Difieren de nuevo diligencia del caso Gordillo

MÉXICO, D.F. (apro).- La diligencia programada para este miércoles en el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente, donde se desahoga el juicio contra Elba Esther Gordillo, se suspendió, luego de que la coacusada, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, se reservó su derecho a declarar amparándose en el artículo 20 constitucional.
En la audiencia, Ugarte Ramírez, quien sigue internada en el Hospital Central Militar desde su detención, el pasado 26 de febrero, iba a ser interrogada por la defensa de la exdirigente nacional del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada de los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Nora Guadalupe, quien presuntamente se acogió al programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR), ni siquiera se presentó en el Juzgado porque previamente manifestó que, como acusada en el caso, tiene el derecho a reservarse sus declaraciones.
En su declaración preparatoria, Ugarte confesó que los 2 mil millones de pesos que recibió en sus cuentas bancarias desde el SNTE eran para cubrir los gastos de Gordillo y su familia, principalmente de sus hijas Mónica Arriola y Maricruz Montelongo.
El mes pasado, Gordillo Morales se desistió de tres diligencias programadas para abril, entre ellas el interrogatorio al apoderado legal del SNTE, quien comparecería el lunes 22.
Asimismo, la defensa de “la maestra” envió un escrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el que declinó las dos audiencias previstas para los días 24 y 29 del mismo mes.
En la primera de ellas se citó al representante legal de la comercializadora GC, SA de CV, José Antonio Rodríguez Millán, que, de acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), es el representante de la compañía que compró la aeronave con matrícula XA-UEF que utilizaba Gordillo Morales para sus viajes al extranjero.
Rodríguez Millán también es identificado como apoderado de la compañía inmobiliaria Galilei, que está a nombre de Zoila Morales Ochoa, madre de la exdirigente sindical. Esta empresa administraba los departamentos de Polanco.
Tampoco se realizó la audiencia del 29 de abril, en la que estaba prevista la comparecencia de representantes de las compañías Pilatus PC-12 Center De México S A De C V y ExecuJet México S de RL de CV.
La semana pasada, el diario Reforma dio a conocer más datos sobre el caso Gordillo.
En sus declaraciones ministeriales, Erick Salvador Rodríguez, exintegrante de la Tesorería del SNTE y detenido un día después de la captura de la “maestra”, el 27 de febrero, dijo que Juan Díaz de la Torre, actual líder del SNTE, y Francisco Arriola, exmarido de Elba Esther, firmaban los cheques de los que disponía la exlideresa del magisterio.
Asimismo, que Gordillo gastaba de 7 a 15 millones de pesos mensuales.
Salvador Rodríguez refirió también que él mismo fue testigo del reparto de sobres repletos de billetes a secretarios generales de secciones del SNTE, por concepto de regalías de la empresa Consupago.
Esta última es una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) que pertenece a Grupo Chedraui y que tiene en el SNTE a su principal cliente en el negocio de los créditos por nómina, según el diario Reforma.
Rodríguez aseguró que el SNTE no tenía un programa operativo de gastos porque Arriola manejaba los dineros como una “caja chica”, aunque sí entregaba alrededor de 60% de las aportaciones a los líderes seccionales.
Además, que entre los dirigentes gremiales se manejaba una cuenta bancaria paralela que no aparece en los registros contables del sindicato.
Gordillo, según sus cálculos, era beneficiaria de 10% de las aportaciones que recibía el sindicato, aunque este dinero aparecía registrado para gastos de “presidencia”.
La declaración ministerial de Rodríguez se hizo el pasado 26 de marzo en el Hospital Central Militar.

Fuente Proceso