30 mil hectáreas de soya transgénica en Yucatán

 

 La lucha contra las 30 mil hectáreas
de soya transgénica en Yucatán

Por Eduardo Lliteras  •@infolliteras

Mérida, Yucatán.- En agosto de 2012 se confirmó lo que las autoridades negaban y rehusaban informar a la sociedad: el permiso otorgado por el gobierno para sembrar 30 mil hectáreas de soya con semillas transgénicas en la Península de Yucatán.
Un oficio enviado por Octavio Carranza de Mendoza, en ese entonces director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, al delegado de la Sagarpa en Quintana Roo, Antonio Rico Lomelí, lo confirmaba: en él se “notificaba el permiso de liberación de Soya GM en la Península de Yucatán”.

El oficio, obtenido por este periodista, tenía el número 5315, con fecha del 27 de junio de 2011, y afirmaba que se había otorgado el permiso “para la liberación en programa piloto de 30 mil hectáreas de soya (Glycine Max L.) genéticamente modificada (GM) evento MON04032-6 con característica tolerante al herbicida Glifosato, mismas que serán establecidas en los municipios de Campeche, Champotón, Hecelchacán, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada”.
Así se pudo corroborar la presencia de las semillas de la transnacional Monsanto en la Península de Yucatán, cuyas siembras se autorizaron sin consultar a las poblaciones indígenas locales, a los productores de miel o a los agricultores mayas. Y sin tomar en cuenta, por ejemplo, la contaminación de los mantos freáticos de los acuíferos peninsulares, famosos internacionalmente, por el uso del herbicida Glifosato en los permeables suelos yucatecos.
El problema estalló cuando el primer cargamento de miel producida en Campeche fue rechazado en 2012 en Alemania por presentar trazas de polen transgénico en las muestras analizadas.
La miel de la Península de Yucatán, muy cotizada y apreciada en los mercados europeos y en particular en Alemania por sus características y pureza, corría el riesgo de ser vetada del redituable mercado alemán por la contaminación producida por la presencia de soya genéticamente modificada.
La decisión del Tribunal de Justicia Europeo, tomada en 2012,  en el caso C-442/09, prohibía la venta de miel que contenga polen de cultivos no autorizados (transgénicos) y exigía “requerir su etiquetado cuando contenga más del 0.9 por ciento de polen de cultivos transgénicos autorizados”, advirtió Greenpeace.
La respuesta de la autoridad federal en ese entonces fue de silencio, por un lado, y de aceleración de los trámites burocráticos por el otro, para permitir la implantación de los transgénicos en la Península de Yucatán producidos no sólo por la Monsanto sino por otras transnacionales de la agroindustria mundial como Dupont o Dow Chemical.
En efecto. Durante todo 2012 se siguió la misma estrategia, a pesar de las reiteradas quejas y manifestaciones –inclusive con el apoyo de Greenpeace– de rechazo a la presencia de los cultivos transgénicos en la Península de Yucatán por parte de los productores de miel, preocupados por el impacto negativo en una industria de la que viven sólo en el estado de Yucatán unas 20 mil familias.
“La siembra de soya, maíz y otros granos y oleaginosas transgénicas pone en riesgo la producción de orgánicos, a la cual se dedican 130 mil productores en el sureste del país que destinan 400 mil hectáreas a dicho tipo de cultivos y cuyas exportaciones superan los 4 mil millones de pesos anuales”, expusieron productores durante un foro en Mérida.
De acuerdo con datos de Sagarpa, señalaron, “el mercado de productos orgánicos en la Unión Europea supera los 16 mil millones de euros y el de Estados Unidos los 26 mil millones de dólares; 80 por ciento de la producción se exporta al país vecino, así como a Canadá y a países de la Unión Europea. China y Japón están interesados en comprar productos orgánicos mexicanos”.
México, advirtió Greenpeace, es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja (Apis mellifera), 40 por ciento se produce en la Península y más de 90 por ciento de la producción anual se exporta a la Unión Europea. Cuarenta mil apicultores y sus familias dependen de la producción de miel. Unas 15 mil familias producen más de 10 mil toneladas de miel en Yucatán, generando una derrama económica superior a 300 millones de pesos al año.
Sin embargo, a las dependencias federales no les importó lo que dijeran los productores locales, las comunidades indígenas o los representantes de la pequeña industria de la miel peninsular. Por el contrario, la imposición de la soya transgénica se pretende hacer permanente (es decir, superar la llamada “fase experimental” para dar paso a la “fase comercial”) y además autorizar los cultivos de maíz transgénico en México, a pesar de ser país origen del maíz y amenazar directamente a la biodiversidad nacional y su cultura.
El pueblo del maíz va camino de convertirse en el pueblo del maíz genéticamente modificado, de la Monsanto, a depender de una o varias transnacionales, para sembrar y alimentarse de una planta que México dio al mundo y de la que había miles de variedades gracias a la labor milenaria de los pueblos mesoamericanos.
De hecho, las empresas Monsanto, Dupont y Dow solicitaron al gobierno de Felipe Calderón autorización para plantar más de 2 millones 400 mil hectáreas de maíz transgénico en diversos estados del norte y sur, así como 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica –tolerante al herbicida glifosato– en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
A raíz de esta última solicitud y de la presión de los productores locales, el gobierno de Yucatán decidió actuar y solicitar a las autoridades federales decretar al estado como “zona libre de transgénicos”.
La lucha se trasladó del campo a los escritorios de la burocracia, ya que es allí, en el laberinto kafkiano de las oficinas federales, donde se tomará la última palabra, lejos, muy lejos, de los surcos de los campesinos yucatecos, de las comunidades  mayas.
Las autoridades federales de mediano y alto nivel que han permanecido en el cargo durante la larga transición entre la administración de Calderón a la de Peña Nieto, han aprovechado el vacío político para rechazar la petición de las autoridades de Yucatán de convertir de declarar a la entidad como un estado libre de transgénicos.
El capítulo ahora llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la más reciente e inverosímil respuesta de la autoridad federal en el sentido de que en Yucatán “no hay comunidades indígenas”.
El tema tiene similitudes con lo que sucede con el Dragon Mart Cancún, en el que los intereses locales, de la población, de la pequeña y mediana industria, chocan con las ambiciones de las transnacionales, de países extranjeros y burocracias locales o federales, inclusive acusadas de corrupción.
La falta de transparencia y el entreguismo a intereses supranacionales muestran un modelo de país sujeto al expolio, con la población de rehén.

• El autor es periodista, conductor de programas de radio y director de la agencia de información www.infolliteras.com