Gustavo Castillo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
puso en marcha su primer periodo de sesiones de este año, en el cual,
entre otros temas a discutir, está la sentencia de 60 años impuesta a la
ciudadana francesa Florence Cassez, quien se encuentra condenada por
secuestro; asuntos relativos al fuero militar y la puesta en operación
de la tercera cadena de televisión, pues será el máximo tribunal el que
decida si funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
tienen la facultad de impedir que la empresa América Móvil, propiedad de
Carlos Slim, compita por una concesión televisiva.
Durante el acto protocolario de apertura de sesiones, la ministra Olga Sánchez Cordero informó a sus pares los trabajos realizados por la Comisión de Receso, en la cual se atendieron los acuerdos administrativos necesarios y se desahogaron expedientes de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad promovidas durante el pasado periodo vacacional.
Se dio a conocer que el máximo tribunal recibió un total de 994 promociones, de las cuales 60 fueron trámites de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y en ese ámbito se firmaron cinco acuerdos. Con el primero se admitió la controversia constitucional 121/2012, promovida por el estado de Oaxaca contra el estado de Chiapas con motivo de un conflicto de límites territoriales.
Sin prejuzgar sobre la validez de los actos impugnados, ni sobre la pertenencia de la franja territorial en disputa, se concedió la suspensión solicitada por el estado de Oaxaca, indicó la ministra Sánchez Cordero.
Este caso está relacionado con una invasión al territorio de los pueblos indígenas zoques de la zona de los Chimalapas en la región del istmo de Tehuantepec, y en la controversia constitucional 121/2012 el gobierno de Oaxaca impugna la creación del municipio Belisario Domínguez, que tiene una extensión de alrededor de 160 mil hectáreas que pertenecen a los poblados de Santa María y San Miguel Chimalapas, ya que con esta decisión se desconocieron los límites entre los territorios de Oaxaca y Chiapas.
Hasta el momento la suspensión otorgada por la Corte impide que el gobierno de Chiapas realice cualquier acción de autoridad o determinación territorial dentro de los límites oaxaqueños.
Para tener mayores elementos sobre la situación territorial entre esta dos entidades la SCJN requirió informes a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Poder Legislativo del estado de Chiapas.
Fuente La Jornada
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