lunes, 22 de abril de 2013

Ejecutado por militares, el caso del mecánico Joaquín llega a experto de la ONU



Rosalía Vergara

MÉXICO, D.F. (apro).- Al iniciar su visita por el país, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, conoció el primero de muchos casos con los que se topará en su recorrido por los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.
Se trata del caso de Joaquín Figueroa Vázquez, un mecánico que trabajaba desde hace 20 años en la empresa Construcción Santa Clara SA de CV y Triturados Río Seco SA de CV que fue acribillado, junto con 10 personas más, por elementos del Ejército el 17 de junio de 2011 en la carretera federal Xalapa-Veracruz. Inicialmente, las víctimas, todos civiles, fueron confundidos con sicarios.

En una carta abierta, Janet Figueroa, hija de Joaquín, dice:
“Como era costumbre, él viajaba desde la ciudad de Xalapa al municipio que le fuera asignado para reparar la maquinaria pesada de las empresas, desde dos semanas antes le había sido asignada la localidad de Chichicaxtle, ubicada a 45 minutos de la capital del estado”, dice la carta.
La información recabada por Jennifer es que ese viernes por la tarde viajó con su jefe, Raúl Tecate, y el laboratorista Tito Landa Argüelles a Xalapa, para recoger el dinero de la nómina de pago. Se transportaron en una camioneta marca Mitsubishi modelo 2009 tipo pick up L200 dísel, doble cabina, color blanco, placas XN-11-780 de Veracruz, propiedad de las empresas citadas.
“Esto es de lo único que tenemos certeza, porque después de casi dos años de pedir justicia, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, no hemos tenido respuestas a los cientos de preguntas que nos roban el sueño ¿Por qué nos entregaron un cuerpo desnudo, golpeado, moreteado, con la barbilla y la nariz rotas? ¿Por qué un proyectil de arma de fuego en la nuca le arrebató la vida? ¿Por qué tenía tantos impactos de arma de fuego en el cuerpo? ¿Por qué nos mostraron las fotografías de once sicarios y él se encontraba entre ellos, junto con Don Tito y el ingeniero? ¿Por qué estaba en una camioneta negra cargando una R15, con Don Tito al lado portando una AK47? ¿Por qué los dueños del poder inmediatamente declararon que eran delincuentes, criminalizando la vida de hombres ejemplares?”, se pregunta.
Ante tantas preguntas, Jennifer y familiares de las víctimas decidieron indagar la realidad de los hechos.
Interpusieron una demanda por homicidio en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un informe a organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin resultados.
Por eso, escribió esta carta pública, para responder a quienes criminalizaron a estos trabajadores.
“Nosotros les respondemos: después de ser atacados con toda la fuerza que les permite ser dueños de la infraestructura y la información, y que posibilitó hacer públicas sus declaraciones en donde los nuestros fueron declarados culpables sin un proceso legal; después de utilizar al apoderado legal de las empresas como intermediario para hacernos llamadas telefónicas advirtiéndonos de las represalias para nosotros y nuestras familias.
“Después de convencer a nuestro primer abogado, un exfuncionario público del estado, de entregar en charola de plata nuestro caso; después de intentar por todos los medios posibles hacernos llegar medio millón de pesos, que fue en lo que valuaron la vida de mi padre y de Don Tito; después de poner todas las trabas posibles ante la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal y federal, y con ello pretender pisotear uno más de los derechos de nuestros padres como trabajadores; después de tener automóviles parados frente de nuestros hogares, sin placas, durante dos o tres horas.
“Después de pretender dejar claro quién manda, con la muerte de una inconforme como la periodista Regina Martínez que nos apoyó diciendo la verdad; después de la persecución, la represión, el amedrentamiento, los puntapiés que nos hicieron abandonar nuestra tierra y sobrevivir a su embate para seguir luchando, en otra ciudad lejos de nuestro hogar y rumiando la soledad y el dolor, seguimos esperando respuestas al ¿por qué?, ¿en dónde?, ¿quién?”.
Pese a todo esto, los inconformes, a través de la carta de Jennifer, dejaron en claro: “No nos vendemos, no nos rendimos, no claudicamos”.

Fuente Proceso

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