Denuncian violación de derechos contra 3.5 millones de jornaleros indígenas

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F. (apro).- En México existe una violación sistemática a los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas indígenas, resultado del éxodo familiar hacia campos de cosecha de 16 entidades federativas, aseguró Cecilia García, directora general de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural.
La activista lamentó que autoridades como la Secretaría del Trabajo, la Sedesol y la Secretaría de Salud no apliquen programas integrales para los jornaleros agrícolas.

“A esta problemática se suma un tercio de los más de 3 millones de menores de edad que laboran en México. De acuerdo con el informe denominado Migrantes Somos y en el Camino Andamos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, 90% de los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3% gana por jornal o día de trabajo, 23.8% recibe su pago a destajo, o bien, a 76.5% le pagan cada semana, mientras que a 18.4% día a día”, argumentó.
Consideró indispensable que el Estado mexicano desde sus tres órdenes de gobiernos apliquen la congruencia política y demuestren en los hechos la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos, incluidos los jornaleros agrícolas indígenas, para que accedan a esquemas de guarderías y estancias infantiles.
También dio a conocer que la propia Organización Internacional del Trabajo advierte que la agricultura es uno de los sectores más peligrosos para trabajar desde cualquier edad.
Otro punto que considera prioritario es que las autoridades federales y estatales apliquen las sanciones respectivas a los dueños de estos campos.
García llamó a que ya entre en vigor la reciente iniciativa presidencial de reforma al Artículo 123 constitucional, para establecer los 15 años como edad mínima de admisión al empleo y que se endurezcan las sanciones para quienes violan los derechos laborales de los trabajadores agrícolas.
“Los indígenas migrantes en nuestro país enfrentan condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación inferiores a lo señalado por las normas internacionales, por lo que sobreviven en condiciones infrahumanas”, aseguró.

Fuente Proceso