domingo, 25 de agosto de 2013

La venganza del magisterio contra las jugarretas del poder



Jesusa Cervantes

La indignación por el “engaño y la traición” de la que fue objeto el magisterio disidente al no ser incluidas sus propuestas en las leyes secundarias de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto se convirtió en venganza que desplazó al Poder Legislativo, sujetó al Judicial y atenazó el aeropuerto más importante del país. La administración federal había prometido que haría caso a los maestros a la hora de definir dicha legislación. Pero no cumplió.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una fallida maniobra de los alfiles presidenciales desestabilizó a los tres poderes de la Unión.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Luis Miranda Nava, subsecretario de la misma dependencia, y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, intentaron controlar al magisterio utilizando el Pacto por México. Fallaron: Los legisladores federales tuvieron que salirse de sus recintos, edificios del Poder Judicial fueron cercados, los profesores impusieron qué leyes se analizaban y paralizaron zonas enteras de la capital del país, incluyendo los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Después de nueve horas de bloqueo en torno al AICM, el gobierno federal cedió ante los maestros. En una negociación de cuatro horas con el secretario de Gobernación, los líderes seccionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptaron replegarse a su campamento en el Zócalo, liberando San Lázaro y el Senado de la República con el compromiso de iniciar negociaciones con los legisladores, el próximo lunes.
En un intento por desinflar el movimiento contra la reforma educativa que encabeza la CNTE –y luego de las tomas de carreteras que los profesores realizaron en Guerrero–, el pasado 14 de mayo Enrique Peña Nieto encomendó a Miranda Nava, Osorio Chong y Nuño realizar una serie de ofrecimientos a los profesores, abriéndoles las puertas del Pacto por México.
De acuerdo con personas cercanas a la negociación, Miranda Nava prometió a la disidencia magisterial el financiamiento para que realizara nueve foros sobre la reforma. El acuerdo era que las propuestas emanadas de esos encuentros se incorporarían a la iniciativa federal, que buscaba reformar las tres leyes reglamentarias del artículo tercero constitucional.
Las leyes a modificar serían la General de Educación, la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la General del Servicio Profesional Docente.
Por su parte, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz; el del PAN, Gustavo Madero, y el del PRD, Jesús Zambrano (todos integrantes del Pacto por México), ofrecieron apertura para recibir y “posiblemente” incluir las propuestas de los docentes en las citadas leyes, según contaron  legisladores federales.
Pero el gobierno y los partidos los engañaron.

Fuente Proceso

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