Pemex y empresa española, una amenaza para zona arqueológica de Veracruz

Noé Zavaleta

XALAPA, Ver. (apro).- Ambientalistas denunciaron que la refinería de Pemex en Minatitlán y la empresa española García Munté quieren convertir al municipio de Jaltipán en un gran depósito de coque, sustancia tóxica compuesta en 90% de carbono, y que al menos en el puerto de Veracruz, donde también hay un gran tonelaje de este combustible sólido, esta situación ya ha hecho estragos en la salud de quienes radican en los alrededores del recinto portuario.
Jaltipán Vive y Chogosteros en Acción, organizaciones civiles, denunciaron en una carta enviada el 31 de julio al presidente Enrique Peña Nieto, y con copia a la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que Petróleos Mexicanos y García Munté quieren confinar el coque en un sitio arqueológico –aun no explorado al ciento por ciento–, donde hace miles de año se desarrolló la cultura totonaca.

“Se han encontrado restos arqueológicos relativos a una necrópolis prehispánica que probablemente se remonte dos mil años hacia atrás de la colonización española, consistente en una pirámide construida enteramente en roca caliza y de lajas areniscas, localizándose más de 30 pozos de exploración arqueológica con restos humanos, desenterrándose de uno de estos pozos profundos diez osamentas, a lo que hay que agregar un sinnúmero de piezas de gran valor para el patrimonio cultural de México y del mundo”, reseña el documento auspiciado por los ambientalistas, la antropóloga, Catalina Arias Mayo y la doctora Julissa Hernández Guijón.
Los activistas proporcionaron a Apro fotografías de la pirámide, presuntamente perteneciente a la cultura totonaca, en que se aprecia un inmueble de culto religioso de las culturas prehispánicas, la cual se encuentra a unos cuantos metros del confinamiento del coque, sólo separados por una vía de ferrocarril.
Sin embargo, tanto la empresa García Munté y la propia refinería de Minatitlán desoyeron el reclamo de los activistas, quienes con anterioridad exigieron cambiar el lugar del confinamiento de este residuo de carbono y continuaron con el traslado de este combustible hacia el predio denominado Emiliano Zapata-Altamira, ubicado en el municipio de Jaltipán, dentro del kilómetro 45+800 del tramo Minatitlán-Acayucan.
“Son 300 mil toneladas de coque las que pretenden confinar en Jaltipán, que hace dos décadas ya sufrió los estragos ecológicos de la Azufrera Panamericana; este depósito está localizado al interior de donde se encontró el sitio arqueológico”.
El coque es un combustible sólido formado por la destilación de carbón calentado a temperaturas que pueden llegar a los mil 100 grados centígrados sin contacto con el aire; su proceso de destilación implica que el carbón se limpia de alquitrán, gases y agua; este mismo sólido almacenado a cielo abierto ya ha causado enormes protestas por habitantes de colonias del puerto de Veracruz, quienes se han quejado de padecer enfermedades respiratorias y de la piel por la toxicidad de este compuesto que, en muchas ocasiones, es arrastrado por el aire del recinto portuario a las zonas urbanas.
Ahora, además del municipio de Veracruz, Jaltipán se sumaría a esta problemática; incluso vecinos del sur del estado reportan que autoridades jaltipanesas suelen recurrir a vaciar pipas de agua sobre el coque para evitar que éste se “vuele” cuando hay rachas de viento.
El vertido de pipas sobre este combustible sólido ha sido a costa de dejar sin el vital líquido a los habitantes de la cabecera municipal.
En Veracruz, el gobierno de Javier Duarte ya dio luz verde al proyecto de almacenar coque en Jaltipán, desoyendo las súplicas de las organizaciones civiles, pues a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) entregó un “resolutivo condicionado en materia de impacto ambiental”, el cual tras algunas salvedades administrativas, facilitó la liberación de los permisos correspondientes a la empresa García Munté, y autorizados por el titular de medio ambiente estatal, Víctor Alvarado Martínez.
De acuerdo con el expediente MIA-113/2012 y el oficio 2563/2012, en poder de Apro, la Sedema resolvió sobre cinco puntos la aprobación del proyecto a García Munté, en que se destaca:
“Se aprueba de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto presentado por el promovente; se previene al interesado que se apegue al contenido de la autorización concedida y se le apercibe que en caso de no hacerlo está autoridad procederá a revocar la misma; una vez transcurridos los plazos de ley, archívese el presente asunto como totalmente concluido”, expone el resolutivo.
Además, en el punto segundo, la dependencia estatal Sedema pida que sea el ayuntamiento de Jaltipán –su actual alcalde, Domingo Bahena, abandonó el cargo para postularse como diputado local plurinominal– quien otorgue la autorización de uso de suelo, así como la licencia de construcción u operación para las obras mencionadas.
Notas periodísticas locales señalan que desde el sexenio de Felipe Calderón, Pemex y autoridades locales panistas prepararon el sur de Veracruz para convertirlo en un gran depósito de residuos tóxicos emanados del petróleo, como coque, azufre y otras sustancias.
Incluso, la firma española García Munté compró los terrenos a finales del 2011 y, meses después, ya en 2012, Pemex lanzó la convocatoria para contratar a la empresa para el depósito de los residuos.
La gestión de la venta de los terrenos del ayuntamiento de Jaltipán a la empresa García Munté fue operada por el entonces alcalde Domingo Bahena, hoy diputado plurinominal electo.
Peor aún, reporteros locales que han querido entrar a los terrenos donde se almacena el coque han sufrido la restricción de la empresa española que impide el paso al lugar.
Jaltipán Vive expuso que recientemente Proceso publicó que el INAH se somete a las mineras, y también destacó en que no sólo lo hace ante las empresas metalúrgicas, sino también se doblega ante Petróleos Mexicanos y los negocios de la paraestatal con empresas extranjeras en Veracruz.
El día 1, acudieron a la zona representantes del sindicato del INAH para registrar el daño que se está haciendo a los vestigios arqueológicos y revisar el argumento del arqueólogo Alfredo Calderón para no declarar a Jáltipan como zona arqueológica.
Los ambientalistas se quejan de que el antropólogo Calderón fue el mismo que en la construcción del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos “minimizó” el hallazgo de vasijas, osamentas y otros objetos para que así el gobierno federal y el de Javier Duarte pudieran continuar con la construcción de esta magna obra, que lleva un atraso de tres años.

Fuente Proceso