Estallido social, si se impone reforma educativa

Santiago Igartúa

La reforma educativa está dictada por despachos económicos que no conocen la realidad nacional, elimina los derechos laborales de los docentes, carece de criterios equitativos para evaluar y aniquila el concepto de gratuidad. Ese es el proyecto que quiere imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguran profesores disidentes de Oaxaca, Michoacán y el Distrito Federal (que se suman a la lucha de los guerrerenses) y es la que, afirman, no están dispuestos a permitir
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por considerarla privatizadora y regresiva, porque aseguran que atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación –que no fueron escuchados en su elaboración– y por sentirse señalados como causantes del rezago educativo, los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND-SNTE) no están dispuestos a dejar pasar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Antes que aceptarla, dicen, pelearán por detenerla en las calles, con la voz y con el cuerpo.

Entrevistados por Proceso, cuatro dirigentes del magisterio disidente en Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal, donde además de Guerrero se han hecho fuertes, coinciden en que de concretarse los cambios que dicta la reforma en el sistema educativo se avecinaría un estallido social.
Explican que la radicalización de la protesta ha subido de tono a la par que el discurso oficial a partir de las declaraciones del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, el miércoles 3, cuando advirtió que a los maestros que se ausentaran de sus escuelas por participar en los reclamos se les despediría, y del discurso de Peña Nieto –un día después de que la Policía Federal desalojara a quienes se manifestaban en la Autopista del Sol– en el que sostuvo que “la ley no se negocia” y que “el uso de la fuerza pública es último recurso sobre el cual tiene el Estado no sólo atribución sino obligación de hacer valer para hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía”.
“Nosotros les decimos que no se permitirá la aplicación de leyes injustas. Casi todos los trabajadores de la educación estamos contra esta reforma y la inconformidad se va a ir extendiendo por el país. Si otros estados toman el rumbo de Guerrero, donde se han ido uniendo otros ciudadanos, seguramente aun de manera física detendremos la reforma educativa.
“Es el único método que tienes de hacerte valer en los momentos de más cruel intransigencia del Estado. Y no es que promovamos la violencia. El que enturbia el ambiente es el gobierno cuando dice que las leyes no se negocian, cuando dice el que no trabaje se va. Eso hace que el magisterio se agite más y esté dispuesto cada vez más a dar la batalla.
“Lo otro –y se lo hemos mandado decir al secretario de Educación– es que si la decisión es irreversible, no habrá papel suficiente para las órdenes de finiquito de la relación laboral de los trabajadores de la educación.
“Y le decimos también que si la decisión es tan grande y quieren aplicar su ilegalidad hecha legal, pues las cárceles no van a ser suficientes para que metan a los inocentes trabajadores de la educación”, dice Artemio Ortiz Hurtado, secretario del CEND-SNTE, quien pese a todo asegura que los maestros privilegiarán vías alternas, como los más de 200 mil amparos contra la reforma que, asegura, han presentado, un paro nacional de labores y la aplicación de un programa de estudios alternativos al oficial, ya elaborado, a partir del ciclo escolar 2013-2014.
Juan José Ortega, secretario general de la sección XVIII de la CNTE, en Michoacán, quien lideró las negociaciones del magisterio con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación el jueves 4 y el martes 9, aseguró que no hay congruencia en la palabra de las autoridades.
“No es lo mismo lo que se discute a puertas cerradas que el discurso de Enrique Peña Nieto o del secretario de Educación. Esto pone en un estado de alerta a la Coordinadora. Su falta de sensibilidad nos está orillando a radicalizar las acciones. Ya no hay credibilidad, no hay confianza en ellos. Están administrando el movimiento para darnos un golpe muy al estilo que tiene este gobierno, como un ejercicio más de traición”, dice el maestro, quien anuncia una movilización nacional el lunes 15 rumbo a un paro indefinido de labores.
El michoacano le advierte a Peña Nieto que tendrá que “enfrentar” un problema más allá de lo que es la “agresión” contra el magisterio, porque el pueblo se está organizando para defenderse también de las reformas fiscal y energética:
“Recordemos que el caso Guerrero adquiere otra dimensión con las organizaciones sociales que están en el acompañamiento a nuestros hermanos. En Michoacán ya somos 48 organizaciones en la conformación de un frente único de trabajadores. No hay más. Aún estamos privilegiando el diálogo, pero los tiempos nos consumen”.
Rubén Núñez Ginés, dirigente de la Sección XXII del magisterio en Oaxaca, dice conocer de cerca la cara más vieja del PRI. No le sorprende la embestida contra el magisterio.
“El sistema político nacional y del Estado tienen una deuda por la represión de 2006 que encabezó el espurio Ulises Ruiz. El magisterio oaxaqueño no se olvida de esa agresión. Conocemos cómo es la política en los gobiernos priistas y hoy reiteramos que tienen como objetivo la represión de los derechos de los trabajadores. Pero hoy los escenarios son distintos. Hoy los gobiernos tienen que pensarlo muy bien antes de cometer algún abuso contra los trabajadores.
“Lo estamos viendo en Guerrero. La Coordinadora está muy fortalecida, las secciones de los estados se manifiestan de manera muy contundente. No hay temor alguno”, dice y asegura que de tener que “salir” una vez más, no estarían solos. Afirma que contarían con la presencia de un “movimiento popular” formado por campesinos, amas de casa, estudiantes, padres de familia y trabajadores de distintos rubros, todos “dispuestos” a organizar una gran cruzada nacional.
Para Francisco Bravo, líder de la CNTE en el Distrito Federal, el conflicto es reflejo de un gobierno autoritario en “el regreso al presidencialismo reacio”, donde el que decide es el presidente y se acabó. “Si el magisterio no se mueve, si no hay indicios de protesta, ellos se van a servir con la cuchara grande en la ley reglamentaria.

Fuente Proceso