La Mina Peña Colorada Devasta Territorio Nahua

Esperanza Salazar Zenil, coordinadora de Bios Iguana, AC / Rema Colima.

Aprovechando el conflicto territorial entre Colima y Jalisco, el Consorcio italo-argentino-indio Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV, perteneciente a la empresa Ternium-ISPAT y Mittal Steel, opera desde hace 44 años en total impunidad, causando severos daños ambientales, violando los derechos humanos de las comunidades indígenas nahuas y despojándolas de sus territorios, para explotar entre 250 y 300 millones de toneladas de hierro presentes en las entrañas de la Sierra de Manantlán, incluida la Reserva de la Biósfera

La comunidad nahua de esta región –con altos índices de pobreza y marginación asociados a la explotación minera- ha sufrido históricamente un despojo paulatino. A decir del Consejo de Mayores de Ayotitlán, fue en 1920 cuando comenzó su desgracia. Ese año miembros de la familia Arias, de la cabecera municipal de El Mamey (ahora Minatitlán), Colima, asesinaron brutalmente a siete indígenas de Telcruz y Ayotitlán, Jalisco, en el Rancho Timbillos, y despojaron a sus familias de su tierra.

Para enero de 1963 el gobierno de Jalisco concedió a la comunidad nahua 55 mil 332 hectáreas. Ese mismo año, se publicó una resolución presidencial que cambió el régimen comunal por ejidal, dotándoles sólo de 50 mil 332 hectáreas. Fue apenas en 1977 cuando se ejecutó la resolución y por triquiñuelas de las autoridades de Jalisco y Colima sólo les fueron entregadas 34 mil 700 hectáreas.
Sin el consentimiento de las comunidades indígenas, el consorcio Peña Colorada fue creado en diciembre de 1967 como una paraestatal y en el gobierno de Carlos Salinas se privatizó. Oficialmente se encuentra registrada en el municipio de Minatitlán, Colima; sin embargo, con casi cinco mil hectáreas que abarca el enorme complejo -según el título de concesión 211011 renovado ante la Secretaría de Economía en 2000, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2050- se ubica en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.
Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil toneladas diarias de hierro, destruyendo cerros y contaminando miles de metros cúbicos de agua que utiliza para la transportación del material, a lo largo de 46 kilómetros de tubería que lo lleva al puerto de Manzanillo. Evita así el transporte terrestre y baja los costos de producción. Sin embargo, los costos ambientales y a la salud, se facturan a nombre de la comunidad indígena.
La minera ha incumplido los acuerdos de pago por arrendamiento, corrompiendo y controlando a autoridades municipales, estatales y federales. Ha provocado accidentes para desplazar a comunidades y así apropiarse de las tierras. Los indígenas sostienen que hay un cerco policiaco en los poblados de Las Pesadas y El Platanar para impedir su libre tránsito. Asimismo han denunciado el abandono del gobierno de Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos, y cuando la comunidad hace cualquier trabajo para mejorar los servicios, la policía de Colima llega a detenerlos e intimidarlos.
En octubre del año pasado, indígenas de Cuautitlán y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) denunciaron que esta empresa provocó un desastre ambiental y social, al romperse las cortinas contenedoras de los lodos y residuos tóxicos de la mina, los cuales inundaron casas, parcelas de cultivo y corrales de animales de nueve comunidades de Cuautitlán y Cihuatlán, desembocando en el Río Marabasco y contaminando la cuenca entera.
Los afectados declararon que sufrieron daños algunas viviendas de las comunidades de Los Potros y El Puertecito de las Parotas, además de que alrededor de 450 familias de poblados como El Mameyito, San Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemado y La Piedra resultaron afectadas en la infraestructura de caminos o la pérdida de sus manantiales de agua potable. La denuncia, interpuesta ante autoridades ambientales, del agua, judiciales y de derechos humanos, no ha tenido respuesta.
Lakshmi Mittal, uno de los principales accionistas de Peña Colorada, figura en la lista de los hombres más ricos del mundo; la comunidad indígena de la Sierra de Manantlán aumenta su pobreza, así como la lista de asesinados, desaparecidos y amenazados por defender su territorio.
La lista de asesinados suma 35: Odilón de Jesús, Félix González, Juan Velázquez, Margarito Flores, Guadalupe Elías, Adán y Andrés Ciprián, Crescencio Chávez, Cirilo Villa, Abel y José Roblada, Rubén Fermín, Refugio, Melesio, Bartolo, Lucio y Ramiro Fermín, Felipe y Cleto Hermenegildo, Santos Prudencio Villa, Cleofas Aldama, Apolinar Flores, Espiridión y Gabino Jacobo, Francisco Quiñones, Nazario Aldama Villa, Concepción Gabiño Quiñones, Mancilla Roblada (hermano de Gaudencio), Avelino Monroy Sandoval, Alejandro Monroy de Níz, Raúl Delgado Benavides, Aristeo Flores Rolón, Miguel Delgado, Francisco Javier Nogales Núñez, Alberto Herrera Casillas, entre otros que seguramente no tuvieron la suerte de aparecer en algún medio.
Además hay tres desaparecidos: Agustín Mancilla Partida, Víctor Hugo Saldaña (visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos) y Celedonio Monroy Prudencio. Este último desde el 23 de octubre del año pasado fue secuestrado por encapuchados en su domicilio, en Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Celedonio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán. Se ha destacado por defender su territorio de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan armados. Asimismo ha denunciado en medios nacionales desde hace años las violaciones de que ha sido víctima su comunidad por empresas mineras, principalmente Peña Colorada. Desde el día del secuestro su esposa, Blanca Esthela González Larios, teme por su vida, ya que recibe constantes amenazas de que correrá la misma suerte que Celedonio.
El 12 de septiembre de 2008 el Tribunal Latinoamericano del Agua, que se llevó a cabo en Guatemala, emitió una resolución contra las autoridades mexicanas por la degradación del medio ambiente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. El gobierno mexicano ha hecho caso omiso hasta ahora.

Fuente La Jornada