Narcoguerra de Calderón detonó crisis económica y de seguridad: Europarlamento

MÉXICO, D.F. (apro).- Un documento interno del Parlamento Europeo sostiene que la lucha emprendida por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada llevó a México a una crisis económica y de seguridad.
El documento, titulado México Country Briefing 2013, refiere que la estrategia contra las drogas de Calderón provocó fuga de inversión, pérdida de empleos, hogares abandonados y una escalada de violencia que representan una amenaza creciente para la seguridad nacional.

“La violencia relacionada con las drogas se intensificó dramáticamente durante la presidencia de Felipe Calderón y se convirtió en una amenaza cada vez más grave para la seguridad”, advierte el informe elaborado por el Departamento de Políticas Exteriores del Parlamento Europeo, según publicó Reforma.
De acuerdo con el reporte, la violencia también ha afectado las actividades económicas y la inversión en las zonas más afectadas, en particular los estados fronterizos del norte.
“En estas zonas, el aumento de la violencia del narcotráfico ha ido acompañada por el cierre de muchas pequeñas empresas y el aumento de las tasas de desempleo”, abunda el texto.
Con base en datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como de representantes de la banca privada, el informe refiere que, en 2011, unos 160 mil negocios suspendieron sus actividades debido a las acciones del crimen organizado, y en 2010 México perdió cerca de 4 mil millones de dólares en inversión directa, equivalentes a 20% del total de ese año.
Al margen del costo económico, el análisis sostiene que la influencia de los cárteles de la droga ha tenido “severas” consecuencias sociales y políticas y ha dejado 140 mil desplazados, aunque refiere que otras fuentes mencionan cifras de hasta un millón 600 mil.
“El enorme poder corruptor del narcotráfico es una amenaza para el funcionamiento de las instituciones judiciales y de otra índole del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad.
“En los últimos años, cientos de policías, jueces, funcionarios de alto rango y políticos locales han sido detenidos y acusados de colaborar con cárteles de la droga”, refiere el documento.
Añade que sólo en 2010, cerca de 3 mil 200 policías federales fueron cesados por no superar las pruebas de control de confianza.
Peor aún, afirma que la infiltración de los cárteles de la droga en instituciones públicas “alimenta la preocupación de que su influencia corruptora podría extenderse a los políticos y las instituciones políticas”.
En ese sentido, el Parlamento Europeo considera que hay “una fuerte presión sobre Enrique Peña Nieto y su gobierno por reducir los niveles de violencia y de alguna manera frenar el poder de los cárteles de la droga y el crimen organizado”.
Sin embargo, con base en cifras extraoficiales, el documento señala que en marzo de este año murieron mil 25 personas en incidentes relacionados con el crimen organizado, lo que –afirma el documento– representa un “alarmante” crecimiento con respecto de los tres primeros meses del gobierno de Peña Nieto.
Además, refiere que el número de víctimas de la violencia durante el sexenio de Calderón fue “muy superior” a lo reconocido por el procurador Jesús Murillo Karam –alrededor de 70 mil–, aparte de que crecieron “exponencialmente” la tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones, estas últimas estimadas en 24 mil.
Al comparar la estrategia del gobierno actual con el de Calderón Hinojosa, el Parlamento Europeo es claro:
“Mientras que el nuevo presidente se ha comprometido a continuar un combate implacable de los cárteles del narcotráfico, es poco probable que haya algún cambio radical con respecto de las políticas del gobierno de Calderón”, afirma.
De acuerdo con el informe, el Parlamento Europeo confía en que Peña Nieto dé prioridad a la reducción de los delitos violentos y la protección ciudadana por encima de la intercepción de droga y la aniquilación de los líderes de las organizaciones criminales.
“La detención de líderes de cárteles y otros logros en la ofensiva contra la droga no han dado lugar a una significativa disminución de la violencia. A veces, parece que la violencia se ha exacerbado o que las actividades delictivas se han trasladado a nuevas áreas geográficas”, sostiene el reporte.

Fuente Proceso