Por Jaime Cárdenas*
Toda Constitución tiene principios y normas que la distinguen de
otras, son las “decisiones politicas fundamentales”. La Constitución de
Querétaro de 1917 y sus reformas más trascendentes tienen elementos
definitorios, entre otros, los siguientes:
• Sus componentes sociales (la garantía de la igualdad que se expresa en los artículos 3, 27 y 123 en la Carta Magna) que fueron reivindicaciones de la Revolución Mexicana.
• El carácter federal del Estado (artículos 40, 116 y 124 de la ley fundamental).
• El municipio libre (artículo 115 de la Constitución).
• Y, sin duda, la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo (los hidrocarburos, los recursos minerales y el agua que se contemplan en el artículo 27 de la Carta de Querétaro).
Desde el inicio del neoliberalismo, a medidados de los años ochenta, los principios definitorios, las decisiones políticas fundamentales de la Constitución se han ido resquebrajando. Para la tecnocracia del PRI y el PAN, ese proceso que consagra un modelo de desarrollo ajeno a la Constitución, les parece necesario y hasta natural, cuando en el mundo entero se advierten ya signos de reversa sobre su permanencia.
En el PAN no hay motivos de sorpresa. El panismo surgió, entre otras cosas, como una reacción en sentido contrario a los principios de la Constitución de 1917. En el priismo, las cosas eran diferentes, al menos en el discurso, porque ese partido político defendió, hasta hace muy poco, los contenidos, las reformas y los legados de la Carta de Querétaro.
La propuesta de cambio constitucional para permitir la inversión extranjera y, en menor medida, la nacional, en la industria petrolera es privatizadora por tres motivos:
1) Porque la industria petrolera no se materializa exclusivamente en un organismo público sino que consiste en una cadena de actividades económicas eslabonadas que comprenden exploración, extracción, almacenamiento, distribución, refinación, transporte y ventas de primera mano, en todos esos eslabones se pretende (de hecho ya sucede) que el capital privado participe.
2) Porque la renta petrolera, que es el resultado de restar al precio de venta del barril del petróleo en el mercado internacional (aproximadamente 100 dólares) el costo de su extracción (unos 10 dólares), se compartirá con inversionistas extranjeros en más o menos la mitad de ese beneficio, lo que significa que el porcentaje correspondiente a la ganancia de los privados ya no se podrá utilizar cada año para el presupuesto nacional.
3) Porque la entrada a México de las grandes empresas condicionará la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos. A los firmantes del Pacto por México que acordaron lo anterior parece no importarles entregar los recursos de la nación (de las generaciones presentes y futuras) a las empresas extranjeras.
Las reformas constitucionales que se plantean seguramente se ocuparán de modificar la Constitución en los siguientes sentidos:
-El párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución para modificar el régimen jurídico de Pemex y permitir que ese organismo público pueda realizar alianzas estratégicas y contratos sobre los hidrocarburos nacionales con empresas privadas.
-El párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución para permitir que sobre los hidrocarburos puedan realizarse distintas formas de contratación que ahora están prohibidas.
-En un descuido, hasta podrían dar marcha atrás a la norma que prohíbe las concesiones en la materia y que data del final del cardenismo.
-Finalmente, se modificará el párrafo cuarto de la Constitución para desdibujar la clasificación tripartita que esa norma hace de las actividades económicas (estratégicas, cuya explotacion es exclusiva del Estado; prioritarias, en donde el Estado tiene la rectoría económica pero las comparte con el capital privado y social; y de libre mercado, que son las actividades sujetas al libre juego de las fuerzas económicas de naturaleza privada). Es muy posible que la explotación de los hidrocarburos pase a ser una actividad prioritaria y deje de ser estratégica.
Estas son las reformas constitucionales que nos esperan y que no redundarán en el beneficio de la generaciones presentes y futuras de los mexicanos.
Son reformas para beneficiar al gran capital. Son reformas para apuntalar al régimen político que encabeza Peña Nieto y al modelo de hegemonía mundial hoy imperante, que como es sabido, responde a los intereses de las corporaciones trasnacionales y a las ambiciones del gobierno de Estados Unidos.
