Patricia Mayorga
CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Familiares de menores de edad
internos en dos centros de rehabilitación interpusieron una denuncia por
presunto abuso sexual y agresión física cometidas en el interior de los
establecimientos en perjuicio de varios adolescentes, informó la
Fiscalía Zona Centro.
El abogado y asesor externo del gobierno
estatal, Gerardo Silva y Mario Martínez fueron detenidos la tarde del
viernes acusados de maltrato y abuso sexual contra los jóvenes.
Martínez, de 41 años, era “padrino” en el centro de rehabilitación femenil, donde estaba escondido.
Este
tipo de centros de rehabilitación dependen del Instituto Femenino de
Atención a las Adicciones (IFAA), donde son internados los menores con
problemas de drogadicción. Los padres pagan 3 mil pesos por el ingreso y
entre 500 y 900 pesos por semana.
Algunos padres relataron que
hicieron grandes esfuerzos para que sus hijos -que mostraban conductas
violentas en casa- estén bien atendidos en dicho lugar, pero resultó
peor.
Las denuncias por maltrato fueron interpuestas por los
mismos padres, quienes se percataron que sus adolescentes traían
moretones y además eran amenazados.
Ante los reclamos, indicaron
que los encargados de los centros de rehabilitación -que ahora están
cerrados- alegaban que los adolescentes pretendían chantajearlos para
abandonar el internamiento.
La Procuraduría de Asistencia Jurídica
y Social del DIF estatal dio vista al Ministerio Público para que
investigue las denuncias anónimas por maltrato y se tipifiquen los
delitos correspondientes, informó la titular de la dependencia, Silvia
Manuela Vázquez Lazcano.
Ayer a las 14:00 horas, la funcionaria
ofreció una rueda de prensa para “aclarar” que el DIF denunció con el
fin de que se investigue la situación.
Sólo 10 niños varones
estaban bajo la tutela del organismo, pero a partir de una serie de
cateos realizados en los centros de rehabilitación, asumió la custodia
de todos ellos hasta que concluyan las averiguaciones.
Indicó que dependerá de cada caso el tiempo que los jóvenes permanecerán bajo tutela de la autoridad.
Agregó que las víctimas son menores de 18 años, aunque los padres afirman que incluso hay niños de 12.
Después de la conferencia, las autoridades del DIF citaron a los padres para explicarles la problemática.
Los
parientes de los jóvenes estaban molestos porque durante dos días no
supieron nada sobre su situación, ya que fueron llamados a declarar.
Sólo algunos de padres han tenido acceso a dichas declaraciones.
Uno
de los padres de los adolescentes aseguró que un comandante de la
Fiscalía, de apellido Chávez, les prohibió hablar con la prensa porque
podían entorpecer la investigación.
Otros más aseguran que las denuncias han sido por maltrato, prostitución y asociación delictuosa contra los jóvenes.
El
miércoles pasado, un grupo de policías ministeriales fuertemente armado
ingresó al centro de rehabilitación varonil y sacó de las instalaciones
a 23 hombres de entre 12 y 17 años.
Días antes dos menores escaparon del lugar, uno de ellos de origen colombiano, lo que dio pie a la denuncia por maltrato.
Ayer
al mediodía, la Policía estatal también cateó el centro de
rehabilitación femenil ubicado en la calle Coronado número 419 en el
centro de esta ciudad, a unas cuadras del otro establecimiento.
Los elementos policiacos trasladaron a 33 niñas y adolescentes.
Además
de Gerardo Silva, a quien se señala como el responsable de violación
contra por lo menos ocho menores, hay otra persona implicada llamada
Aarón (quien podría ser Mario Martínez) y la directora del centro de
rehabilitación varonil, Marcela Martínez de Haro.
En la entidad
hay mil 96 menores recluidos en diferentes albergues bajo tutela del
DIF. Algunos operan como centros de rehabilitación.
De acuerdo con
la subprocuradora especializada en atención a personas menores de edad,
Naria Iveth Rodríguez Estrada, por semana reciben alrededor de 30
denuncias anónimas contra albergues y centros de rehabilitación para
menores.
Aseguró que a todos los establecimientos se les hacen revisiones continuas, y en el caso del IFAA no registraba anomalías.
Fuente Proceso
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