Mancera y los 14

 

 

 Pedro Miguel

 

En México hay inocentes encarcelados y muchos más delincuentes libres. De entre los primeros destacan 14 que fueron detenidos durante la cacería de ciudadanos emprendida en el centro de la ciudad por la policía capitalina el 1º de diciembre luego de los enfrentamientos provocados alrededor de San Lázaro. La cosecha de las fuerzas del orden fue de más de un centenar de personas, de las cuales 27 fueron liberadas horas después, 69 fueron consignadas y de éstas 56 fueron puestas en libertad por la juez María del Carmen Patricia Mora Brito, la cual dejó en prisión, en forma aleatoria, según los elementos disponibles, a otras 14. Para entonces ya estaba documentado que los efectivos policiales del Distrito Federal habían recibido la orden de capturar a la mayor cantidad de gente posible, sin importar que no hubieran tenido participación en el vandalismo y los destrozos.

Algunos de los 14 aún presos habían acudido en actitud pacífica a las movilizaciones de protesta por la consumación del proceso electoral fraudulento de este año. Otros fueron a indagar por la situación de amigos o compañeros que ya habían sido detenidos en forma no menos arbitraria. En un par de casos, los ahora imputados se limitaban a tomar fotos y video de los disturbios escenificados por la policía y los provocadores. Uno más estaba en su sitio habitual de trabajo cuando fue capturado. Ellos son Rita Emilia Nery Moctezuma, Enrique Rosales Rojas, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Daniel García Vázquez, Stylianos García Vackimes, Roberto Fabián Duarte Grcía, Carlo Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría, Alejandro Lugo Morán, Sandino Jaramillo Rojas, César Llaguno Romero, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Osvaldo Rigel Barrueta Herrera y Bryan Reyes Rodríguez. Un quinceavo, el periodista rumano Mircea Ioan Topoleanu, fue arrestado cuando tomaba fotos del enfrentamiento. Los policías le robaron la cámara fotográfica y luego fue entregado, en forma injustificada y arbitraria, al Instituto Nacional de Migración.
Cuando Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal el 6 de diciembre, tenía ante sí tres deberes coyunturales y perentorios: identificar, capturar y consignar a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la violencia y los destrozos cometidos seis días antes; presentar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la policía, y girar instrucciones a la procuraduría capitalina para que se desistiera de las acusaciones contra los presos, no sólo porque hay pruebas de su inocencia sino porque fueron detenidos en forma irregular y en el marco de un operativo policial ilegal.

Hasta ahora Mancera no ha hecho ninguna de las tres cosas y, en el caso de los encarcelados, ha preferido lavarse las manos y pasar la papa caliente al Poder Judicial. Ya sea que obedezca a la pusilanimidad, a una mentalidad autoritaria o a un afán de congraciarse con Enrique Peña Nieto –el principal interesado en llevar a sus límites un escarmiento contra el movimiento #YoSoy132 y contra las resistencias en general a su presidencia comprada–, la actitud del jefe de gobierno es insostenible. Mancera parece no darse cuenta que el mantener en la cárcel a personas cuya inocencia está documentada resulta un agravio para el electorado que lo puso en el cargo.
Muy pocas personas en esta ciudad capital desean el caos, la violencia y la impunidad. Por ello, el repudio al vandalismo perpetrado el 1º de diciembre ha sido casi unánime. Sin embargo, de allí a enviar a prisión a personas inocentes hay mucha distancia. La mayoría de los votantes capitalinos desea para su demarcación justicia efectiva, no justicia simulada; sometimiento de los agentes del orden a la legalidad, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, atención y no criminalización para los jóvenes. Si la ciudadanía defeña hubiese querido una autoridad represiva, arbitraria y policial, de esas que fabrican culpables para lucirse ante la opinión pública, hoy la jefatura de gobierno no estaría en manos de Mancera, sino en las de Isabel Miranda de Wallace; y si hubiera querido seguir sufriendo las artes priístas de la provocación, le habría entregado el Ayuntamiento a Beatriz Paredes. O sea que, de inicio, el actual jefe de gobierno está faltando a su mandato.
En el ámbito federal Peña no le debe la Presidencia a la voluntad popular sino a Televisa y a las tarjetas Monex y Soriana. El DF es distinto: aquí la autoridad representa a los votantes y si el jefe de gobierno persiste en desconocer el sentido de su encargo la ciudadanía se lo va a demandar.

Fuente La Jornada