Los Cusaem, terror al servicio de políticos

Jenaro Villamil

Hace un par de años, diputados mexiquenses denunciaron los excesos de los agentes de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Los calificaron de ser un miniejército privado al servicio del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, de comportarse como una franquicia y de actuar sin control fiscal. Hasta ahora nadie ha metido en cintura a esa corporación administrada por 110 comandantes y que hoy vuelve a ser motivo de escándalo tras el asesinato de una arquitecta en un fraccionamiento de Atizapán, hecho en el que están implicados ocho policías de ese temible cuerpo de seguridad.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La ejecución de la arquitecta Alicia Rivera Ugalde el domingo 9 por la madrugada en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, Atizapán, vuelve a poner en la mira a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), un verdadero miniejército privado al servicio de políticos mexiquenses del equipo de Enrique Peña Nieto.
Ocho de los nueve agentes involucrados en el crimen pertenecen a esa corporación y sólo uno a la policía municipal de Atizapán, según el procurador estatal Miguel Ángel Contreras Nieto. El funcionario dijo que el disparo que recibió Rivera Ugalde se debió a una “confusión”, ya que los uniformados perseguían a un presunto asaltante denunciado por un vecino.
Durante la investigación se detectó que ninguno de los integrantes de los Cusaem contaban con la certificación de control de confianza de ley, la cual incluye exámenes de desempeño, poligráficos, psicológicos, socioeconómicos, médicos y toxicológicos para dar los servicios profesionales de seguridad.
Los vecinos de la llamada Zona Esmeralda de Atizapán –donde se ubican 13 fraccionamientos– se muestran preocupados porque, dicen, la seguridad corre a cargo de los Cusaem; éstos funcionan como negocio privado que renta sus servicios lo mismo a conjuntos habitacionales que a dependencias gubernamentales en el Estado de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Y aunque la organización asegura contar oficialmente con 14 mil 162 elementos, en su página electrónica menciona “una cifra superior a los 17 mil” agentes, mientras que otras fuentes mexiquenses reportan 35 mil.
Desde 2009 esta auténtica “mina de oro” –que no es fiscalizada ni auditada conforme a la ley– ofrece servicios de vigilancia a dependencias federales como Liconsa (a la que cobraba 3 millones 300 mil pesos mensuales) y al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1911, ya en circulación)

Fuente Proceso