De manera unánime, los consejeros no
hallaron irregularidades en los esquemos de financiamiento de la campaña
de Enrique Peña Nieto.
Alonso Urrutia
México, DF. El
Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró de
toda responsabilidad a la coalición PRI-PVEM en un entramado de
financiamiento ilegal en la que estuvieron involucradas varias
empresas, incluida Banca Monex.
De manera unánime, los consejeros consideraron que el crédito otorgado a través de la empresa Alkino al Revolucionario Institucional (PRI) y asociado a otras empresas fue legal; sin embargo, a instancias de cuatro consejeros electorales, se consideró que la coalición no acreditó cuál fue el destino del gasto, por lo que se planteó una multa de 75 millones de pesos, misma que no procedió por cinco votos a cuatro.
Durante más de tres horas, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) reclamaron al IFE ser omiso en las investigaciones y encubrir operaciones de lavado de dinero en el financiamiento de la campaña presidencial priísta a través de los monederos electrónicos de Monex. Un financiamiento que involucró a "varias empresas fantasma".
Denunciaron que si el IFE avalaba este entramado, se abría la puerta al financiamiento ilícito de campañas y se favorecía la impunidad en las operaciones irregulares de la campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en cuanto a la operación de financiamiento, los consejeros electorales no encontraron irregularidades y validaron la operación, pero éstos se dividieron en torno al destino de los 66 millones de pesos involucrados en el crédito de la empresa Alkino -vinculado a las compañías Atama y Grupo Inizzio-, pues el PRI no acreditó el destino de los recursos. Auspiciado por los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván, promovieron que se sancionara a la coalición con el 50 por ciento del monto involucrado.
Acorde con el dictamen, 50 de los 66 millones de pesos involucrados fueron ejercidos en las campañas federales (el resto en campañas locales), por lo que plantearon una multa de 150 por ciento del monto involucrado por no acreditar el gasto, lo que equivalía a 75 millones de pesos.
En contraste, los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero defendieron la legalidad en la actuación priísta y consideraron improcedente la sanción toda vez que el PRI había considerado que los 66 millones de pesos se ejercieron como parte de gasto ordinario y no de campaña, como lo consideró la UF. La reconsideración de la autoridad hacía imposible, dijo Baños, que el PRI fuera multado por no reportar algo que no se había considerado originalmente.
Fuente La Jornada
De manera unánime, los consejeros consideraron que el crédito otorgado a través de la empresa Alkino al Revolucionario Institucional (PRI) y asociado a otras empresas fue legal; sin embargo, a instancias de cuatro consejeros electorales, se consideró que la coalición no acreditó cuál fue el destino del gasto, por lo que se planteó una multa de 75 millones de pesos, misma que no procedió por cinco votos a cuatro.
Durante más de tres horas, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) reclamaron al IFE ser omiso en las investigaciones y encubrir operaciones de lavado de dinero en el financiamiento de la campaña presidencial priísta a través de los monederos electrónicos de Monex. Un financiamiento que involucró a "varias empresas fantasma".
Denunciaron que si el IFE avalaba este entramado, se abría la puerta al financiamiento ilícito de campañas y se favorecía la impunidad en las operaciones irregulares de la campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en cuanto a la operación de financiamiento, los consejeros electorales no encontraron irregularidades y validaron la operación, pero éstos se dividieron en torno al destino de los 66 millones de pesos involucrados en el crédito de la empresa Alkino -vinculado a las compañías Atama y Grupo Inizzio-, pues el PRI no acreditó el destino de los recursos. Auspiciado por los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván, promovieron que se sancionara a la coalición con el 50 por ciento del monto involucrado.
Acorde con el dictamen, 50 de los 66 millones de pesos involucrados fueron ejercidos en las campañas federales (el resto en campañas locales), por lo que plantearon una multa de 150 por ciento del monto involucrado por no acreditar el gasto, lo que equivalía a 75 millones de pesos.
En contraste, los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero defendieron la legalidad en la actuación priísta y consideraron improcedente la sanción toda vez que el PRI había considerado que los 66 millones de pesos se ejercieron como parte de gasto ordinario y no de campaña, como lo consideró la UF. La reconsideración de la autoridad hacía imposible, dijo Baños, que el PRI fuera multado por no reportar algo que no se había considerado originalmente.
Fuente La Jornada
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