Reforma educativa: cambios dictados por la jerarquía empresarial

Santiago Igartúa

Mexicanos Primero –organismo que aglutina a empresarios como Emilio Azcárraga, Fernando Landeros y Claudio X. González, de Televisa– y la OCDE dictaron línea por línea la iniciativa de reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto y aprobó el Congreso. Documentos de ambas instancias demuestran lo anterior, lo mismo que los profesores disidentes ya habían advertido y en lo que coinciden especialistas del ramo. El gobierno parece decidido a privatizar no sólo los hidrocarburos y la generación eléctrica, sino también la educación, y para ello tiene un plan que incluye, por supuesto, el linchamiento mediático de quienes se oponen.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma educativa, carta de legitimación en el arranque del sexenio y punto más celebrado por Enrique Peña Nieto en el mensaje que dirigió a la nación con motivo de su primer informe de gGobierno, fue redactada para satisfacer los lineamientos impulsados por varios de los hombres más ricos del país –a través de Mexicanos Primero– y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así lo han denunciado expertos en la materia y en distintos momentos también los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que la califican de reforma laboral-administrativa de corte empresarial.
Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México (2010), Establecimientos de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: Consideraciones para México (2011), México: Mejores políticas para un desarrollo incluyente (2012) y Getting It Right: Una agenda estratégica para las reformas en México (2012), así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2024, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal.
Los documentos de la OCDE, que suman miles de cuartillas de análisis y recomendaciones para aplicar reformas en México –no sólo en materia educativa sino fiscal, energética y de telecomunicaciones, entre otras–, responden a convenios con Felipe Calderón signados en 2008 y se derivan del Acuerdo de Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, firmado por Enrique Peña Nieto en septiembre de 2012, donde se pacta la participación de ese organismo internacional para el diseño de las reformas de este gobierno.
De los textos de la OCDE destacan las recomendaciones para la profesionalización, contratación, selección y evaluación de docentes, reflejada en el artículo 4 de la controvertida Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD): incrementar la autonomía escolar, contenida en la reforma al tercero constitucional, transitorio quinto, fracción III; fortalecer el sistema de evaluación, rendición de cuentas y de mejoramiento para estudiantes, docentes y escuelas, que se aborda en la misma reforma al tercero constitucional, así como en la sección 6 referente a la “vigilancia, transparencia y rendición de cuentas” de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Por su parte el estudio de Mexicanos Primero no se limita a fijar líneas, sino que calendariza los tiempos en que se requieren las medidas.
En Ahora es cuando: metas 2012-2024, publicado dos meses después de la elección de Enrique Peña Nieto como presidente, se demanda, entre las finalidades a corto plazo, la profesionalización docente –cristalizada en la LSPD– y la recuperación de la rectoría del Estado sobre la educación, lo primero que dispuso el priista al asumir el gobierno.
Para 2012 el texto pedía el nombramiento de un secretario de Educación sin ataduras con el SNTE. Se nombró a Emilio Chuayffet, enemigo de Elba Esther Gordillo, quien encabezaba ese gremio…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1923 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Fuente Proceso