CUERNAVACA, Mor., (proceso.com.mx).- El gobernador Graco Ramírez
anunció la detención de 24 presuntos integrantes de la organización
criminal “Los Rojos” a los que les fue decomisada armas y droga.
La
detención se habría realizado en tres municipios de la región sur de
la entidad, pero se concentró en Tlaltizapan, donde por horas, según
trascendió, la policía con ayuda del Ejercito y federales cateó
diversos domicilios para lograr asegurarlos.
Sin mayores detalles
se ha sabido el decomiso de 20 kilos de mariguana, seis automóviles con
reporte de robo, y armas cortas y largas.
Los operativos se
realizaron durante la noche del jueves y madrugada de hoy viernes. Sed
dan horas después de que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP)
regresó armas a los municipios.
A las policías de Tlaquiltenango,
Amacuzac y Tetecala les fueron retiradas las armas al sospechar
vínculos con bandas criminales. Durante dos meses los elementos
funcionaron sin armas.
Después de realizar exámenes de control y
confianza a los elementos municipales, la SSP finalmente decidió
regresar las armas vía la licencia colectiva de portación de armas.
Fuente Proceso
Arturo Jiménez
Con la liberación del general Tomás Ángeles
Dauahare suman cuatro los casos en que la justicia mexicana tuvo que dar
marcha atrás ante acusaciones hechas y decisiones adoptadas durante la
gestión de Felipe Calderón. Los otros tres son el de la francesa
Florence Cassez, el del subprocurador Noé Ramírez Mandujano y el de la
cadena MVS Multivisión.
Tres de ellos tienen que ver con denuncias de presuntos vínculos con
el crimen organizado y uno con el retiro –y posible reposición– de la
concesión de una frecuencia de radio y televisión.Esto ocurre a casi cinco meses de iniciada la administración de Enrique Peña Nieto.
En 2007, Cassez fue acusada de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y condenada a 60 años de prisión. Pero ante diversas irregularidades judiciales, como la no realización de un debido proceso, fue liberada el 23 de enero pasado tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).





