Patricia Dávila
MÉXICO, D.F. (apro).- La Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade) inició una investigación por el presunto
uso de programas sociales con fines electorales en el estado de
Veracruz, en el que se encuentran involucrados varios funcionarios del
gobierno estatal y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que
dirige la neopeñista Rosario Robles Berlanga.
A partir del próximo
miércoles, comenzarán a desfilar ante el Ministerio Público federal de
dicha dependencia las personas que aparecen en los audios y videos dados
a conocer a la opinión pública por el PAN y que ya le costó la chamba a
varios servidores públicos, entre ellos al titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Seriplan) del gobierno de Veracruz, Salvador
Manzur Díaz.
Derivado de la denuncia presentada el 17 de abril
pasado por el diputado federal panista Humberto Alonso Morelli, la
Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)
inició la averiguación previa por la probable comisión de delitos
electorales relacionados con el uso ilícito de recursos, padrones y
programas públicos para fines electorales.
Un comunicado emitido
este lunes por la PGR señala que las primeras diligencias incluyen el
peritaje oficial de los videos, audios y diversos elementos presentados
por el denunciante, así como los citatorios de testigos y denunciados,
con el propósito de investigar y allegarse de pruebas o elementos de
convicción suficientes para llegar a la determinación jurídica de las
responsabilidades penales a que hubiera lugar.
El texto señala que
la investigación se realiza con base en lo establecido por el título
vigesimocuarto del Código Penal Federal, que establece y sanciona los
delitos electorales en sus artículos 401 al 413.
En un reportaje publicado en el número 1903 de la revista Proceso,
el reportero Álvaro Delgado escribió que la red de funcionarios
federales, estatales y municipales que presuntamente usaron de manera
ilegal los programas antipobreza a favor del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Veracruz –puesta al descubierto por el PAN– no
sólo exhibe al gobernador Javier Duarte como jefe de delincuentes
electorales, sino también al presidente Enrique Peña Nieto y a la
secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, que opera el
programa emblema del sexenio: la Cruzada contra el Hambre.
El
texto indica que en la denuncia penal que presentó el PAN ante la PGR a
través del legislador Alonso Morelli no deja duda: Duarte está al frente
de la “estructura paralela” del PRI en Veracruz, como lo confiesan los
responsables políticos y operativos de ésta, miembros del primer círculo
del gobernador priista.
“A lo largo de las 50 cuartillas de la denuncia penal, presentada el martes 16 y de la que Proceso tiene
copia, los involucrados describen, a detalle, el plan para hacer
triunfar al PRI con base en el uso ilegal de programas federales,
estatales y municipales, una trama en la que intervienen al menos 59
servidores públicos –no 57–, la mayoría priistas”, dice la publicación.
“En
la denuncia contra ‘El cártel rojo de Veracruz’ –como lo denomina el
PAN– se identifica como ‘cómplices’ a funcionarios del Instituto Federal
Electoral (IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), quienes
facilitan la infiltración de priistas como funcionarios y realizan
cambios de credenciales de elector indebidamente.”
De acuerdo con
el reportaje, la denuncia señala como involucrados al vocal ejecutivo
del Registro Federal de Electores (RFE) en esa entidad, Sergio Vera
Olvera; a Mariana Sánchez y a los encargados de los módulos del IFE, a
la presidenta del IEV, Carolina Viveros González; al vocal de
capacitación, que no identifica, y a los capacitadores asistentes
electorales.
Fuente Proceso
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