Alberto Osorio
GUADALAJARA., Jal. (apro).- María Guadalupe Ramos Ponce, integrante
del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer en México, denunció una doble “victimización” en el caso de
la niña de 9 años que dio a luz una bebé el 27 de enero, en medio de un
embarazo que pudo ser producto de una violación, según la investigación
que abrió la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por su parte, inició
su propia indagatoria para poder determinar si la fiscalía y autoridades
de la Secretaría de Salud violaron los derechos humanos de la pequeña
al filtrar información sobre ese caso a los medios de comunicación y al
implantarle un dispositivo subdérmico para evitar nuevos embarazos de la
menor, según dijo a Apro el segundo visitador de ese organismo, Javier
Perlazca Chávez.
El parto de la niña fue atendido en el Hospital
Regional de Occidente el 27 de enero y, después del nacimiento de una
bebé que midió 50 centímetros pesó 2.7 kilogramos, el personal médico
colocó en el cuerpo de la ‘niña-mamá’ un anticonceptivo, con el fin de
evitar nuevos embarazos.
Después de todo ello el Ministerio
Público autorizó el regreso al hogar de la pequeña, sin tomar en cuenta
los peligros que corren ella y la recién nacida al momento de
reintegrarse al seno familiar, que las autoridades de Salud describen
como riesgoso.
La madre de la niña que dio a luz presentó ante la
CEDH una queja en contra de autoridades estatales por presuntas
violaciones a los derechos de la pequeña, desde el 29 de enero, según
reconoció Javier Perlazca.
Por su parte, la PGJE pidió la
colaboración del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para
llevar a cabo los peritajes necesarios y determinar con exactitud la
edad de la menor y la identidad del padre; también investiga los hechos
para determinar si existió o no una violación.
El procurador Tomás
Coronado Olmos indicó que solicitaron la aplicación de pruebas de ADN
para identificar plenamente al progenitor de la recién nacida.
“Todos
los peritajes que sean necesarios para el esclarecimiento de este
asunto se tendrán que llevar a cabo, el Ministerio Público me informó
que están solicitando diferentes estudios, el psicológico, y el del
entorno social”, acotó.
El secretario de Salud, Antonio Muñoz
Serrano, admitió que la menor embarazada fue atendida en el Hospital
Regional de Occidente y también reconoció que se le implantó un
dispositivo subdérmico para prevenir nuevos embarazos.
El
funcionario comentó que el ambiente familiar de donde proviene la
pequeña madre es “sumamente violento” y recalcó que el implante de ese
método anticonceptivo fue una acción que se llevó a cabo con pleno
consentimiento de la progenitora de la niña.
“Quiero comentarles a
nivel extraoficial que otra hija (de la misma mujer), que ya vive con
otro menor, tiene un implante de ese tipo y eso lo sabemos por las
investigaciones que se llevan a cabo”, comentó en una entrevista con una
emisora local, el jueves 7.
“La madre lo solicitó (el implante) y
tengo el consentimiento firmado, ahí estuvo presente la sicóloga, una
endocrinóloga, una ginecóloga y, por supuesto, la madre lo sabía”,
justificó.
Según el funcionario, el dispositivo subdérmico se
puede retirar en cuanto se garantice que la ‘niña-mamá’ se encuentra en
“un lugar seguro”.
Sin embargo, Guadalupe Ramos Ponce consideró
que las autoridades estatales violaron los derechos humanos de la
pequeña, aparte de que el MP abrió una investigación sobre abuso
infantil cuando queda de manifiesto que se trató de una clara violación a
una chica de nueve años, acusó.
La activista también se quejo de la “tibia respuesta” del ombudsman de Jalisco.
Fuente Proceso
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