La cápsula chilanga

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F. (apro).- Los chilangos y sus autoridades son soberbios frente a la violencia del crimen organizado. Creen que no pasa nada en la capital, que las bandas están muy lejos y que en sus calles no habrá la misma violencia que ya hemos observado en otras ciudades, como Monterrey, Guadalajara Saltillo, Reynosa y muchas más.
Ajenos a la tragedia de las familias de miles de víctimas, los defeños y los gobiernos local y federal se han mantenido en una cápsula ilusoria que poco a poco se desmorona y muestra su porosidad y fragilidad.
Desde hace casi ocho años, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, el fenómeno de las desapariciones forzadas comenzó a manifestarse en diversas partes del país, principalmente Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

En esos estados los familiares reportaban continuamente la desaparición de su gente, muchos de ellos técnicos en informática, ingenieros, químicos, albañiles, arquitectos y médicos, entre otros, lo que hacía suponer que las bandas del crimen organizado se los llevaban para trabajar en sus centros de producción, cultivo o transformación de drogas.
A partir de 2006, luego de la declaración de guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderón lanzó sin criterios de organización y mucho menos de estrategia social, los casos de desaparición forzada –mal llamados levantones– se incrementaron en muchas regiones del país, sin que en la ciudad de México, donde se concentran los poderes federales y los medios de comunicación, se tomara en cuenta la gravedad del problema, que daba luces de ser una tragedia sin comparación en la historia nacional.
De manera vertiginosa los casos se acumularon cada vez más, pero las dolorosas historias detrás de cada uno de ellos estallaron en la opinión pública hasta 2011, cuando el poeta Javier Sicilia encabezó la Caravana por la Paz. Entonces salieron a flote miles de casos, principalmente en los estados del norte del país. Hasta entonces muchos medios de comunicación y autoridades habían mostrado una indolencia total ante las desapariciones. Muchas veces el crimen organizado se llevó camiones enteros de trabajadores o inmigrantes que pasaban por una zona gris rumbo a Estados Unidos, como fue el caso de San Fernando, Tamaulipas, cuando 73 indocumentados fueron ejecutados.
Pese a ello y a que ya se tenía registrada la galopante violencia en todo el país, pese a las marchas de familias de muertos y desaparecidos que exigían justicia en las calles de la ciudad de México, autoridades, habitantes y medios de comunicación pensaban, en su mayoría, que esa situación no tocaría las puertas de la capital política.
Sin embargo, la percepción de invulnerabilidad ha ido cambiando conforme se extiende la violencia del crimen organizado por todos los rincones del territorio nacional. La cápsula en la ciudad de México se ha empezado a desmoronar.
En los últimos meses los casos de ejecuciones multitudinarias se han presentado en municipios del Estado de México, aledaños al Distrito Federal, entre ellos lo colgados de los puentes de Huxquilucan, los asesinados en Ecatepec, los ataques en Nezahualcóyotl, y las ejecuciones en Naucalpan y Toluca. Los homicidios, pues, son cada vez más frecuentes, lo mismo que las denuncias de extorsiones y el cobro de cuotas a negocios establecidos en los mercados rodantes de las colonias populares de algunas delegaciones capitalinas.
En Iztapalapa y Venustiano Carranza, por ejemplo, las bandas del crimen organizado controlan colonias y unidades habitacionales donde aplican cuotas sin que la policía haga nada al respecto.
El caso más reciente de los 12 desaparecidos de Tepito en la Zona Rosa ha mostrado que la ciudad de México no es ajena a la violencia que hay en todo el país, es decir, no está vacunada en lo que a desapariciones respecta. Las bandas del crimen organizado no están de paso, ya extendieron sus reales por la vieja Tenochtitlán.
A semana y media de su secuestro, los jóvenes del barrio tepiteño siguen desaparecidos, sin que el gobierno de Miguel Ángel Mancera haya adoptado acciones concretas o, bien, presentado avances de la investigación, para señalar a los responsables.
Con miles de cámaras distribuidas en las principales calles de toda la ciudad, sobre todo en lugares turísticos y comerciales como la Zona Rosa, no es posible que no se haya identificado la forma en que el grupo de jóvenes fue sacado del antro y las rutas que sus captores siguieron.
Este tipo de secuestro colectivo es el primeo de su tipo que realiza un grupo del crimen organizado en el Distrito Federal, y si las autoridades no responden rápida y eficazmente, las desapariciones forzadas serán una constante en la capital del país, tal como sucede en otras ciudades.
La llamada de alerta no es sólo para el Gobierno del Distrito Federal, también lo es para el gobierno de Enrique Peña Nieto y toda la clase política que tiene en esta ciudad sus centros de operación y sus residencias. Las bandas criminales han empezado a dar sus primeros pasos en las zonas más importantes del Distrito Federal, como Polanco, Lomas de Chapultepec, Zona Rosa, Condesa, Roma, Del Valle y Santa Fe, en las que ya se han dado casos de muertos y ejecutados por el crimen organizado.
La burbuja está rota. Era una ilusión alimentada por los propios poderes para aparentar fortaleza, inmunidad e invulnerabilidad ante el avance del poder del crimen organizado, que no ha cedido ante la llegada del nuevo gobierno priista encabezado por Enrique Peña Nieto.

Fuente Proceso