Noé Zavaleta
XALAPA, Ver. (apro).- Por sexta ocasión en un mes, familiares de los
ocho policías municipales desaparecidos en el municipio de Úrsulo Galván
exigieron al gobierno de Javier Duarte “que agilice” las
investigaciones para dar con su paradero.
Durante una protesta en
los alrededores de Chichicaxtle, donde Duarte colocó la primera piedra
del puente “Prosperidad”, que reducirá al 50% el tiempo de recorrido
entre los municipios de Córdoba y Xalapa, los familiares de los ocho
uniformados exigieron justicia.
Con mantas en las que se leía:
“¿Cuántos desaparecidos más?”, “No más silencio, no sólo son ocho, señor
procurador, necesitamos su pronta intervención”, los manifestantes
demandaron la aparición con vida de Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos
Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Guillermo Torres Perdomo,
Alejandro Báez Hernández, Javier Arauz Colina, Luis Javier Valenzuela
González y Aureliano Sánchez Tonil.
Esta es la sexta ocasión en
que esposas, hijos y hermanos de los policías municipales desaparecidos
el pasado 11 de enero protestan para presionar a la Procuraduría General
de Justicia del estado (PGJ) y a la Agencia Veracruzana de
Investigación (AVI) a investigar a fondo el caso.
Anteriormente
bloquearon carreteras y encabezaron manifestaciones frente al Palacio
Municipal y el Zócalo de Úrsulo Galván, así como en el Palacio de
Gobierno. En algunas protestas, familiares de otras personas
desaparecidas se unieron al viacrucis.
“Queremos saber donde
están, ya ha pasado casi un mes, es una desesperación y una angustia muy
grande”, expresó Aurora Montero Moreno, esposa del comandante Agustín
Rivera Bonastre.
Luego de la desaparición de los ocho policías de
Úrsulo Galván, un pequeño municipio de la región del Sotavento, los
otros nueve uniformados de la corporación renunciaron a sus puestos, por
lo que desde hace tres semanas elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública y del Ejército se hacen cargo de la seguridad en la localidad.
Según
los familiares de los oficiales desaparecidos, el gobierno del estado
ya archivó la denuncia penal que interpusieron en la agencia del
Ministerio Público de Cardel, pero sus protestas no cesarán hasta ver
resultados.
Fuente Proceso
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