lunes, 17 de junio de 2013

Denuncian redes de trata de mujeres en Juárez

Marcela Turati

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- “Mi hija fue al centro a buscar trabajo en una joyería y ahí desapareció”. “Mi hija iba a una cita de trabajo en el centro y no volvimos a saber de ella”. “Sabemos que mi hija tomó la rutera al centro, y desde entonces andamos buscándola”. “No le abrieron en su trabajo en el centro, esperó dos hora, luego caminó por ahí y ya no supimos de ella”. Estas voces son del grupo de ocho madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas que hoy cumple una semana de plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, quienes denuncian que en esa frontera existen varias redes de trata de mujeres que se llevan a las jóvenes, por lo que exigen al gobierno federal atraer las investigaciones porque el local no hace nada para buscarlas ni para evitar que otras chicas sean enganchadas.
Llegaron el lunes 10 y desde entonces se les ha visto –enfundadas en los pendones rosas que muestran las fotos de sus hijas desaparecidas de 2008 a la fecha– pidiendo ayuda en la PGR y Segob, realizando caminatas para dar a conocer su problemática, clausurando simbólicamente el Palacio de Cobián y el Palacio Nacional, con el fin de atraer atención.

Sus hijas son las víctimas de la nueva ola de desapariciones y feminicidios en esa frontera que desde la década de los 90 “maquila” muertas, cuna geográfica del fenómeno que se bautizó como “las muertas de Juárez”.
Las madres denuncian que al menos 20 jóvenes han desaparecido de esa misma manera, a partir de 2008, cuando el Ejército y la Policía Federal tomaron las calles para combatir a la Línea –el brazo armado del cártel de Juárez– y a la pandilla Los Aztecas –sus sicarios— que diversificaron el negocio del tráfico de drogas con la trata de personas, amparado por autoridades locales. Y sus hijas la pagaron.
“A diferencia de las desapariciones anteriores, en los que usaban y asesinaban a las jóvenes, en estos casos el móvil es la trata de personas, tenemos elementos para asegurarlo”, explicó la activista Malú García, quien está al frente del grupo de madres que esperan que el martes la PGR le dé una respuesta a sus peticiones.
“A muchas jóvenes que desaparecieron del 95 al 2008 las encontraron muertas, con huella de violencia sexual, se sabía que eran privadas de su libertad con forcejeo y al poco tiempo aparecían asesinadas; ellas son enganchadas con promesas de trabajo, de becas, y las usan por meses”, dijo.
Mencionó que en algunos casos han encontrado testigos que señalan que las desaparecidas estaban en el centro de Juárez buscando empleo, a quienes se les acercó una persona para ofrecerles trabajo o una beca de estudios y no volvieron a ser vistas. Los casos se vinculan unos con otros, tienen similitudes, conforman patrones que les hacen señalar la existencia de al menos tres redes en las que colaboran policías municipales, empresarios locales, funcionarios públicos y la banda de Los Aztecas, y que tienen vínculos con redes de Puebla, Tijuana y Tlaxcala.
Una de las participantes en el plantón es Bertha Alicia García, madre de Berenice Castillo, una joven de 17 años desaparecida el 6 de enero de 2009, y que las autoridades de Chihuahua dicen haber encontrado enterrada con los cuerpos de otras 15 mujeres, en un terreno del Valle de Juárez. El miércoles antepasado le entregaron un pedazo de cráneo que presuntamente corresponde a su hija, para que lo enterrara.
“Desapareció en la zona centro, iba a buscar trabajo en la joyería La Soto. Se perdió en el mismo lugar donde casi todas se han perdido, en el mismo espacio, en ese pedazo que decimos que pongan vigilancia pero no lo han hecho. Las autoridades lo saben desde hace mucho tiempo, que ese es el foco rojo donde las jóvenes se desaparecen y no hacen nada para prevenir que otras desaparezcan”, dijo la madre.
A su alrededor se ve un tendedero de pendones que muestran esas miradas tiernas de las muchachas desaparecidas. Desde ahí la observan su Berenice, y Esmeralda, Joselyn, Brenda, Claudia, Gabriela, Patricia, Fabiola y Brenda. Sobre el piso está una colchoneta húmeda puesta al sol para que se seque del agua de lluvia porque sobre ella dormirán.
Bertha es una mujer de 46 años que parece más grande; los cuatro años de búsqueda y de lucha la han consumido.
Cuando habla de los huesos que le entregaron apenas 12 días antes no muestra ninguna expresión en el rostro.
“El miércoles me entregaron dos piecitas de cráneo. La tuvieron un año en la morgue de Juárez, hasta que cruzaron mi ADN y la identificaron entre los 16 cuerpos. Ya identificaron a 12, pero dicen que quedan 16 pedazos más de fragmentos de huesitos por identificar. Pero yo no estoy conforme con lo que me dieron, les dije que no me iba a quedar quieta, no confío nada y por eso vengo a pedir una segunda prueba”, explicó.
García, por su parte, mencionó que son 60 los cuerpos de mujeres sin identificar en la morgue de Juárez, sólo 30 extraídos del Valle.
“Hemos insistido, por eso que es importante que atraiga los casos el gobierno federal, porque aunque en Chihuahua está tipificada la trata las madres no pueden denunciar porque las matan, las amenazan, les queman la casa, no hay garantías y la autoridad tampoco hace nada”, dijo la activista afuera del campamento.
En una manta extendida se lee: “Feminicidio institucionalizado/Negocio del Estado”. Chihuahua es el estado que más récords ha roto en  llamadas de atención por su deficiente atención del problema de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, Amnistía Internacional y una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Las peticiones de este grupo son: La atracción de la PGR de los 20 casos con las mismas características; la desarticulación de la red local de trata; la identificación de los 30 cadáveres de mujeres hallados recientemente en la zona del Valle de Juárez; la tipificación del delito de la desaparición forzada y la protección de las familias y sus defensores.

Fuente Proceso

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