Silvia Chávez, Rubicela Morelos y Rubén Villalpando, corresponsales, y Notimex
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) se manifestaron ayer en las instalaciones del
Congreso de San Luis Potosí, luego que se citó a una sesión
extraordinaria para aprobar la reforma educativa.
La cita era a mediodía, pero los profesores llegaron desde las 11
horas para llenar el recinto, mientras gritaban consignas contra los
legisladores y las modificaciones a la ley.Ricardo García Melo, dirigente estatal del SNTE, dijo que se requieren reformas educativas de fondo y que esperan algo más que lo que se presenta hoy. Aseguró que no hay miedo a la evaluación y que los profesores son el pilar de la sociedad potosina, por lo que pidió que no sean engañados con una reforma.
Entre los manifestantes estuvieron Vito Lucas Gómez Hernández, ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, y Patricia Álvarez, integrante de la anterior legislatura, ambos del Partido Nueva Alianza.
En tanto, en el Valle de Toluca (donde se ubican 68 de los 125 municipios del estado de México), profesores distribuyeron miles de volantes, en los que rechazan la reforma impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El delegado de la sección 17 del SNTE, Gustavo Michua, informó que desde el viernes profesores del Valle de Toluca integraron al menos 10 mil expedientes para iniciar amparos en contra de la reforma.
Michua, quien representa a más de 27 mil trabajadores de la educación en el poniente del Valle de Toluca, incluyendo Jilotepec y Huixquilucan, dijo esperar que el lunes la cifra de expedientes llegue a 20 mil, pues
la respuesta ha sido muy favorable.
En Morelos, la sección 19 del SNTE determinó recurrir al
amparo indirecto, por lo que desde el jueves pasado se inició la
recolección de documentos de trabajadores inconformes con la reforma
educativa, dijo su dirigente, María Eugenia Ocampo Bedolla.
La lideresa local dijo que “al otorgar a una ley reglamentaria la posibilidad de generar los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, sin duda se abre la puerta a acciones que violen los derechos de los trabajadores de la educación, amenaza nuestra estabilidad laboral y generará incertidumbre en el empleo.
Los profesores César Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, del grupo parlamentario de Nueva Alianza en Chihuahua, criticaron que legisladores panistas y priístas locales hayan decidido con una celeridad fuera de lo común la ley para ser aprobada sin un análisis previo.
Consideran que la educación pública en el mundo, y hoy en México, está bajo el ataque de las fuerzas privatizadoras y los grandes empresarios; incluso organismos internacionales que financian la educación del Estado mexicano, han condicionado sus apoyos para que, con el argumento de la evaluación, el derecho fundamental al trabajo sea transgredido.
La lideresa local dijo que “al otorgar a una ley reglamentaria la posibilidad de generar los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, sin duda se abre la puerta a acciones que violen los derechos de los trabajadores de la educación, amenaza nuestra estabilidad laboral y generará incertidumbre en el empleo.
Los profesores César Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, del grupo parlamentario de Nueva Alianza en Chihuahua, criticaron que legisladores panistas y priístas locales hayan decidido con una celeridad fuera de lo común la ley para ser aprobada sin un análisis previo.
Consideran que la educación pública en el mundo, y hoy en México, está bajo el ataque de las fuerzas privatizadoras y los grandes empresarios; incluso organismos internacionales que financian la educación del Estado mexicano, han condicionado sus apoyos para que, con el argumento de la evaluación, el derecho fundamental al trabajo sea transgredido.
Fuente La Jornada
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