domingo, 24 de marzo de 2013

Emboscan y asesinan al alcalde de San Juan Mixtepec, Oaxaca

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- El alcalde de San Juan Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista y su escolta Policarpo Remigio Rojas fueron asesinados en una emboscada, confirmó la Procuraduría General de Justicia del estado.
De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 02:30 horas de la madrugada de este domingo en el tramo carretero Juxtlahuaca-Mesón de Guadalupe, a la altura de la desviación a Santo Domingo El Progreso, perteneciente a San Juan Mixtepec.
Al lugar acudió el agente del Ministerio Público, Víctor Alonso Altamirano, y el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Antonio Carrillo, de la Subprocuraduría General de Justicia de la Región de la Mixteca, quienes realizan las indagatorias.

Según las diligencias ministeriales, la autoridad municipal de San Juan Mixtepec viajaba a bordo de una camioneta Nissan color vino, con placas del estado de Puebla, la cual volcó como consecuencia de la agresión.
Martínez Bautista recibió un impacto por arma de fuego en la cabeza del lado de la sien izquierda, mientras que el policía municipal Policarpo Regino tiene un impacto de AK-47 en el pecho, a la altura de la tetilla izquierda.
Aunque la autoridad judicial no ha revelado cuáles son las líneas de investigación en este caso, el pasado 30 de enero habitantes de San Juan Mixtepec solicitaron la intervención del Ejército y las fuerzas estatales ante la presunta incursión de un grupo armado de Santo Domingo Yosoñama que “invadió” a la comunidad de Pueblo Viejo y provocó el desplazamiento de los pobladores hacia el monte.
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Gabino Cué, los que se dicen agredidos y desplazados acusaron a la organización Antorcha Campesina de respaldar al “grupo armado” de Santo Domingo Yosoñama.
En la carta, los habitantes de la Batea, Cerro de Metate y Pueblo Viejo, municipio de San Juan Mixtepec, solicitaron “el auxilio de las Fuerzas Armadas del país y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Federal, ya que en este momento (13:00 horas) un grupo fuertemente armado integrado por 200 personas de Santo Domingo Yosoñama nos están atacando”.
Mencionaron que los agresores “disparan a diestra y siniestra en contra de nuestras familias, quemando casas y parte del bosque” donde se han refugiado.
“Este grupo armado al emboscar a nuestros familiares que se encuentran dentro de nuestra comunidad, a los que habíamos corrido al monte nos dispararon con armas de alto poder, los que pudimos huir, nos escondimos entre el monte, no quedándose tranquilo este grupo armado incendió casas de nuestra comunidad”, añadieron.
Antes, el 23 de enero pasado, los habitantes de San Juan Mixtepec pidieron una “tregua” a sus vecinos de Santo Domingo Yosoñama para ponerle fin a la violencia que en los últimos años han padecido por un conflicto ya resuelto por los tribunales agrarios.
De igual forma, pidieron a “organizaciones externas” como Antorcha Campesina “dejar a un lado los intereses que los mueven y que respeten la autonomía de los pueblos indígenas y, si en algún momento quisieran participar, que lo hagan sólo en beneficio y coadyuvar en la solución del problema, no en la creación, participación y decisión de los problemas”.
Mientras que a las autoridades gubernamentales les pidieron que “garanticen la seguridad y tranquilidad (obligación que tienen como gobernantes) que tanta falta nos hace y con ello no existan manos extrañas que generen violencia, transgredan nuestros derechos y generen odio entre nuestros pueblos hermanos”.
También solicitaron a las autoridades estatales y federales que “hagan valer el Estado de Derecho o mejor dicho, hagan valer la ley en el Estado y cumplan con la resolución que existe a favor de San Juan Mixtepec, con el fin de evitar que se agrave aún más la confrontación.
Exigieron enérgicamente que actúen de inmediato en el ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales que les fueron conferidas, para que se respete y se acate cabalmente la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario número 46, debiendo establecer las mojoneras y brecheo que delimiten las tierras sobre las cuales recayó la resolución.
Y agregaron: “Somos un pueblo pacífico, y lo que sólo buscamos es que se respete la legalidad que han resuelto las instancias jurisdiccionales tan es así que siempre extendemos la mano amiga a nuestros hermanos campesinos, ya que nos asiste la razón y el derecho sobre la propiedad de mil 740 hectáreas”.
Recordaron que el 15 de mayo del 2000, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 46, con residencia en la ciudad de Huajuapan de León, dictó sentencia en el juicio agrario que se tramitó bajo el expediente número 246/1996, relativo al conflicto limítrofe entre las comunidades de San Juan Mixtepec, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca y Santo Domingo Yosoñama, dependiente al distrito de Tlaxiaco.
El 2 de diciembre del 2008 se procedió a su ejecución, dándose así por aprobada formalmente. En esa sentencia se reconoció y tituló una superficie de mil 740 hectáreas de tierras comunales a San Juan Mixtepec, por lo tanto, no hay ninguna duda que están en presencia de cosa juzgada sobre el conflicto agrario entre ambas comunidades, destacaron.
También recordaron que el día 16 de junio de 2011, una camioneta de la Policía del estado fue emboscada por Yosoñama donde el chofer del vehículo, Carlos Vásquez Magaña, murió en el lugar al recibir varios disparos de arma de fuego, mientras que el policía Raciel Lucas Santiago resultó lesionado.
Aclararon que “no deseamos controversia con nuestros hermanos campesinos de Santo Domingo Yosoñama, sólo que capturen al grupo armado antorchista que no son oriundos de esa comunidad sino delincuentes en asociación que han causado muerte y zozobra sobre nuestro pueblo, así como deteriorar nuestros patrimonios”.
Luego de solicitar al Estado mexicano que fije las medidas urgentes cautelares que marca la ley, responsabilizaron al gobernador Gabino Cué y a los líderes estatal y nacional de Antorcha Campesina, Gabriel Hernández García y Aquiles Córdova, respectivamente, de cualquier atentado.

Fuente Proceso

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