Jueces han concedido 100 mil amparos a maestros contra la reforma educativa

Alfredo Méndez

 

Los jueces federales que conocen de las demandas de amparo presentadas por maestros contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto han concedido hasta el momento al menos 100 mil suspensiones individuales, lo cual significa que ese número de profesores están protegidos contra eventuales despidos en caso de que reprueben las evaluaciones previstas en dicha modificación, hasta que se decida en una sentencia de amparo si sus derechos laborales fueron violentados, informó Eduardo Pérez Saucedo, abogado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los profesores del país tienen de plazo hasta el próximo día 15 para demandar el amparo antes de que venza su derecho a impugnar la entrada en vigor de dicha reforma.
Las suspensiones fueron concedidas por tres jueces federales con sede en Cholula, Puebla, los cuales revisan las 400 demandas grupales de amparo que fueron firmadas por al menos 100 mil docentes.

Los juzgadores rechazaron, desde que fueron presentadas las demandas grupales, suspender la reforma, publicada el 26 de febrero pasado en el Diario Oficial de la Federación, y también se negaron a impedir la aplicación de las evaluaciones, de las que dependerá la permanencia de los mentores.
En entrevista, el abogado Eduardo Pérez Saucedo informó que esos recursos de amparo son resueltos por José Luis Zayas Roldán, Carlos Alfredo Soto Morales y Pedro Arroyo Soto, jueces tercero, sexto y séptimo, respectivamente, del Centro Auxiliar de la Segunda Región en Cholula, Puebla.
El litigante indicó que los maestros del país que deseen sumarse a las demandas de amparo podrán hacerlo en las oficialías de parte de los juzgados federales de distrito ubicadas en todas las entidades del país, para que después sean turnadas a Cholula.

La semana pasada los tres jueces emitieron un resolutivo judicial, en el cual señalaron: En relación con la evaluación obligatoria para la permanencia en el servicio profesional de los trabajadores de la educación, se niega la suspensión. Ahora, respecto de la posible afectación de los derechos laborales de los aquí quejosos, se concede la suspensión provisional, con el fin de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran; esto es, que no se afecten sus derechos laborales hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva.
Los jueces federales fijaron para el próximo 22 de abril las audiencias incidentales, en las cuales se resolverá si se concede la suspensión definitiva.
Este tipo de recursos implica que si un profesor reprueba una evaluación no dejará de devengar su salario como integrante del magisterio ni tampoco de impartir clases hasta que no se dicte una sentencia definitiva en su amparo.
En sus demandas colectivas de amparo, elaboradas por el abogado Pérez Saucedo, los maestros alegaron violaciones constitucionales y citaron diversos tratados internacionales en materia de derechos laborales para que los jueces les concedan la protección de la justicia federal.
En ese contexto, de acuerdo con el litigante, no se descarta que en los próximos días aumenten hasta 300 mil las suspensiones que protejan a docentes.

Fuente La Jornada