EPN, operación percepción pública

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- Fiel al estilo telegénico y perfectamente sincronizado del manejo de su imagen, el equipo de Enrique Peña Nieto logró en sus primeros cuatro meses de gobierno incidir sobre las percepciones de un sector minoritario que genera “opinión pública”, más que sobre la realidad y la percepción de ésta entre la mayoría de los ciudadanos.
Una evidente campaña de relaciones públicas en la prensa exterior –especialmente en The Washington Post, The Financial Times y The Wall Street Journal- más el apapacho a los dueños de los principales medios de comunicación mexicanos –con la zanahoria de los próximos convenios publicitarios–, y la atención a los personajes que construyen la “agenda informativa”, han logrado que en estos cuatro primeros meses los problemas de la violencia generada por la disputa entre cárteles del crimen organizado, la falta de empleo, y la incapacidad de la mayoría de las familias para hacer rendir sus ingresos se vean minimizados o invisibilizados.

No es menor este logro, en términos mediáticos y de percepción, pero poco tiene qué ver con el valor del “gobierno eficaz” que tanto proclama la nueva generación priista en el poder.
Por ejemplo, La Jornada publicó el martes 2 como nota principal que han sido casi 2 mil 800 personas las ejecutadas en los primeros 4 meses de gobierno peñista. No disminuyó el índice de violencia, en comparación con el mismo periodo del gobierno calderonista del año pasado. Tan sólo en el mes de marzo se registraron 562 ejecuciones. Los estados con mayor índice de homicidios en ese mes fueron el de México (151) y Chihuahua (114). En el primer caso, se trata de un desajuste claro entre los grupos criminales y algo ha de saber tanto el gobierno anterior –ahora en la presidencia de la República- como la administración de Eruviel Ávila.
Durante el mes de marzo, la mayoría de los medios informaron sobre la irrupción de grupos de autodefensa que lo mismo se presenta como “policías comunitarios” que como grupos de ajusticiamiento. En municipios de Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán y Zacatecas se han registrado estos casos.
La habilidad mediática del peñismo ha sido escurrir el bulto frente a la responsabilidad de la administración federal ante este fenómeno, y endosárselo a los gobiernos locales. El único episodio de un debate sobre este tema fue entre el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, y el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. El debate quedó en una especie de talk show fallido que no profundizó sobre el punto central: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los gobiernos estatales y del federal en este fenómeno?
El propio canciller José Antonio Meade le relató a The Washington Post que el objetivo principal del gobierno peñista será “combatir las causas, no a los cárteles” para evitar la proliferación de la violencia. Meade puso énfasis en la “prevención, educación y empleo”. Nada mencionó el ex secretario de Hacienda sobre lavado de dinero.
Los golpes espectaculares de esta administración se concentran en la detención de la profesora Elba Esther Gordillo y la insistente promoción de reformas constitucionales, cuyo aterrizaje aún debe pasar por la prueba de la legislación secundaria y la implementación (reformas educativa, laboral, de amparo, de víctimas y de telecomunicaciones, aún en proceso de debate y votación en el Senado).
La detención de Gordillo fue eficaz para borrar el mal sabor de boca del “accidente” ocurrido en el edificio B-2 de la Torre de Pemex. Los medios han olvidado este episodio. No se sabe qué ha pasado con los heridos hospitalizados. Y hasta Carlos Romero Deschamps, el impresentable dirigente del sindicato petrolero, ya volvió a aparecer como aliado del gobierno peñista y de su reforma energética.
Las Encuesta de Reforma y Otros
Este lunes 1 de abril, el periódico Reforma divulgó los resultados de su reciente encuesta sobre los cuatro primeros meses de gobierno. Realizada entre mil 515 ciudadanos de las 32 entidades de la República y entre 718 “líderes de opinión”, el sondeo confirma una tendencia: privilegiar el control de la imagen a través de los opiniólogos y esperar a que exista un cambio de percepción entre los ciudadanos.
A pesar de esto, el índice de aprobación de Peña Nieto (50%) entre la población abierta, es menor al registrado en el mismo periodo por Calderón (57%), por Vicente Fox (70%) y Zedillo (53%), según la misma encuesta.
En contraste, los “líderes de opinión” le dan un 78% de aprobación y consideran como los asuntos más favorables de estos cuatro meses el arresto de Elba Esther Gordillo, la reforma en telecomunicaciones y la reforma educativa.
Por rubros de desempeño, los encuestados consideran que existe un saldo desfavorable en los rubros más sensibles para la población en general: pobreza (40% desfavorable, frente a 33% favorable), a pesar de la insistente Cruzada contra el Hambre que nadie ve; seguridad pública (44% desfavorable frente a 29% favorable); economía del país (41% desfavorable frente al 26% favorable); empleo (45% desfavorable, uno de los índices más altos frente al 26% favorable), y corrupción (48% desfavorable, frente al 25% favorable).
Los rubros que analizan como favorables de sus cuatro primeros meses de gobierno son salud (49% frente a 23% desfavorable); educación (46% frente a 29%) y política exterior (31% frente a 24% en contra).
La pregunta abierta más importante para medir la credibilidad fue la siguiente: Cuando el presidente Peña Nieto da mensajes a la Nación para explicar sus acciones de gobierno, ¿usted qué tanto le cree?
El 51% dijo “poco o nada” contra el 45% que cree “mucho o algo” y un 4% que “no sabe”.
En otras palabras, la misma encuesta de Reforma advierte que pueden cambiar las percepciones de los “líderes de opinión” que están en los espacios mediáticos más importantes, pero si la realidad no cambia para los ciudadanos, de poco sirve esta ostentosa y ostensible operación de cooptación.
A su vez, Consulta Mitofsky y Parametría hicieron su propio sondeo, al cumplirse los 100 primeros días de la administración peñista. En ambos casos, el porcentaje de aprobación fue de 59%.
Y en los tres casos destaca un asunto geográfico: el menor índice de aprobación está entre los habitantes del centro del país (Distrito Federal, Estado de México, Morelos e Hidalgo). Algo ha de decir esto sobre la herencia del “gobierno que cumple”.

Fuente Proceso