Rosalía Vergara
MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) criticó al gobierno
mexicano por estar “vergonzosamente” en la lista de países que no
firmaron ni ratificaron el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), que entró en
vigor el domingo 5 de mayo.
En un comunicado, AI destacó que 41
naciones firmaron ese protocolo y 10 lo ratificaron, pero México no, a
pesar de que fue uno de los impulsores.
“Este nuevo instrumento es
una herramienta clave en la lucha contra la pobreza, ya que posibilita a
cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a
derechos como la educación, agua, vivienda o la salud a un Comité de la
ONU”, indicó, en el marco de la polémica generada por los señalamientos
de uso electoral de la llamada Cruzada contra el Hambre.
Asentó
que en este protocolo hay mecanismos de rendición de cuentas, ya que
hace posible que las personas puedan poner quejas y exigir explicaciones
si consideran que las medidas que se toman no están mejorando su
situación.
“La pobreza es un problema de derechos humanos, es una
tragedia de derechos humanos y ningún esfuerzo para combatirla tendrá
resultados efectivos y duraderos si los derechos humanos no se ponen al
centro de esta lucha”, afirmó Daniel Zapico, director ejecutivo de
Amnistía Internacional en México.
Además, dijo que preocupa el
hecho de que si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su
compromiso para erradicar la pobreza, hasta el momento se ha negado a
firmar este tratado, lo cual pone en entredicho su credibilidad al
respecto.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el
problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el
empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del
compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad
internacional, para garantizar una vida digna a todas las personas”,
agregó Zapico.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo. Desde entonces, 41 países
lo han firmado.
El PF-PIDESC es el documento que establece los
mecanismos de denuncia e investigación en casos de presuntas violaciones
a derechos económicos, sociales y culturales. Implica la facultad de
que cada ciudadano particular –si posee la nacionalidad de uno de los
Estados firmantes– puede presentar una denuncia ante la ONU, por
considerar que su nación no ha reconocido y aplicado correctamente esos
derechos.
Fuente Proceso
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