Detienen en Guerrero a seis policías y dirigentes comunitarios

Ezequiel Flores Contreras

CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- Tres dirigentes de la organización Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y tres policías comunitarios fueron detenidos ayer en Acapulco por fuerzas federales y consignados ante el Ministerio Público federal por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Entre los detenidos se encuentran los coordinadores de la Casa de Justicia del municipio de San Luís Acatlán, Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, quienes habían manifestado su apoyo al movimiento magisterial y recientemente se mantenían alejados de las movilizaciones, indican reportes oficiales.

Al respecto, la CRAC emitió un comunicado firmado por dirigentes de las casas de justicia de San Luís Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec – excepto la casa de justicia de El Paraíso-, quienes anunciaron el rompimiento de acuerdos con el gobierno estatal y responsabilizaron al titular del Poder Ejecutivo estatal, Ángel Aguirre Rivero, y a la subsecretaria para Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno estatal, Rosana Mora Patiño, de la detención de los policías comunitarios, comandantes y coordinadores regionales.
El documento oficial agrega que los seis integrantes de la CRAC detenidos iban acompañados por dos menores de edad y un adulto, quienes eran trasladados por las autoridades comunitarias al puerto de Acapulco para realizarles “análisis clínicos de urgencia”.
De acuerdo con reportes oficiales, los dirigentes de la CRAC fueron detenidos ayer por infantes de Marina, soldados y policías federales cuando ingresaban al puerto sobre el bulevar de Las Naciones, ubicado al oriente en la zona Diamante, y enseguida fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), por la portación de seis armas de grueso calibre.
La CRAC calificó la detención de sus dirigentes como una agresión en contra del sistema comunitario de justicia, seguridad y reeducación impulsado por habitantes indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica que decidieron crear la Policía Comunitaria desde 1995, ante los niveles de inseguridad y violencia que se vivían en esa zona, donde la delincuencia actuaba bajo el manto protector de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fuente Proceso