Promesa del gobierno de Oaxaca de no reprimir resistencia al proyecto en San Dionisio del Mar.
Rosa Rojas
Publicado: 18/02/2013 08:32
Publicado: 18/02/2013 08:32
México,
DF. Como “un triunfo” consideró el movimiento de resistencia
contra la instalación del parque eólico en la barra Santa Teresa,
municipio de San Dionisio del Mar, el compromiso del secretario
general de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez, de respetar
y acatar “la decisión de los pueblos de que no entre Mareña
Renovables” y no reprimir a los pueblos en resistencia, informó la
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en
Defensa de la Tierra y el Territorio.
Martínez
Álvarez acudió este sábado al poblado de Álvaro Obregón a
dialogar con integrantes de las asambleas de San Dionisio del Mar,
San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Blas Atempa, Santa Rosa
de Lima, Juchitán, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, Álvaro
Obregón, ejidos Charis y Zapata, luego de más de un año de
movilizaciones y bloqueos –que llegaron incluso a la confrontación
con la fuerza pública– para impedir el paso de maquinaria y
trabajadores de Mareña Renovables hacia San Dionisio.
Sin
embargo, eso deja subsistente el contrato que la comunidad ikjoot de
Santa María del Mar firmó con la trasnacional española Preneal en
2006, que “reservó” 2 mil hectáreas para instalar 30
aerogeneradores con 90 megavatios de capacidad instalada. La duración
del contrato es por 30 años prorrogables.
Preneal
realizó un contrato, en términos muy parecidos, con la comunidad de
San Dionisio del Mar para la instalación de 102 aerogeneradores en
la barra de Santa Teresa, lo que provocó la resistencia de los
ikjoots de Pueblo Viejo, quienes cuestionaron que el parque eólico
afectaría la pesca, su base de subsistencia, y ocasionó las
movilizaciones que llevaron a Martínez Álvarez el sábado a Álvaro
Obregón.
Aunque
negociando por separado con las comunidades, Preneal tenía
proyectado un gran parque eólico: en conjunto los proyectos de San
Dionisio del Mar y Santa María del Mar totalizarían 396 megavatios,
que los convertirían en la mayor instalación eólica de América
Latina.
A la
firma del contrato con Preneal, el 21 de julio de 2006 en Juchitán,
Santa María del Mar recibió un pago inicial de 276 mil pesos, según
el testimonio que posee este diario; el pago incluía la renta anual
por la “reserva” más IVA y 36 mil pesos como apoyo educativo.
En
marzo de 2011 Preneal informó que había vendido ambos proyectos en
89 millones de dólares (63 millones 200 mil euros) a Mareña
Renovables, consorcio integrado por el grupo empresarial mexicano
Fomento Económico Mexicano (Femsa Coca-Cola), el Fondo de
Infraestructura Macquarie México (FIMM) y la sociedad Macquarie
Capital.
Esa
venta “representa un negocio de más de mil millones de pesos. A
quienes lo hacen posible les entregan la fabulosa cantidad de nueve
pesos con 58 centavos (mensuales por hectárea). ¿Les parece un
trato justo?”, cuestionó en el Congreso de Oaxaca el diputado
local Flavio Sosa el pasado 6 de febrero, cuando recordó a la
diputación oaxaqueña lo que los indígenas ikjoots y zapotecos han
venido denunciando desde el sexenio de Vicente Fox: los contratos no
les fueron leídos en su idioma, hubo presiones y maniobras ilegales
de las empresas para que firmaran y no se cumplieron las
disposiciones ni de la Constitución Mexicana de protección a las
tierras comunales ni las del convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, de que los pueblos indígenas deberán ser
consultados siempre que se considere enajenar sus tierras o
transmitir sus derechos sobre ellas.
Sosa
instó al Congreso y al gobierno de Gabino Cué a establecer una mesa
de diálogo, cumplir con los compromisos internacionales en materia
de derechos indígenas y a ventilar públicamente un asunto que a
todas luces es de interés público.
