Ezequiel Flores Contreras
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- La agudización de los
conflictos sociales y la persistente violencia que provocan una
percepción de ingobernabilidad en la entidad, desencadenó el cese de al
menos tres funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, informaron
fuentes oficiales.
Los personajes de la administración que hasta el momento han sido
sacrificados son el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la
titular de la Secretaría de Educación, Silvia Romero Suárez y el
secretario de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla, indicaron
las fuentes.
Al respecto, el director de Comunicación Social del gobierno estatal,
Pedro Julio Valdez Vilchis, informó que se avecinan cambios y enroques
en la administración de Aguirre aunque dijo que aún “no hay nada
oficial”.
Entrevistado vía telefónica, Valdez Vilchis dijo que el gobernador
Aguirre se encuentra en la Ciudad de México pero no especificó las
causas.
No obstante, fuentes oficiales aseguraron que se trata de un cónclave
donde participan miembros de la dirigencia nacional del PRD y
funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, quienes están
avalando los cambios en el gabinete de Aguirre.
Desde hace 10 días este medio dio a conocer que el secretario de
Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla, habría presentado
su renuncia al cargo aunque sigue participando en reuniones del gabinete
de seguridad denominado Grupo Coordinación Guerrero, conformado por
autoridades castrenses y políticas de los tres niveles de gobierno.
Mientras que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, anunció
este sábado su renuncia al cargo por la crisis que enfrenta el gobierno
estatal ante la agudización de los conflictos sociales que no ha podido
resolver la administración de Aguirre, entre ellos las protestas del
movimiento magisterial y la proliferación de grupos de autodefensa
ciudadana.
La falta de operación política en la administración es tan grave que
la semana pasada Aguirre utilizó como empleado al miembro de la
dirigencia estatal del PRD, Óscar Chávez Rendón, para destrabar el
conflicto registrado la semana pasada en San Luis Acatlán, donde
integrantes de la Policía Comunitaria adherida a la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron durante tres días
a 13 policías ministeriales y municipales, así como a un funcionario
del ayuntamiento y del Tribunal Superior de Justicia.
En este sentido, también se contempla la renuncia de la secretaria de
Educación en la entidad, Silvia Romero, quien prácticamente ha sido
rebasada por la problemática que se vive en el sector educativo en el
que se han generado dos conflictos que tienen en jaque a la
administración de Aguirre.
El primero fue el asesinato a tiros de dos normalistas de Ayotzinapa
durante el desalojo de un bloqueo de que realizaban estudiantes en la
Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011 para exigir una audiencia
con el mandatario estatal porque sus demandas de plazas y becas no
fueron atendidas por la funcionaria.
El segundo es la protesta del magisterio disidente en contra de la
aprobación de la reforma educativa que se convirtió en el Movimiento
Popular de Guerrero y que en los últimos dos meses provocó un paro de
labores, manifestaciones violentas, bloqueos de calles y de la Autopista
del Sol, acciones que exhibieron el vacío de autoridad y desataron
críticas en contra del gobierno de Aguirre.
Fuente Proceso
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