Rosa Santana
MÉRIDA, Yuc. (apro).- El ayuntamiento de esta ciudad interpuso una
denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables del desvío
de recursos de la comuna por 216 millones 381 mil 215 pesos con 92
centavos en la pasada administración que inició la senadora Angélica
Araujo Lara y concluyó como interino Omar Lara Pacheco, amiga y primo,
respectivamente, de la exgobernadora y actual secretaria general del
PRI, Ivonne Ortega Pacheco.
El alcalde panista Renán Barrera
Concha informó que la denuncia, que dio lugar a la averiguación previa
556/6/2013, se presentó por conducto del apoderado legal del
ayuntamiento, Rodrigo Osorio Cáceres, en la agencia investigadora número
6 de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Destacó que la
denuncia está basada en “graves anomalías” detectadas en una revisión
minuciosa de documentos, estados financieros y actas de cabildo.
En
conferencia de prensa, en la que se hizo acompañar por el secretario de
la comuna, Alejandro Ruz Castro, y la directora de Gobernación, Lizette
Mimenza Herrera, el munícipe dijo que cumplió con presentar y sustentar
las debidas pruebas de los presuntos hechos delictuosos y así solicitar
a las autoridades correspondientes que cumplan con su obligación de
investigar al respecto.
Asimismo, se dieron a conocer algunas de
las pruebas del manejo de recursos y sobregiros presupuestales y
financieros del erario público municipal por un monto de 216 millones
381 mil 215.92 pesos, lo cual, consideraron, “evidencia una maquinación
orquestada por los ex funcionarios municipales”.
“La normatividad
aplicable al municipio de Mérida, responsabiliza a los servidores
públicos municipales de faltar a la obligación de salvaguardar los
recursos públicos que debían ser gastados conforme a la ley”,
recordaron.
Además, expusieron que, “al faltar a sus obligaciones,
los exfuncionarios municipales pusieron en riesgo los recursos públicos
para obras y servicios aprobados por el cabildo para beneficio de los
meridanos y ejercieron recursos en rubros y proveedores para los que no
tenían autorización de gastar, comprometiendo además los recursos que
correspondían a la administración municipal que inició en septiembre de
2012”.
Entre sus argumentaciones, recordaron que en diciembre de
2011 se aprobó el programa operativo anual, así como los presupuestos a
ejercer en 2012 por un importe de mil 807 millones 773 mil 608 pesos,
cifra sobre la cual determinaron ejercer de enero a agosto la cantidad
de mil 280 millones 278 mil 109 pesos.
“Sin embargo, a siete días
de concluir la administración, esa cantidad que ejercerían fue
modificada en sesión extraordinaria del 24 de agosto, para quedar en mil
449 millones 368 mil 293 pesos”, destacaron.
Añadieron que
adicionalmente, “se detectó que ese presupuesto ya modificado o
alterado, difiere en mucho a la cantidad reportada en los estados
financieros correspondientes como ingreso total al 28 de agosto de 2012,
que se plasmó por mil 246 millones 985 mil 205 pesos con 60 centavos”.
La
denuncia por el presunto desvío por más de 216 millones es, dijeron, la
suma de los sobregiros presupuestales y financieros y el desvío de la
reserva del aguinaldo realizado al erario público”.
Al respecto,
detallaron que se encontraron “facturas no contabilizadas que se dejaron
dispersas en distintas direcciones, entre facturas reconocidas y no
reconocidas en los procesos de entrega recepción y que suman la cantidad
de 93 millones 917 mil 982.50 pesos, cuyo importe para cubrirlas no
estaba considerado en los compromisos y recursos que la administración
saliente dejó como pendientes”.
En los rubros de recursos propios y
del fondo de aportaciones para el fortalecimiento, hizo falta dinero en
chequeras por un importe de 86 millones 316 mil 404.42 pesos.
También
documentaron un “desvío de la reserva para el pago de aguinaldos del
año 2012, por la cantidad de 36 millones146 mil 831 pesos” y en este
punto explicaron que el entonces tesorero, Carlos Bastarrachea Lara,
“sin autorización ni facultad alguna, en contra de los acuerdos
aprobados por los regidores, autorizó emplear dichos recursos para el
pago de otros compromisos del ayuntamiento, distintos al fin para el
cual se aprobaron y habían sido reservados”.
“La reserva fue
desviada de la cuenta bancaria en tres momentos diferentes de junio a
agosto de 2012, dejando sin dinero dicha cuenta y a los empleados
municipales desamparados”.
Tras la denuncia, Hugo Sánchez Camargo,
presidente estatal del PAN reiteró el interés de su partido en que se
denuncie, investigue y castigue a los responsables de la situación
económica en que quedó Mérida “a manos de la anterior administración”.
Destacó
que “este anuncio debe servir de recordatorio y ejemplo al titular del
Ejecutivo estatal”, Rolando Zapata Bello, “para que cumpla con la
palabra empeñada, informe sobre casos similares del gobierno estatal
anterior y actúe en consecuencia”.
Estos desvíos de recursos que
hoy se denuncian ante las autoridades correspondientes, dijo, “se
propician en gobiernos opacos que pasan por alto las disposiciones de la
Ley de Acceso a la Información y transparencia”.
La semana pasada
el PAN denunció ante la Contraloría General del Estado y el Instituto
de Acceso a la Información Pública (INAIP) “la situación generalizada
que priva en el gobierno de Rolando Zapata Bello en cuyos portales no
existe información actualizada y completa como exige la Ley respectiva,
violando varios de sus artículos y haciéndose acreedor a sanciones que
deberán aplicarse”.
Y recalcó que el PAN se mantendrá vigilante
del proceso que el Inaip, la Contraloría y la Fiscalía General de Estado
sigan sobre las quejas y denuncia presentadas, a fin de que se llegue a
las últimas consecuencias y se finquen responsabilidades a quienes
hayan transgredido la ley.
Fuente Proceso
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