Fuente Revista Emeequis
• Sus componentes sociales (la garantía de la igualdad que se expresa en los artículos 3, 27 y 123 en la Carta Magna) que fueron reivindicaciones de la Revolución Mexicana.
• El carácter federal del Estado (artículos 40, 116 y 124 de la ley fundamental).
• El municipio libre (artículo 115 de la Constitución).
• Y, sin duda, la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo (los hidrocarburos, los recursos minerales y el agua que se contemplan en el artículo 27 de la Carta de Querétaro).
Desde el inicio del neoliberalismo, a medidados de los años ochenta, los principios definitorios, las decisiones políticas fundamentales de la Constitución se han ido resquebrajando. Para la tecnocracia del PRI y el PAN, ese proceso que consagra un modelo de desarrollo ajeno a la Constitución, les parece necesario y hasta natural, cuando en el mundo entero se advierten ya signos de reversa sobre su permanencia.
En el PAN no hay motivos de sorpresa. El panismo surgió, entre otras cosas, como una reacción en sentido contrario a los principios de la Constitución de 1917. En el priismo, las cosas eran diferentes, al menos en el discurso, porque ese partido político defendió, hasta hace muy poco, los contenidos, las reformas y los legados de la Carta de Querétaro.
La propuesta de cambio constitucional para permitir la inversión extranjera y, en menor medida, la nacional, en la industria petrolera es privatizadora por tres motivos:
1) Porque la industria petrolera no se materializa exclusivamente en un organismo público sino que consiste en una cadena de actividades económicas eslabonadas que comprenden exploración, extracción, almacenamiento, distribución, refinación, transporte y ventas de primera mano, en todos esos eslabones se pretende (de hecho ya sucede) que el capital privado participe.
2) Porque la renta petrolera, que es el resultado de restar al precio de venta del barril del petróleo en el mercado internacional (aproximadamente 100 dólares) el costo de su extracción (unos 10 dólares), se compartirá con inversionistas extranjeros en más o menos la mitad de ese beneficio, lo que significa que el porcentaje correspondiente a la ganancia de los privados ya no se podrá utilizar cada año para el presupuesto nacional.
3) Porque la entrada a México de las grandes empresas condicionará la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos. A los firmantes del Pacto por México que acordaron lo anterior parece no importarles entregar los recursos de la nación (de las generaciones presentes y futuras) a las empresas extranjeras.
Las reformas constitucionales que se plantean seguramente se ocuparán de modificar la Constitución en los siguientes sentidos:
-El párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución para modificar el régimen jurídico de Pemex y permitir que ese organismo público pueda realizar alianzas estratégicas y contratos sobre los hidrocarburos nacionales con empresas privadas.
-El párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución para permitir que sobre los hidrocarburos puedan realizarse distintas formas de contratación que ahora están prohibidas.
-En un descuido, hasta podrían dar marcha atrás a la norma que prohíbe las concesiones en la materia y que data del final del cardenismo.
-Finalmente, se modificará el párrafo cuarto de la Constitución para desdibujar la clasificación tripartita que esa norma hace de las actividades económicas (estratégicas, cuya explotacion es exclusiva del Estado; prioritarias, en donde el Estado tiene la rectoría económica pero las comparte con el capital privado y social; y de libre mercado, que son las actividades sujetas al libre juego de las fuerzas económicas de naturaleza privada). Es muy posible que la explotación de los hidrocarburos pase a ser una actividad prioritaria y deje de ser estratégica.
Estas son las reformas constitucionales que nos esperan y que no redundarán en el beneficio de la generaciones presentes y futuras de los mexicanos.
Son reformas para beneficiar al gran capital. Son reformas para apuntalar al régimen político que encabeza Peña Nieto y al modelo de hegemonía mundial hoy imperante, que como es sabido, responde a los intereses de las corporaciones trasnacionales y a las ambiciones del gobierno de Estados Unidos.
Fuente Revista Emeequis
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