Implican a extitular de la Sedena en la trama para encarcelar a militares

MÉXICO, D.F., (apro).- La piezas del rompecabezas del caso de los militares presos en la administración calderonista por sus presuntos nexos con el crimen organizado poco a poco se van acomodando.
En su edición de este miércoles, la periodista Carmen Aristegui, en su espacio de noticias de MVS, aportó un nuevo elemento que deja ver la trama urdida desde las altas esferas de la Secretaría de la Defensa Nacional, para encarcelar a cuatro altos mandos militares, entre ellos el subsecretario Tomás Ángel Dahuahare, el único absuelto hasta ahora: Se trata del testimonio del general Rubén Pérez Ramírez.

De acuerdo con su declaración ampliada, el entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, operó en diferentes frentes para encarcelarlo a él y a sus compañeros, los también generales, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Tomás Ángeles Dauahare.
En aquel entonces, este último era visto como potencial candidato a la Sedena y su detención se registró en plena efervescencia electoral, en mayo de 2012. Dahuahare estuvo preso  11 meses y fue liberado el pasado 17 de abril, luego de que la Procuraduría General de la República o pudo sostener las acusaciones en su contra.
El general Pérez Ramírez, quien continúa preso en un penal de máxima seguridad del Altiplano, dijo en su declaración que el general Galván Galván llevó a cabo todo un plan para inculpar al general Dauahare, en el que incluyó miembros del Estado Mayor Presidencial, la PGR y de la Unidad de Delitos contra Salud, de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO).
Asimismo, reveló que a principios de abril llegó a la Unidad de Delitos contra la Salud, que era comandada por militares, y un sujeto a quien identificó como El jefe le pidió que cooperara con la investigación que incriminaba a militares, entre ellos a Dauahare.
“El jefe me dijo que lo pensara bien que no me quería perjudicar porque además la persona que le interesaba era el general Dawe y otro general. Y otras personas que tenían que ver con el asunto, o estaban muertas o en la cárcel”, dijo en su declaración.
La advertencia fue clara. Le dijeron: “Píenselo bien, mejor colabore diga la verdad porque si no esto le va a hacer daño a su carrera y su vida está acabada”. 12 días antes de ese interrogatorio, el 20 de abril de 2012, fue asesinado el general Arturo Acosta Chaparro.
Pérez Ramírez refirió en su testimonio que aceptó firmar “intimidado” por los militares y por la promesa de que saldría bien librado, pero al final no fue así, termino encarcelado junto con sus compañeros y no ha sido liberado.
El 9 de mayo, se llevó a cabo un segundo interrogatorio. Fue el mismo día en que se desarrolló el Foro Encuentros por el Futuro de México, organizado por la fundación Colosio en la que estuvo presente en entonces candidato presidencial, Peña Nieto, y el general Dauahare.
En esa ocasión, relató el militar en su declaración, los militares encabezados por El jefe le exigieron que firmara una nueva declaración en la que describía con detalle a las dos personas que supuestamente lo habían visitado en Cancún para negociar el aterrizaje de los aviones con droga.
Pérez Ramírez puso resistencia y exigió un abogado. Entonces El jefe le reviró: “Bueno, aténgase a las consecuencias, conste que se lo advertimos”.
Ante la nueva amenaza y la oferta de que saldría de inmediato del apuro como un testigo más, firmó la declaración.
Sin embargo su situación dio un giro cuando, según relató en su declaración, fue citado a declarar nuevamente, después de que los generales Dawe y Dauahare ya habían sido detenidos.
Igual que en las declaraciones anteriores, le pidieron firmar una declaración previamente confeccionada.
Los militares de la PGR a cargo pasaron a una oficina donde estaba un mayor enviado por la sección de inteligencia del Estado Mayor de la Sedena, cuyo nombre omitió, quien le dijo: “Trate de colaborar en este asunto, hay un interés muy especial por parte del señor secretario (Galván Galván).
“Si usted lo hace estoy seguro de que lo van a ayudar y no tendrá  ningún problema. De otra manera tengo conocimiento que estas personas no tendrán ninguna consideración y lo van a consignar”, le advirtió.
Al final, firmó una declaración en la que se inculpa de delitos contra la salud en la modalidad de colaborador. Se le acusó de permitir el aterrizaje de aviones con cocaína en Cancún.
En su declaración ampliada aclaró que lo hizo bajo un “conjunto de presiones e intimidaciones”.
El 1 de agosto del año pasado el general de división en retiro Ricardo Escorcia también denunció que la PGR lo obligó a firmar un testimonio ministerial falso para inculpar al general Tomás Angeles con una presunta recepción de dinero del narco.

Todo fue una fabricación perversa: abogado

En entrevista posterior, también con MVS Noticias, Guillermo Pasquel, abogado del general Pérez Ramírez, afirmó que “todo esto fue instruido bajo una perversidad y una actitud ilegal”.
El abogado dijo que “es claro que hubo una fabricación de pruebas” para encarcelar a generales y militares en mayo de 2012, entre ellos su defendido.
Comentó que ya tienen ubicado a El Jefe quien, según el general Pérez Ramírez, fue quien pidió incriminar a elementos del Ejército y trabajó desde la Unidad de Delitos contra Salud SIEDO.
“Afortunadamente ya lo tenemos ubicado. No es un militar, es un agente del MP (Ministerio Público) de la extinta SIEDO”, dijo, pero se negó a revelar el nombre.
También comentó que ya fueron interrogados dos de los agentes que armaron el expediente contra los militares y sostuvo que las declaraciones emitidas por su defendido, son inválidas porque se le conocen como autoincriminatorias.
“Eso por ley está prohibido porque es una vieja práctica de hacer que declararan hechos que los incriminaran”, dijo.
El abogado consideró que la gente que intervino en el entramado para encarcelar a los militares fueron designados de “forma oficial” por lo que consideró ingenuo que la entonces titular de la PGR, Marisela Morales no estuviera enterada de ello.
“Es evidente que había conocimiento de las máximas autoridades de la PGR…. sería increíble que las máximas instituciones no estuvieran enteradas”, arguyó.
Pasquel sostuvo que si bien es claro que hubo participación de militares, también hubo “coadyuvancia” por parte de agentes del Ministerio Público.
En cuanto a los militares que aún permanecen encarcelados, entre ellos su defendido, adelantó que el martes pasado pidieron que se dé por terminado el periodo de presentación de pruebas para obtener su libertad lo más pronto posible.

Fuente Proceso