Desahogada la visita de
Barack Obama y restituido el Pacto por México, la administración
peñista pretende centrarse con ánimo resolutivo (por las buenas o por
las malas) en el problema social y gremial que le ha representado la
oposición a la reforma educativa, sobre todo en Guerrero.
Hasta ahora, todo se ha movido conforme a cálculos políticos
meramente circunstanciales, llegando incluso al ejemplo inequívoco de
negociación de la aplicación de la ley en el caso de los cuatro
profesores detenidos durante 12 horas (lapso éste en el que fueron
llevados de Guerrero a la capital del país, y de ahí a Tepic, para luego
ser regresados a Chilpancingo) bajo acusaciones de sedición y motín que
a otros ha llevado años desahogar procesalmente.La rapidez con la que los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero fueron llevados de las manos policiacas a las de autoridades penitenciarias y jueces, para pasar de acusados a liberados, obedece a las negociaciones que en Bucareli realiza el secretario de gobernación de Peña Nieto para asuntos especiales, Luis Eduardo Miranda, quien reporta directamente al ocupante de Los Pinos y actúa sin detenerse a considerar lo que opine el secretario formal, Miguel Ángel Osorio Chong, constantemente rebasado o desatendido tanto por ese subsecretario formal, Miranda, como por el verdadero vicepresidente, Luis Videgaray.
El batidillo magisterial que ha creado la administración federal, enredada en sí misma, tiene en la calle a un movimiento de resistencia a la reforma educativa que ayer se manifestó en la capital del país y está a la expectativa en varias plazas, sobre todo en Oaxaca, Michoacán y el mencionado Guerrero. Hasta ahora, el peñismo ha preferido abstenerse de la aplicación rigurosa de los mecanismos legales que en situaciones de normalidad podrían aplicarse ante la reiterada comisión de hechos delictivos. En demanda de mano dura se manifiestan los segmentos sociales que repelen, por considerarlas molestas, las expresiones de inconformidad, pero no las causas de ellas, y los empresarios vinculados a los medios televisivos que están listos para entrarle al negocio de la privatización educativa.
Sin embargo, el problema magisterial ha entrado en un punto de reiteraciones hasta ahora sin salida, pues la reforma aprobada y aplaudida en las alturas pactistas no tiene objetivos reales de mejoría y corrección en términos educativos, sino que es una estrategia para retomar el control de facultades administrativas, laborales, partidistas y electorales que Elba Esther Gordillo había sustraído al sistema del que formó parte, para ejercerlas por sí misma.
La continuidad del gordillismo sin Gordillo queda de manifiesto al ver la complicidad de las autoridades federales, presuntamente jus- ticieras, ante la estructura del sindicalismo oficialista ahora encabezado por Juan Díaz de la Torre. Como si la corrupción y los abusos hubiesen sido asunto estrictamente personal de Gordillo, la plantilla del elbismo en los estados, y su relevo en el ámbito nacional, están al margen de recomposturas por parte del peñismo intervencionista. Que todo cambie en Elba Esther para que todo siga igual en el SNTE.
Astillas
¡Pero por supuesto! Me parece, además, que son meras especulaciones, creo que si se supiera con tal precisión, sea de parte nuestra o de las autoridades norteamericanas, la ubicación de quien es un delincuente y está perseguido por las autoridades de ambos gobiernos, ya hubiéramos dado con su ubicación y hubiese sido aprehendido(http://bit.ly/15kJuQs)... ¡Hasta mañana!
Fuente La Jornada
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