Michoacán, la ingobernabilidad

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 29 de mayo (apro).- Hace seis años Felipe Calderón se colocó una casaca verde bastante holgada y una gorra militar para lanzar su declaración de guerra al narcotráfico, empezando por su tierra natal, Michoacán, donde, a la postre, es más que evidente el fracaso de esa estrategia.
Hoy el priista Enrique Peña Nieto repite la misma historia y, aunque no se vistió de militar, lanzó hace una semana a unos 6 mil soldados a “rescatar” la región de Tierra Caliente, donde grupos de autodefensa ciudadana tomaron las armas rebelándose a la tiranía impuesta por el crimen organizado, tolerada por las mismas autoridades del estado y la Federación.

Michoacán es ahora la entidad con más visos de ingobernabilidad en el país. De acuerdo con informes del propio gobierno estatal, 70% de su territorio está controlado por el grupo de Los Caballeros Templarios, y el resto por La Familia Michoacana. Todos los municipios pagan una cuota de 10% a estas bandas del narcotráfico, según reveló Rafael García Zamora, alcalde de Coalcomán.
Y con un gobernador interino, Jesús Reyna, cuestionado por la misma población por su falta de acción como secretario de Gobierno, la entidad sufre una inestabilidad cada vez que hay movilizaciones de maestros o estudiantes. La caída de la economía es más que evidente, lo mismo que el turismo.
La gobernabilidad en Michoacán está sostenida por unas pinzas tan frágiles que cualquier ventisca provocada por la espiral de violencia que se vive en todo el estado la hace trastabillar peligrosamente, como ocurrió hace unos días en los municipios de Coalcomán, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, donde el hartazgo de los habitantes se tradujo en el surgimiento de grupos de autodefensa ciudadana fuertemente armados, quienes se enfrentaron a los sicarios sin importar el riesgo en que pusieron sus vidas.
La ausencia de la figura del Estado con sus funciones de seguridad, gobernabilidad y administración de recursos es evidente en Michoacán. El gobierno interino de Jesús Reyna está completamente rebasado por las fuerzas del crimen organizado que se han infiltrado en los más altos niveles del gobierno, creando una especie de Estado paralelo en el cual los grupos delincuenciales son los que ejercen las funciones de gobierno en ciertas zonas de la entidad.
Comerciantes, productores de aguacate, limón y ganado vacuno, dueño de aserraderos, empresarios, transportistas, tortilleros, carniceros, comerciantes, dueños de medios de comunicación, padres de familia, en fin, casi todos los michoacanos han tenido que pagar cuotas a los miembros de las bandas delincuenciales para que los dejen trabajar o vivir más o menos en paz para realizar sus actividades.
El colmo de la situación es que, de acuerdo con distintos testimonios de habitantes de la Tierra Caliente, cuando no podían pagar las cuotas-impuestos establecidos por los integrantes del crimen organizado, éstos se cobraban llevándose a sus hijas o esposas como su fueran señores feudales o hacendados ejerciendo el derecho de pernada. Este fue el límite que aguantaron los pobladores, quienes empuñaron las armas y, literalmente, tomaron en sus manos la seguridad que no le estaba otorgando ninguno de los tres niveles de gobierno.
La situación ahora no ha variado mucho. A pesar de la llegada de miles de soldados, de los sobrevuelos y el despliegue de unidades terrestres por todo el camino, con la instalación de retenes desde Apatzingán hasta Coalcomán, con los que se busca relegar a las guardias civiles que se habían formado en estas zonas, hasta el momento no ha sido detenido un solo miembro del crimen organizado quienes se encuentran agazapados en sus refugios establecidos en Apatzingán y otras poblaciones aledañas.
La presencia militar en Tierra Caliente no habrá de durar mucho tiempo, pues se trata de apagar un fuego con remedios transitorios que en realidad no resuelven el problema de gobernabilidad en Michoacán, el cual tiene profundas raíces en la corrupción, alianzas entre gobernantes y las bandas del crimen organizado, la impunidad, pero sobre todo en el fracaso del Estado en sus principales funciones de seguridad y administración de la justicia.

Fuente Proceso