En el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda el viernes por la noche están contempladas dos partidas directas para la “Atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto”, con 211 millones 700 mil pesos y para “Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas”, 233 millones 707 mil 890 pesos.
Llama la atención que están enlistadas en el presupuesto de Hacienda bajo el rubro de “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público” que cuenta con 373 millones de pesos.
Estas referencias apuntan a que el gobierno peñista aprobará el Sistema Nacional de Atención a Víctimas considerado en la Ley General de Víctimas, que fue impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aprobada unánimemente por el Poder Legislativo pero vetada por Felipe Calderón.
Una de las primeras promesas y acciones de gobierno del priista fue desistirse de la controversia constitucional que la tenía empantanada.
La ley vetada no consideraba la continuación de Províctima. En el último trimestre del sexenio, Calderón declaró varias veces que la Procuraduría debería seguir e, incluso, equiparó su función con la de “El buen samaritano”, de la Biblia.
En el proyecto de presupuesto se pretenden etiquetar 119 millones de la PGR para “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, además del presupuesto que se destinará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ese fin.
El Movimiento por la Paz sostuvo durante el periodo de transición diversos encuentros con Claudia Ruiz Massieu, quien entonces era la encargada de derechos humanos, para analizar la aprobación de la Ley General de Víctimas, que el equipo jurídico de Presidencia vetó por razones jurídicas, cuestiones monetarias (pues consideraba que el Estado y no los delincuentes deberían indemnizar a las víctimas) y por considerar que excluía a estados y municipios de la responsabilidad de atender a los ofendidos de delitos.
Los encuentros han continuado. Una persona consultada por Proceso y que está al tanto de los encuentros con el nuevo gobierno señala que el presupuesto de atención a víctimas está “salpicado” en distintas secretarías, entre ellas la de Educación y de Salud, que contarán con recursos para que los familiares de las víctimas de delitos de alto impacto puedan continuar sus estudios y tengan acceso a la salud.
Explicó que en la ley que entraría en vigor este sexenio se modificó la “compensación subsidiaria” que implica que el Estado indemnice a las víctimas, que antes contemplaba todo tipo de delitos. La nueva ley sólo tomará en cuenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos graves ligados únicamente a “la libertad” y “la vida”, como son las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios, los secuestros, la desaparición forzada o la trata de personas.
Hasta el momento se pretende que los bienes decomisados a la delincuencia organizada se destinen a reparar los daños a las víctimas de la violencia.
Fuente Proceso
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