecían haberse quedado como una práctica de los años 70, lamentablemente resurgió y ahora tenemos abiertos 2 mil 126 casos, más otros 24 mil de personas no localizables o extraviadas.
–¿Cómo ha enfrentado ese reto un organismo como la CNDH?
–Ha sido un trabajo muy intenso, que ha demandado ir cambiando mentalidades en algunos servidores públicos y en algunas instituciones. Apostarle a un mayor compromiso en el tema de derechos humanos en las fuerzas armadas, y particularmente la idea de que las recomendaciones se fueran aceptando y dejáramos esa especie de rivalidad o pugna en donde emito la recomendación y (el Ejército dice) no la acepto o no la cumplo.
–¿El hecho de que ahora los funcionarios que no aceptan las recomendaciones tengan que comparecer ante el Senado implica un choque?
–Esto es parte de un proceso, pero aquí lo importante es haber iniciado. Se dio la reforma de derechos humanos en junio del año pasado, que he calificado como la más trascendente desde 1917, y era importante llevarla a la práctica.
“Por la agresión injustificada contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre del año pasado, se llamó a comparecer al gobernador de Guerrero, y también le solicité al Senado que llamara al secretario (de Seguridad Pública federal) Genaro García Luna.
Es un proceso que sin duda necesitará madurarse y afinarse con el objetivo de que este mecanismo de rendición de cuentas rinda los frutos esperados, pero la mejor manera de modernizar y hacer que funcionen estos procedimientos es llevándolos a la práctica, y ya iniciamos.
–Algunas organizaciones de la sociedad civil han criticado la supuesta lentitud o tibieza de la CNDH, ¿qué respuesta da ante estos señalamientos?
–El ombudsman debe pronunciarse cuando tiene elementos suficientes. A veces es muy sencillo hacer conjeturas, pero cuando se está al frente de una institución se tiene que asumir la responsabilidad de respaldar todo aquello respecto de lo cual uno se pronuncia. No es válido hacer señalamientos a la ligera.

“Cada asunto tiene particularidades muy distintas. El caso de Ayotzinapa, por ejemplo, lo pudimos resolver en menos de 100 días, porque tuvimos más de 200 videos que permitieron fijar imágenes, pudimos localizar a docenas de testigos y hablar directamente con las víctimas. Sin embargo, la masacre de San Fernando (Tamaulipas) ocurrió en secreto, en parajes solitarios, sin testigos claros, y cuando se solicita, la autoridad niega la información.
Hemos tratado de cumplir con el papel que nos corresponde, ni más ni menos. Al margen de cualquier circunstancia política y evitando el protagonismo personal. No he pretendido hacer olas donde no existen.
–¿Se dan abasto para sacar adelante su trabajo? ¿Necesitan ampliar su personal o su presupuesto?
–Esta situación implica un mayor compromiso del personal y una saturación en la carga de trabajo. Este año tuvimos un presupuesto de mil 280 millones de pesos, y para 2013 he considerado solamente que se incremente en el promedio de la inflación respectiva. No me parece tampoco que la CNDH tenga que crecer y multiplicarse.
–Hay temas especialmente polémicos, como el arraigo, ¿considera que la CNDH ha sido suficientemente enfática en rechazar esta práctica?
–Escribí un artículo en la revista de la CNDH, señalando que el arraigo es una práctica aberrante, pero la comisión no puede oponerse a una reforma constitucional, y yo no tengo facultades para pronunciarme en esa materia. En esa parte he querido mejor pecar en buena medida de omiso que excederme en el ejercicio de facultades que no me corresponden.
–¿Es el mismo caso del fuero militar?
–Desde que tomé posesión como presidente de la CNDH empezamos a presentar denuncias por doble vía: ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Procuraduría de Justicia Militar, para que se debatiera el tema de la competencia, y así fuimos generando un antecedente que hizo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara al respecto y quedara establecido que todo delito que se comete por elementos militares contra un civil debe ser conocido por las autoridades civiles.
–En el caso de la tortura, ¿qué tanto ha impulsado la CNDH que las instituciones mexicanas apliquen el Protocolo de Estambul o tomen en cuenta sus resultados?
–Hemos llevado a cabo un proceso muy intenso de capacitación sobre el Protocolo de Estambul, pero uno de los grandes talones de Aquiles en materia de procuración de justicia tiene que ver con los servicios periciales.
“Es un proceso de difundir, de capacitar. Nosotros quisiéramos hacer más, pero sólo podemos llegar hasta la capacitación y el diseño de manuales. El trabajo es mayúsculo. La Comisión busca avanzar lo más posible y lo vamos logrando en algunos temas.
–¿Qué tan difícil es asumir esta autonomía formal de la CNDH ante el Estado mexicano, cuando es éste el que en varias ocasiones está involucrado en delitos de alto impacto?
–Este es un tema de convicción y de ética profesional. He tratado de cumplir con mi función en los términos que está previsto en la Constitución, y no ha habido un solo asunto en que haya dejado de pronunciarme para no incomodar o molestar, o haya cedido a la presión del gobierno, porque si ese fuera el caso, se acaba la institución.
–¿Cómo ve a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, a un año de creada?
–Províctima nació mal, como un chipote en la administración pública. Sin facultades legales, por decreto y en una situación en donde se fue convirtiendo en una especie de enlace entre dependencias públicas a través de un conmutador. Tiene que revisarse con mucho cuidado esta procuraduría social, porque tal como está, no tiene fundamento legal ni constitucional.

Fuente La Jornada