Corrupción escandalosa: la judicial

Víctor Flores Olea

Únicamente en primeros años de “pasante” incursioné en los aparatos judiciales de la Republica, y tal vez varias experiencias de aquel tiempo me disuadieron de seguir con el “litigio” de la profesión. He vuelto ahora a conversar con abogados jóvenes (y de mi tiempo) y una de mis primeras curiosidades se orientó a la descripción de sus experiencias sobre la corrupción del sistema judicial, que yo tenía como muy grave y aun despreciable. El ¿resultado de mi experiencia personal? Uno de tantos fue mi abandono de la profesión en activo y mi dedicación a la teoría, en parte jurídica y dominantemente política, hasta el punto de que mis postgrados fueron en tales materias y radical mi alejamiento de la actividad profesional como “litigante”. La descripción que recibí ahora de los jóvenes resulta más escandalosa y vergonzosa, si se puede, que la existente en “mi tiempo”.
Por supuesto no generalizo en materia de decisiones personales, entre otras razones porque conozco y he conocido abogados que batallan incansablemente, por diversos medios, para hacer de su profesión una actividad digna y alejada de la corrupción, y tal es una lucha admirable, su esfuerzo incansable por “limpiar” el medio. Pero no deseo que estas líneas se

conviertan en un trazo biográfico que resultará para muchos trivial o discutible. Pero sí me interesa subrayar la opinión de gente cercana, de un sin fin de amigos y conocidos que tienen años lidiando en esos medios con diferentes resultados.
El hecho escandaloso es que en estos intercambios hubo una sorprendente coincidencia, muy preocupante, en señalar que el sistema judicial mexicano resulta francamente una vergüenza por el volumen de la corrupción, a niveles casi inimaginables. La corrupción que abarca no sólo la mayoría sino digamos prácticamente la totalidad del sistema o del poder judicial en México. Y ellos resulta escalofriante.
Dos palabras parecían dominar la gran mayoría de esos testimonios, como causa directa o indirecta de la corrupción: influencias y dinero, o al revés. Tal sería el doble método que pesa y distorsiona a la gran mayoría del sistema judicial mexicano. No las decisiones en estricto rigor jurídico, sino su alteración y falsificación vía la entrega, o exigencia de dinero, o las instrucciones que se imparten desde algunos de los poderes (con mayor frecuencia del pode ejecutivo, es decir, del aparato político o estatal) y que tuercen la ley, o lo que resulta igual que hacen variar fulminantemente la aplicación de la ley en función de los recomendados y de las prebendas o beneficios económicos que recibe el aparato judicial, en todos sus niveles, o de las “órdenes” que recibe de políticos o influyentes la mayor parte de las veces con eficacia, de un lado, y del otro también con increíble sometimiento y docilidad por parte de los juzgadores, también a los más diversos niveles.
En México, aparentemente, ahora hay una preocupación primordial por eliminar la corrupción, y “parecería” que se ha logrado en alguna medida (lo veremos) en materia electoral, inclusive tal vez en variedad de materias o actividades directamente relacionadas con la administración pública, pero parece abandonada totalmente a su suerte la “galopante corrupción” en materia judicial. ¿Por qué es así? Permítaseme decir que mi señalamiento viene porque esta corrupción parece ser una de las más dañinas, o en todo caso porque resulta extraordinariamente dañina para la convivencia social.
La inseguridad, la desconfianza social que existe ante la corrupción del sistema judicial, comunica una sensación de abandono e impotencia a todos los ciudadanos que carecen de dinero suficiente para “resolver” sus problemas judiciales (la gran mayoría), o que carecen de “influencias” para evadir o evitar “caer” en manos “de la ley”. Y esto lastima, debilita y desbarata el tejido social como una de sus peores lacras. Y además refleja también como nada las desigualdades sociales, llámese económicas o de educación y cultura.
De la mano de los anterior van sin duda los casos de gente muy humilde, incluso de los grupos indígenas, que pueden pasar años en una prisión sin que reciban sentencia judicial alguna, encontrándose mucho tiempo después que son inocentes de los cargos por los que ilegalmente se les acusó y que fueron causa de su detención, o el hecho también de que gente adinerada no es sometida nunca a los debidos procesos judiciales, porque precisamente el dinero, a veces verdaderas fortunas, ha intervenido oportunamente para corromper jueces en los más diversos niveles y ocasiones. O porque son capaces de altas y eficaces influencias que intervienen a tiempo.
Creo que este aspecto de nuestra vida pública no se puede olvidar y que no podrá hablarse de adelantos en la democracia si esa “asignatura” queda olvidada. Sí, es verdad, la división de poderes, pero precisamente hay instancias dependientes del ejecutivo, por ejemplo la  Procuraduría General de la República que evidentemente podría intervenir en esos casos. ¿O es
mucho pedir? ¿O nos estamos refiriendo a una instancia que “naturalmente” es partícipe e inclusive aliada del sistema judicial corrupto (entendiendo por ello el aparato de los los jueces y tribunales), y que entonces resulta que estamos pidiéndole “peras al olmo”? No desearía ser tan afirmativo en los “medios adecuados” para resolver la cuestión, pero también debo preguntar si
la Suprema Corte sería el mejor camino, ¿o vuelvo a pedirle peras al olmo?
En todo caso, en un régimen presidencial como el nuestro el Presidente de la República, con toda su influencia en los asuntos más generales del Estado, está en posición de intervenir adecuadamente en problema tan grave. El hecho es que a los ojos de muchos mexicanos el mismo poder ejecutivo, en sus instancias más altas, debería tomar cartas en el asunto, y tomar conciencia plena de la gravedad del asunto, lo cual no parece evidente que ocurra. Al contrario, más bien parece que se ha olvidado la cuestión que no está, según declaraciones múltiple, entre sus prioridades de gobierno más urgentes. Lo cual es lamentable, en perjuicio de muchos compatriotas.
Ojalá que cambie la situación y que pronto veamos al gobierno de Peña Nieto al menos iniciar una campaña o toma de conciencia general en asunto tan complejo pero decisivo para el sano desarrollo de la República. Esta sí que sería una gran Reforma de la República.

Fuente La Jornada