MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela, afirmó que el extesorero de Andrés Granier, José Saiz Pineda, podría tener inversiones en 26 empresas establecidas en Yucatán.
Dichas compañías podrían ser propiedad de Granier Melo, detenido por defraudación fiscal y “lavado” de dinero.
De acuerdo con el diario Tabasco Hoy que cita fuentes oficiales, los giros de las empresas están en el sector inmobiliario con la adquisición de miles de hectáreas en varios municipios yucatecos, así como el rubro de alimentos y otros en los que rige la exención de pago de impuestos.
Valenzuela dijo que la línea de investigación más firme sobre el desfalco en Tabasco apunta a Yucatán, donde se presumen operaciones para adquirir terrenos ejidales.
“Desde hace un buen rato se tiene en investigación la ruta del dinero, en la presunción de la desviación de recursos públicos que se tuvo en la administración pasada, y la línea de investigación más sólida apunta aquí en el Estado de Yucatán, en donde a través de varias empresas se pudieron haber realizado operaciones para adquisición de terrenos ejidales”, declaró al diario tabasqueño.
Agregó que se continuarán documentando las adquisiciones y el estado jurídico que guardan esos predios, si son todavía ejidales o particulares, las actas de asamblea ejidales.
“Toda la documentación que podamos reunir, conocer la situación jurídica que guardan cada uno de los lotes en los ejidos, así como de las empresas, sus actas constitutivas, porque tenemos ahí algunas presunciones de vinculación entre socios”, apuntó el funcionario.
El procurador explicó que hizo un recorrido por algunos de los terrenos involucrados, en especial en el municipio de Kanasín, donde Saiz, junto con su padre Juan José Saiz Zarza, compró 136 hectáreas con un valor de 246 millones al haberse acreditado como “ejidatarios” en una asamblea realizada el 11 de diciembre del 2011.
También reveló que recorrió Umán, municipio yucateco donde Amílcar Sala, exasesor de Saiz, adquirió 2 mil 500 hectáreas, por un valor de 40 millones de pesos.
Fuente Proceso
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