El narco calla a los periódicos del norte

SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- Medios impresos del noreste del país han sufrido al menos 15 ataques con explosivos y armas de grueso calibre  por parte de grupos del crimen organizado en los últimos dos años.
Importante diarios de la región noreste como El Norte de Monterrey,  El Mañana de Nuevo Laredo, Expreso de Ciudad Victoria y El Siglo de Torreón han sido atacados  con armas largas,  granadas de fragmentación e incluso con un “coche bomba”.
El periódico el Siglo de Torreón ha registrado, desde noviembre del 2011 hasta la fecha,  media docena de ataques que van desde  el  incendio de un  automóvil, disparos de fusiles de asalto calibre AK-47 contra sus instalaciones, hasta el secuestro de cinco de sus trabajadores.

El Norte de Monterrey también registra media docena de atentados, la mayoría  con granadas de fragmentación. El último ocurrió domingo 29 de julio del año pasado, cuando un par de hombres armados incendió con combustible una  edición suburbana que forma parte del Grupo Reforma.
La fachada del semanario  Hora Cero de Reynosa también resintió impactos de arma de fuego el 7 de mayo de 2012. Lo mismo le ha ocurrido en diversas ocasiones al Periódico El Mañana de Nuevo Laredo. El Expreso de  Ciudad Victoria fue víctima de un atentado con “coche bomba” la noche del 19 de marzo de 2012.
Los ataques a los medios de comunicación   “es una situación que se ha vuelto común en México”, dijo  Balbina Flores, portavoz de Reporteros Sin Fronteras.
El organismo, con subsidiarias  en los cinco continentes,  tiene registrados más de 35 atentados a instalaciones de medios mexicanos de 2007 a 2012.
Flores destacó que los ataques con explosivos a los medios del noreste pretenden someter a los periodistas para que no informen sobre las actividades de la delincuencia organizada.
“Desde hace dos años, Coahuila y Tamaulipas son una de las grandes preocupaciones para Reporteros Sin Fronteras,  por la inseguridad en la que se ejerce el periodismo”, enfatizó Flores.
Desde marzo de 2010 Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registran una inusitada  violencia debido a la disputa por la región por el cártel del Golfo y los Zetas, antiguos aliados que rompieron relación.
El año pasado, esa “narco guerra” entre esos dos carteles provocó alrededor de cuatro mil  asesinatos violentos, según estadísticas de la Procuraduría General de la República.
En el caso de atentado a reporteros, cifras  oficiales arrojan que desde 2000 han sido asesinados en todo el país alrededor de  80 comunicadores  y al menos una docena se encuentran desaparecidos.
Ante los ataques, los periodistas del noreste adoptaron nuevos protocolos de seguridad. Las medidas van desde ya no firmar las notas, la cobertura en grupo y principalmente la autocensura.
Reporteros entrevistados por  Proceso contaron, bajo la condición de mantener su anonimato, sus experiencias y los “nuevos protocolos de seguridad” que han adoptado para informar sobre actos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Los  comunicadores  que acuden a esas coberturas en Monterrey  ahora tienen prácticamente prohibido salir por las noches a zonas rurales de Nuevo León.
En caso de ser estrictamente necesario, los nuevos protocolos exigen  desplazarse en caravana  a las zonas rurales  y  los vehículos  con  logos de  las cadenas  televisivas deben encabezar el convoy.
Desde meses atrás los periodistas abandonaron  la competencia entre ellos en el tema del narcotráfico.
Ya no importaba quién sacaba primero la nota. En esta fuente también se han acabado  las  “exclusivas”.  Las empresas, los jefes de redacción y  los editores con sus exigencias  de contar con  las primicias pasaron a segundo plano.
Ahora se necesitaban  proteger el uno al otro y por ello se avisan  y coordinan a la hora de asistir a  cubrir enfrentamientos, “ejecuciones” y todo tipo de crímenes relacionados con la “narco-guerra”.
“El periodismo de investigación quedó proscrito en este campo, a menos que se quiera poner en riesgo la vida”, dijo un corresponsal de un importante periódico de la capital del país.
“Ahora las notas se deben redactar centrándose únicamente en los hechos y en el informe oficial de las autoridades. Ya no se puede especular  por qué ocurren esos eventos y quiénes están involucrados”, agregó
“La autocensura es la principal protección con la que contamos los periodistas de zonas calientes”, concluyó.
Los reporteros incrementaron sus medidas de seguridad después de que en varias ocasiones  grupos como los Zetas regresaban a recoger a sus miembros asesinados en enfrentamientos con rivales.
Los periodistas se toparon varias veces  con los sicarios a pesar de que  las escenas de crimen ya estaba resguardad por policías municipales y agentes ministeriales estatales.
Todo lo anterior obligó a los periodistas a nunca más arribar a la escena del crimen si sólo estaba resguardada por agentes estatales o municipales. Ahora deben esperar a que lleguen efectivos del Ejército mexicano o de la Marina.
Periodistas de Tamaulipas contaron que los periódicos  de ese estado tienen ya más de dos años que no informan sobre esos eventos, debido a la amenaza de los cárteles.
Eso mismo está ocurriendo en Coahuila. El pasado 11 de marzo el diario El Zócalo anunció su decisión de suspender información relacionada con los carteles del narcotráfico o la violencia de la delincuencia organizada.
“En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”, señaló una editorial de Zócalo.
El texto precisó que la decisión de suspender esa información “se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”.
El pasado 7 de marzo  aparecieron alrededor de 50 narco-mantas en diversos puntos de Coahuila  amenazando a la familia Juaresti, dueños del diario que tiene subsidiarias en Monclova, Ciudad Acuña y Piedras Negras.
“En ciudades como Torreón también se está imponiendo la práctica de suprimir la  información  sobre ciertos eventos”, dijo uno de los reporteros entrevistados.
La violencia e inseguridad que priva en la región noreste  obligó a tres empresas, el Grupo Reforma, la Cadena Televisa y la Agencia Reuters, a comprar chalecos antibalas  a sus reporteros.
En Monterrey al menos una docena de reporteros “policíacos” solicitaron cambio de fuente. Algunos fueron sacados de las calles y  trasladados a la redacción. Otros prefirieron abandonar la profesión y cambiaron de empleo.

Fuente Proceso