Por
el lado de Santa María del Mar, el otorgamiento del usufructo de las
2 mil hectáreas a Preneal-Mareña agudizó el conflicto agrario que
este núcleo tenía con la comunidad de San Mateo del Mar por mil 450
hectáreas. El ex comisario ejidal de San Mateo, José Gutiérrez
Luis, señaló en 2011 que parte de las tierras que usufructúa
Mareña pertenecen a su comunidad.
San
Mateo, cuya asamblea desde un principio rechazó los proyectos
eólicos, mantiene bloqueado desde hace casi tres años el paso por
tierra a Santa María del Mar, una de las agencias del municipio de
Juchitán más marginadas, que quedó aislada y a la que sólo se
puede llegar por mar.
Cronología
de un proyecto estrictamente confidencial
De
acuerdo con un documento de Mareña, rotulado “estrictamente
confidencial”, la cronología del proyecto Preneal-Mareña
Renovables es la siguiente.
En
abril de 2003 Preneal comenzó a desarrollar el proyecto en el área;
en abril de 2004 renta el uso de los primeros terrenos; en marzo de
2007 adquiere 395.9 megavatios de capacidad de transmisión en la
temporada abierta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en
marzo de 2011 Mareña Renovables adquiere y se propone desarrollar el
proyecto.
El 21
de octubre de 2009, con un “modificatorio” al contrato inicial,
el pago de renta por las tierras “reservadas” aumentó a 126
pesos con 8.7 centavos por hectárea y la superficie se incrementó a
2 mil 261 hectáreas.
En el
contrato de 2006 se establece que en la asamblea que lo aprobó
participaron 72 de 129 comuneros –55.8 por ciento del total– y lo
aprobaron por 65 votos.
Se
detalla que los representantes legales de la empresa informaron de la
intención de ésta de establecer, desarrollar y operar centrales
eólicas en las tierras de uso común de Santa María del Mar, en una
área geográfica que será “delimitada de manera exclusiva por su
representada”, y aclararon preguntas y dudas a los participantes.
Se
estipula, además del pago anual por hectárea y de apoyo educativo,
el pago de 4 mil pesos anuales por derecho de instalación y medición
de cada torre para medición del viento, sin especificar su número.
Además, en caso de que la central llegara a construirse, la
usufructuaria se compromete a instalar a su costo una planta
desaladora de agua marina para dotar de agua potable a los comuneros.
Se
determina, además, que cuando el proyecto entre en operación le
pagará a la comunidad por el usufructo de las tierras 1.4 por ciento
“del total de ingresos brutos derivados de la generación de
electricidad en el área geográfica”, cesando los otros pagos.
Un
análisis del contrato, realizado por la abogada Mirna Godínez
Rasgado, señala que el proceso legal que se siguió para obtener la
autorización de la comunidad “carece en algunos puntos de validez
legal”, porque la información que se dio a los comuneros fue
sesgada y buscaba más la aprobación que la reflexión; sólo
participaron comuneros –poco más de 8 por ciento de la población–
y no se consultó a mujeres y jóvenes, que representan 92 por ciento
de los afectados.
Asimismo,
la asamblea se realizó sin tomar en cuenta que la instalación de un
parque eólico requiere del análisis y la decisión de un nuevo
régimen de explotación de las tierras comunales, ya que implica
pasarlas del régimen de explotación agrícola a una industrial y
comercial, y en estas condiciones debía efectuarse una asamblea
general calificada, lo que requería contar en primera convocatoria
con la asistencia de las tres cuartas partes de los comuneros y con
el voto aprobatorio de las dos terceras partes.
En
conclusión, el procedimiento aplicado violó la ley agraria en
vigor, la Constitución y los convenios internacionales, indica el
análisis.Fuente La Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes dejar tus comentarios en cualquier momento, solo trata de poner buenos argumentos y sobre todo trata de evitar el uso de palabras altisonantes, este blog es de ustedes.
Saludos.